La consulta de la opa como coartada

El Gobierno, por boca del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió ayer la inesperada consulta pública «sobre criterios de interés general» anunciada la víspera por el presidente Sánchez para que la ciudadanía, organizaciones económicas y otros colectivos puedan manifestarse hasta el día 16 acerca de la opa hostil de BBVA a Sabadell. Cuerpo avaló la iniciativa por legal –lo que se da por supuesto– y por pertinente, una consideración mucho más discutible. Y no solo porque el Ejecutivo haya echado mano a un instrumento utilizado en contadas ocasiones, en un asunto de singular complejidad técnica y con un formato de preguntas simples en el que el consultado puede pronunciarse las veces que quiera e incluso con datos falsos. Al haber desvelado esta suerte de plebiscito una vez que la CNMC ya ha avalado la operación y cuando le corresponde a él decidir si le da vía libre o la obstaculiza, el Gobierno recurre a una pirueta que desaira al regulador y con la que busca dotarse de una coartada para un eventual freno a las intenciones del banco vasco, las cuales rechaza todo el arco parlamentario catalán. Y que se convierte en bumerán porque obliga a interpelarle sobre por qué no ha efectuado la misma consulta en otros asuntos cuyo «interés social» no albergaba duda alguna.