La pinza PSOE-Vox, donde duele

Junto a la tangibilidad práctica de verse vencido en el parlamento autonómico, pese a ostentar el control del Ejecutivo, el PP debiera sacar alguna conclusión, cara sobre todo a lo que venga después de las próximas elecciones. El último sondeo publicado, el de Sigma Dos para Radio Televisión Castilla y León, no le da holgura para gobernar en solitario ni en el mejor de los escenarios posibles. También creo que lo he comentado en estas páginas: Fernández Mañueco va a acudir a las urnas dándose de garrotazos con Vox, pero lo más probable es que, si no quiere arriesgarse a una repetición electoral, deba conseguir el apoyo de alguna fuerza. Todas, muy especialmente Vox, han estado de acuerdo en un punto de la reforma legal del miércoles, el referido a la necesidad de cambiar cosas en el modelo de nuestro mapa televisivo y su control y fiscalización por parte de las instituciones. Por tanto, aunque sea tortuoso, aunque retuerza la cadera de más uno, aunque genere zozobra, parece evidente que el camino hacia otro mapa distinto está abierto. Igual es peor. O igual no. Pero como quedó patente en una reunión convocada por el Colegio de Periodistas de Castilla y León la pasada semana, merece la pena repensarlo. Todo sea que, como vino a anticipar el portavoz de la Junta, Carlos Carriedo, tras el Consejo de Gobierno con una nueva licencia de TDT, acabemos con dos teles semipúblicas en la comunidad. Menudo negocio.

En ese sentido, y al margen de que casi seguro que por varios flancos la reforma acabe no solo reformada, sino judicializada, hay que referirse a un reglamento de la Unión Europea que entra en vigor el próximo mes de agosto y que plantea medidas muy relevantes de control público, independencia editorial y transparencia en los medios de comunicación. Ese reglamento, el 2024/1083 del Parlamento Europeo y el Consejo, va a obligar a todos los medios de comunicación de España, por tanto también a los de Castilla y León, a publicar datos sobre su propiedad, a referirse incluso expresamente a sus accionistas significativos, por ejemplo, a todos aquellos que superen el 5%, a reflejar «el importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les ha asignado y el importe total anual de los ingresos de la publicidad recibidos de autoridades o entidades públicas de terceros países» o a «garantizar la divulgación de cualquier conflicto de intereses existente o potencial que pueda afectar a la oferta de noticias y contenidos sobre cuestiones de actualidad«. En otro punto, la norma, de obligado cumplimiento, dice: «A fin de asegurar una competencia sin distorsiones entre los prestadores de servicios de medios de comunicación y las plataformas en línea y de evitar el riesgo de subvención encubierta y de influencia política indebida sobre los medios de comunicación, procede establecer requisitos comunes de transparencia, objetividad, proporcionalidad y no discriminación en la asignación de fondos públicos u otros recursos estatales a los prestadores de servicios de medios de comunicación y prestadores de plataformas en línea a efectos de publicidad estatal o adquisición de bienes o servicios a partir de ellos distintos de la publicidad estatal, como por ejemplo producciones audiovisuales, datos de mercado y servicios de consultoría o formación».

Es decir, desde agosto se aplicará un mandato europeo muy enfocado a la limpieza del sector periodístico y la eliminación de todos aquellos aspectos que puedan redundar en un ecosistema manipulable, opaco o poco plural. Si tenemos en cuenta lo que se aprobó el otro día en Las Cortes, con una medida muy mejorable relacionada con el tope de publicidad institucional que los medios de la comunidad puedan percibir de instituciones públicas, del 33% sobre el total de su facturación, habría que destacar el primer derecho que concede el reglamento europeo, en su artículo 4.1, a los medios de comunicación: «Los prestadores de servicios de medios de comunicación tendrán derecho a ejercer sus actividades económicas en el mercado interior sin restricciones distintas de las permitidas de conformidad con el Derecho de la Unión». Por tanto, ya de partida cuesta creer que esa restricción del 33%, aunque sea reformada para hacerla más laxa, pueda aplicarse sin más. Cuenta la intención, pero seguramente las fuerzas promotoras de los cambios debieron esforzarse más y por otros medios para prevenir las subvenciones encubiertas. El reglamento europeo son 37 folios muy técnicos que demuestran lo complejo que resulta hoy legislar sobre la materia. Como para despacharlo en dos patadas. El partido no ha hecho más que comenzar.