El PSOE después de la amnistía

El objetivo de los partidos es aglutinar a sus militantes, simpatizantes y votantes, no sólo en torno al líder infalible, sino también a un sentimiento de miedo y odio frente al adversario político, buscando adeptos siempre entregados a la causa. El jefe actúa como un director de orquesta para que sus seguidores sepan lo que tienen que decir y opinar en cada momento sin molestarse en pensar, lo que les proporcionará su aprecio y su indulgencia. Quizás sea normal que muchos de los militantes y simpatizantes apoyen y defiendan a su líder confundiendo la lealtad a los principios morales y éticos con la dependencia y la sumisión. Pero lo que más me sorprende es ver como muchos tertulianos, politólogos, analistas e incluso algunos intelectuales silencian los temas de los que no les interesa hablar y defienden con la misma vehemencia las consignas del dirigente con el que simpatizan, al margen de que diga una cosa o la contraria. Parece que la duda y el análisis sosegado han dejado de ser los motores y el impulso para seguir progresando en nuestra sociedad, imponiéndose los argumentarios políticos elaborados por los asesores de los partidos, dirigidos a canalizar la opinión de sus seguidores para conseguir sus objetivos, olvidando los intereses colectivos.

Personalmente, me ocurre lo contrario, cada vez dudo más, incluso de mis propias opiniones; y cada vez soy más escéptico frente a las verdades absolutas con las que quieren convencernos nuestros políticos y sus aliados tertulianos que nunca se equivocan, y que pretenden generar opinión más que aportar información o analizar objetivamente los conflictos sociales o políticos que vive nuestra sociedad.

Todo esto para explicar, sin que me acusen de fascista o de hacerle el juego a la derecha, por qué, como socialista, tengo serias dudas sobre la amnistía que se va a aplicar desde el parlamento, fruto del pacto entre el PSOE y Puigdemont. No voy a hablar de la constitucionalidad de la amnistía que ya decidirán los miembros del Tribunal Constitucional, a pesar de la lamentable pérdida de credibilidad de nuestras instituciones judiciales en las que directamente nos hablan de conservadores o progresistas, dando por supuesto que nuestros magistrados decidirán más por sus simpatías políticas que por criterios jurídicos.

En primer lugar, me resulta difícil confiar en unos dirigentes que con la misma contundencia y falta de coherencia defienden propuestas contradictorias, exigiéndonos a los ciudadanos un acto de fe cada vez que toman una decisión que, como por arte de magia, hace desaparecer la sedición y la malversación, que los trenes de cercanías pasen de intransferibles a transferibles y que Puigdemont se convierta de nuevo en el «respectable y honorable president». Al hilo de esto me pregunto: «¿si no hubieran sido necesarios los siete votos de Junts la amnistía habría seguido siendo inconstitucional y Puigdemont un prófugo de la justicia?»

Yo pensaba que la amnistía se podría aplicar a personas víctimas de un sistema político no democrático o de una situación en la que fueron vulnerados sus derechos ciudadanos; pero en el caso del 'procés', hablamos de personas que han ocupado cargos en un estado de derecho que garantiza las libertades de todos los ciudadanos y, por lo tanto, cometieron un delito con conocimiento de causa, del que no se arrepienten y que amenazan con repetir poque entienden que la amnistía reconoce que fueron víctimas de un atropello político que los condenó injustamente. Parece que los amnistiados nos perdonan a todos para, desde su exilio dorado y con una actitud soberbia y prepotente, llevar al estado hasta límites insospechados, hablando únicamente de sus intereses personales, políticos y económicos para su comunidad. Desde el inicio de esta negociación me preguntaba por el coste económico de la amnistía para todos los españoles. Ya conocemos parte de la respuesta, la condonación de quince mil millones de la deuda de Cataluña, lo que ha abierto la caja de Pandora para que todas las comunidades autónomas empiecen a exigir igualdad de trato, como si de un reino de taifas se tratara. Pensaba que en una investidura se debería negociar un proyecto para todo el país, estableciendo prioridades en educación, sanidad, pensiones y un proyecto territorial solidario, justo y equilibrado que garantice la igualdad entre todos los españoles.

Como socialista, preferiría un gobierno progresista como garante de la solidaridad, la libertad y la igualdad entre todos los españoles, que no dependiera del apoyo de la derecha catalana y vasca envueltas en su nacionalismo insolidario y victimista. Desde la izquierda siempre me enseñaron que el fin nunca justifica los medios, y que estos no deben estar alejados de la ética y la dignidad que exige ese propio fin, tal como nos recordaba recientemente Odón Elorza. Quizás esté equivocado, pero me pregunto si es ético que quien concede una amnistía pueda beneficiarse de la misma. También me gustaría que me explicaran cuál es la emergencia nacional que esta amnistía puede salvar; porque la recuperación de la convivencia como único argumento parece que se ha desvanecido rápidamente, viendo como el clima entre los partidos y los ciudadanos es cada vez más tenso y la sociedad está más dividida.

Creo que en este momento el Partido Popular y el PSOE tienen una gran responsabilidad y deberían, desde nuestros valores constitucionales, poner los intereses del país por encima de intereses partidistas, creando un clima político en el que sea posible el diálogo, el acuerdo y el consenso. Esto es lo que debería tener una amnistía que realmente pretendiera devolver a la sociedad un clima de colaboración que contribuyera a generar progreso y futuro.

A lo largo de su historia el PSOE, como el resto de partidos, ha tenido que hacer cesiones para contribuir a la construcción de nuestra democracia; pero en este caso creo que supone una pérdida de identidad que puede alejar a muchos de sus votantes y simpatizantes que tienen dificultades para reconocerse en esta amnistía y en este acuerdo con Junts. Pienso, que no a muy largo plazo, podrá tener un coste electoral importante para el PSOE, y lo que es más grave, una pérdida de confianza y de legitimidad para muchos ciudadanos y ciudadanas