Editorial: Ley e inversión educativa
El Gobierno debe procurar el máximo consenso en torno a la reforma de la Lomce y asegurar una reforma suficiente
El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de aprobar el proyecto de ley orgánica que modificaría y derogaría la controvertida Lomce. Se trata de la octava ... reforma educativa que adoptan los sucesivos gobiernos desde el restablecimiento de la democracia en una oscilación pendular en cuanto a la carga ideológica de cada una de ellas en función del partido que ocupara el poder en cada momento. La llamada ley Wert fue tramitada en 2013 con el único apoyo del PP mientras se sucedían los ajustes presupuestarios sobre el sistema de enseñanza.
El relevo en junio de 2015 del ministro que dio nombre a la normativa, los recursos autonómicos ante el Tribunal Constitucional y la fuerte contestación que algunas de las medidas propuestas generaron en la comunidad educativa –especialmente, la pretendida implantación de reválidas– hicieron que se aplicara muy parcialmente y de manera titubeante.
Del mismo modo que los promotores de la Lomce imputaron a la Logse de tiempos de Felipe González todas las deficiencias del sistema, la ministra Isabel Celaá achacó los actuales problemas de la educación a los «efectos negativos» de la ley Wert. Si acaso debiera haberse referido a los recortes y al desconcierto en que alumnos, docentes y padres han vivido estos últimos seis años. Un tiempo en el que la inestabilidad política ha tenido especial incidencia en el sector.
La Lomce no podía continuar en pie cuando no contaba ni con la anuencia parlamentaria suficiente ni con el aprecio de la comunidad educativa.Corresponde ahora al Gobierno procurar el máximo consenso en torno a la denominada Lomloe y, en especial, a las normas que la desarrollen, para lo que sería necesario privar de sesgo ideológico a la reforma y priorizar la necesaria mejora de la calidad de la enseñanza.
Resulta crucial preservar la leal y racional concurrencia entre centros públicos y concertados, garantizar la atención real a todos los talentos, avanzar paulatinamente en la actualización del currículo y su digitalización, y afrontar definitivamente la dignificación y cualificación del profesorado. Pero para todo eso es imprescindible que las comunidades autónomas –competentes en la aplicación de la nueva ley orgánica– cuenten con la dotación financiera requerida para ello, asegurando que el incremento del 5% de la inversión educativa en el horizonte 2025 se ejecute de la manera más eficiente.
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