Agenda bloqueada
Gobierno y PP llegan desgastados al parón del verano por los casos de Cerdán y Montoro, en una pugna recrudecida tras el fiasco energético
La incapacidad del Gobierno para impedir la ruptura del bloque de investidura en la votación del decreto antiapagones en el último pleno del curso político ... y la indisposición del PP a hacer de salvavidas de Pedro Sánchez han demostrado que la posibilidad de un pacto trasversal a favor de una política energética común es hoy un espejismo en España. El fracaso interpela a Sánchez por sus cada vez mayores escollos para poner de acuerdo a sus aliados parlamentarios, parte de ellos agrupados a la contra de la agenda del Gobierno, preso de la agonía. Pero también debe ser visto como una malograda oportunidad del PP para ejercer su influencia en un asunto de interés general que, además, contaba con un amplio apoyo en el sector. Empresas que están en su derecho a pedir explicaciones sobre las consecuencias del fiasco al estar en juego 3.000 millones de inversiones en renovables.
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Este intercambio de hostilidades recrudece la pugna entre el Ejecutivo y los populares, que llegan con signos de desgaste, de distinto grado, al parón veraniego por los casos de corrupción que les afectan. El encarcelamiento de Santos Cerdán, confirmado por el Supremo por el riesgo de que el exsecretario de Organización del PSOE destruya pruebas, es el reflejo más descarnado del supuesto cobro de mordidas por el amaño de obras públicas. Las eventuales ramificaciones de la trama en Adif y la dirección de Carreteras, en la etapa de José Luis Ábalos en Transportes, mantienen en vilo al Gobierno por mucho que la imputación de Cristóbal Montoro, al frente de la cartera de Hacienda durante la época de Rajoy, parezca haber compensado la balanza del escándalo con el recurso fácil al 'y tú más'.
La respuesta de Núñez Feijóo, apegado a que el encausamiento del exministro no le concierne, debería ser más taxativa para un partido que quiere marcar distancias con la corrupción que atenaza a su rival. La gravedad de los indicios sobre Montoro es manifiesta: está investigado por haber utilizado su influencia para aprobar leyes que beneficiaban a empresas a cambio de comisiones al despacho que fundó; además de recabar información confidencial sobre afamados contribuyentes, aunque el juez no lo vea como delito. El «ni tan mal» con el que Sánchez da por bueno el resultado del último pleno –con un único varapalo pero tan relevante como para tumbar el decreto antiapagones– le puede servir de consuelo viendo su precaria mayoría. Pero no lo puede ser para una ciudadanía que se vio sometida a un colapso sin precedentes el 28 de abril.
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