Aviso de la OCDE
Editorial ·
Las pensiones no pueden sostenerse retrasando la edad de jubilación sin tener en cuenta el crecimiento económico de cada momento
La OCDE señaló ayer que España debería posponer la edad de jubilación adecuándola al incremento de la esperanza de vida, para así atenuar el aumento ... de las cotizaciones y de la presión fiscal en un país especialmente lastrado por una elevada deuda pública, que se mantiene por encima del 120% del PIB. Son conclusiones que se extraen de un estudio sobre las perspectivas presupuestarias de cara a 2060, dado que el envejecimiento de la población comporta una incesante subida de gastos en el ámbito de la dependencia, de los cuidados de los mayores y en el sistema sanitario, además de que prolonga y aumenta el coste global en pensiones.
El Gobierno ha anunciado el establecimiento de un 'factor de equidad intergeneracional' a cambio del de sostenibilidad propuesto en tiempos de Rajoy. El informe de la OCDE recomienda retrasar la edad de jubilación en dos tercios respecto al incremento de la esperanza de vida. Dos años por cada tres; ocho meses por cada año. Recomendación que extiende a Francia y Bélgica. Una fórmula precisa que permitiría central el debate sobre la evolución más conveniente de la edad del retiro en nuestro país para procurar, al mismo tiempo, la sostenibilidad del sistema de pensiones y la disciplina presupuestaria a la que deberán atenerse las Cuentas públicas a partir del próximo ejercicio.
De manera que el debate no se desvanezca entre las indicaciones del ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá y su corrección inmediata en lo que respecta a la deseada prolongación de la vida laboral. Pero sin que se convierta en un mero emplazamiento moral a los trabajadores de más edad para que continúen en activo. Porque será imprescindible tener en cuenta la variabilidad de las condiciones económicas generales para asegurar la viabilidad del sistema de pensiones.
La OCDE advierte de que las únicas alternativas a las reformas indicadas consistirían en incrementar la presión fiscal o reducir el gasto social vinculado al envejecimiento. A lo que añade la necesidad de reformas en el mercado de trabajo. Todo ello sobre la previsión de que el crecimiento económico tenderá a ralentizarse en las próximas décadas para el conjunto de los países desarrollados, una vez que la recuperación tras la pandemia devuelva a las economías occidentales a los niveles previos a la covid-19. Es el cuadro de situación, en toda su obviedad, al que deben enfrentarse las instituciones en España, y del que no pueden evadirse las formaciones parlamentarias.
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