En defensa de la libertad de educación

Y estamos asistiendo a la embestida de un pilar fundamental: la Libertad de Enseñanza

La LOMLOE, Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, alias Ley Celaá en honor al nombre de la Ministra que la alumbra, es una ley orgánica tremendamente desafortunada, tanto por el momento en que se presenta; cómo por la forma en la que se hace; cómo, especialmente, por su contenido. Pero vayamos por partes.

La Ley Celaá es tremendamente desafortunada por cuándo se está tramitando, porque se está haciendo en el peor momento posible. No parece muy adecuado tramitar una ley fundamental, como la de educación, mientras una pandemia devastadora asola el mundo, especialmente España. Mientras los ciudadanos se debaten entre el miedo al presente y la preocupación por el futuro inmediato; con la atención puesta en cifras de contagios, de muertos y de curvas trágicas y cambiantes, no parece el mejor momento para tramitar una de las leyes mas importantes de nuestro sistema. Salvo, claro está, que precisamente sea esa la voluntad de la Ministra.

La Ley Celaá es, en segundo lugar, tremendamente desafortunada por cómo se está tramitando, porque se está haciendo sin ningún diálogo. No parece muy adecuado tramitar la ley de educación sin escuchar a la comunidad educativa, impidiendo deliberadamente que participen en el debate parlamentario del proyecto de ley los padres, los profesores y los centros a los que se ha impedido acceder a los debates en la Comisión de Educación del Congreso. Una ley cuyo trámite parlamentario se inicia bajo el estado de alarma, de anormalidad constitucional, más largo y duro de la historia, y que continúa ahora, hasta su votación definitiva, durante un nuevo estado de alarma prácticamente permanente y con la población casi confinada.

Cuando la sociedad reclama un pacto social por la educación, que a punto estuvo de lograrse no hace tanto, y que ponga fin a este carrusel de leyes educativas partidistas, partidarias en el que se ha convertido la política educativa, resulta que la Ministra Celaá pone, o impone más bien, una ley sin ningún consenso y sin ningún dialogo que hará que, lamentablemente, esta ley no sea más que otra de esa larga lista de leyes educativas fracasadas, ya que no se apoya en ningún consenso social.

Y por último, la Ley Celaá es tremendamente desafortunada por su contenido. Porque no es más que una relectura de una ley anterior, que también fue un fracaso. Su propia denominación como Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, la famosa LOE del 2006, así lo desvela.

No es una ley a favor de nada, sino simplemente una ley en contra de la escuela concertada, que es la opción libremente elegida por más de dos millones de familias. Eliminando la demanda social como criterio para la programación educativa, se priva a los padres de elegir libremente el centro que desean para sus hijos, y será el Estado quién determine, mediante una planificación educativa politizada, cual es el centro más adecuado para nuestros hijos.

La ley se construye sobre un novedoso e inexistente derecho a la educación pública que no está regulado en nuestro texto constitucional, simplemente no existe. El artículo 27 de la Constitución consagra el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, y encarga a los poderes públicos la garantía del derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Exactamente lo contrario de lo que hace la Ministra.

Y cuando parecía que el texto del proyecto de ley era suficientemente malo resulta que, en su trámite parlamentario, en el que se ha evitado debate social, se ha logrado empeorar aún más dicho texto, convirtiendo la ley de educación en el mercadillo para sacar adelante los presupuestos. Y así, hemos solucionado el fracaso escolar con la promoción automática de curso, independientemente del número de suspensos; hemos mandado definitivamente al ostracismo el idioma común; y hemos evitado un fastidioso proceso de oposición para los Inspectores Educativos que impedía a los consejeros autonómicos de educación hacer de su capa un sayo. Y así, la Ministra Celaá ha logrado contentar a los socios del Presidente Sánchez para que apoyen sus presupuestos generales, a cambio de condenar definitivamente el sistema educativo.

Y por si no fuera suficiente, esta ley es innecesariamente cruel y demuestra una falta de empatía absoluta con un colectivo, el de la Educación Especial, que ha desaparecido del texto y ha sido directamente condenado a la nada absoluta.

En definitiva, es un ataque directo a la Libertad de Educación, y cuando se ataca uno de los pilares que sostiene nuestro delicado edificio, independientemente del adjetivo que acompañe a esa libertad, lo que se ataca es la Libertad, en mayúsculas, y esto hace que todo el edificio se tambaleé.