Lo de menos son los chorizos

Yo vi lo que pasó en Cataluña en 2019, lo que se dijo, lo que se publicó, lo que se pretendía, lo que se ocasionó, todo después de que huyeran cientos de empresas precisamente por la desestabilización de las instituciones autonómicas. Yo lo vi y por eso me niego a blanquear el asunto comparándolo con ETA.

Claro que Puigdemont no es un asesino ni a Junts o Tsunami cabría encuadrarlos en el concepto de 'organizaciones terroristas'. No hablamos de los artículos 571 y 572, los que aluden a esas estructuras. Hablamos del siguiente, de los delitos de terrorismo. Y lo que investiga la Justicia son hechos y decisiones que no es insólito, ni una locura, encajar en esos supuestos y esas finalidades. Echen un vistazo a la hemeroteca. Como los mapas, la música y los terremotos, el terrorismo también tiene escalas.

Dice nuestro Código Penal en ese artículo 573 lo siguiente:

«Se considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades:

Primera, subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

Segunda, alterar gravemente la paz pública.

Tercera, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional.

Cuarta, provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella».

Esto es lo que marca nuestra legislación nacional.

Sin embargo, como tal cosa compromete seriamente la posibilidad de que a Puigdemont y otros líderes secesionistas se les pueda aplicar la amnistía de sus delitos, juzgados o sin juzgar (como en el caso del primero, quien permanece fugado desde hace ya unos años), el Gobierno ha dibujado en el aire una nueva filigrana. Y, dado que ya ha quemado varios cartuchos cambiando la legislación para favorecer 'ad hoc' a sus socios de legislatura, pasados y presentes, con este episodio demuestra la densidad del descaro que se gasta y decide que en esta ley no aplique expresamente nuestro Código Penal. Tal cual. Con usted y conmigo, el Código Penal 24 aplica horas al día. Como un tsunami. Contra Puigdemont no se quiere, con él y sus compinches, para esa ley en concreto, solo se propone que cuente el Convenio Europeo de los Derechos Humanos. El Código Penal del ordenamiento jurídico español queda, cuando menos, supeditado en la literalidad de la ley a ese paraguas comunitario invocado como una especie de blindaje anti jueces para Puigdemont.

Lo sucedido esta semana es como si aquí, en las Cortes de Castilla y León, cuando salió adelante el pasado 8 de febrero la «Ley de apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad en Castilla y León», en lugar de abordar su contexto normativo como se hizo, con referencias al artículo 8 de nuestro Estatuto de Autonomía, que establece «la obligación de sus poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas», se hubiese decidido mencionar, pongamos que por iniciativa de Vox, el artículo 15 de la Constitución de los Emiratos Árabes, que dice textualmente: «La familia es la piedra angular de la comunidad. Los principios fundamentales en los que se basa la familia son religión, ética y patriotismo. La ley salvaguardará la existencia de la familia y la mantendrá y protegerá de la corrupción». Aunque parezca una barbaridad, es la que en el fondo se está perpetrando en España. Y no por parte de Vox, por cierto. De locos.

Por fortuna, ni el Código Penal queda suspendido en España para nadie ni, en el absurdo antes aludido, la Constitución de los EAU hubiese incorporado ninguna obligación en nuestra normativa regional.

Siento ser tan prolijo en detalles leguleyos, no siempre sencillos de valorar. Pero es que hace unos días me preguntaron si consideraba más lesivo para los intereses electorales del PSOE la gestión de la ley de amnistía o todo lo relacionado con el caso Koldo, Ábalos, etcétera…

Sinceramente, llegados a este punto, me da igual Koldo, las mascarillas, la inconsistencia de Armengol, el cese en Puertos del Estado o la huida a Brasil de nuestro presidente. Creo que si un partido en España es capaz de, con tal de sostenerse en el poder, cosa que el PSOE ha reconocido, camuflar, al supuesto amparo de legislaciones ajenas que son más favorables a sus intereses, esas otras que nos son propias, y además felicitarse por ello, todo lo demás es irrelevante. Leche migada.

Me importa poco cuántos chorizos o corruptos hay en un partido ni en toda la dirigencia política cuando el sistema al completo acaba adulterado de esta manera con piruetas y esperpentos de quienes, según insisten, dicen que están protegiendo la Constitución, la concordia, la convivencia, salidas políticas a conflictos políticos y demás mamandurrias… ¡Qué pena!