Agárrame, que me lanzo

En su conclusión final, el asesor del Ayuntamiento asegura: «Parece evidente que la pretensión municipal de interponer recurso contencioso-administrativo [...] tiene un sólido fundamento jurídico, por cuanto que la construcción de la estación implica una intervención física y edificatoria en la ciudad, al margen de cualquier planeamiento y basado sólo en la inmediata aplicación del art. 7 de la LSF, lo que no se ajusta a Derecho. Por ello, y sólo desde el punto de vista jurídico, este Letrado considera que existen fundadas razones que avalan la interposición del recurso».

¿Qué consecuencias tiene esta decisión? La principal, que esos seis folios darán cobertura legal y argumental a la postura de recurrir. No vaya a ser que ni siquiera se admita a trámite. Sería de un ridículo épico. Esos folios deberán convertirse pronto en un escrito jurídico oficial, mucho más prolijo y detallado, que respalde las pretensiones del Ayuntamiento. ¿Cuáles son esas pretensiones? La más importante de todas sería, según ha defendido el equipo de gobierno una y otra vez, parar o en todo caso frenar el proceso de licitación y obras de la nueva estación, sobre todo si esta no es compatible con el soterramiento. Que no lo es.

¿Pero por qué motivo concreto se va a formular el recurso? Pues aquí viene la primera novedad: en ninguno de los puntos del informe jurídico se menciona el soterramiento. Menuda sorpresa, dirá alguien. Ya, es que el soterramiento es un deseo que no está plasmado en ningún documento oficial, ni siquiera como solicitud preliminar de esbozo de anteproyecto… Conviene recordarlo. Es decir, el recurso en ningún caso se presentará, atendiendo al criterio de Jiménez de Cisneros, porque la estación impida la posibilidad de un futuro soterramiento, sino por otros motivos relacionados con el encaje de determinados servicios y dotaciones en los planes de ordenación municipales. Paradójico, cuando menos. Ni tampoco se presentará porque la nueva estación cause un perjuicio objetivo a la ciudad ni a sus vecinos. O al menos nada de ello se señala en este análisis técnico. Solo se aportan razones de ajuste burocrático y de permisos.

Lo más relevante no es eso, la causa concreta. Lo más relevante es que se evita expresamente reclamar medidas cautelares que detengan el proceso de licitación de la estación. ¿Perdón? Habrá quien se pregunte por qué tanto ding ding para tan poco don don… Pues bien, todo sea que el juzgado concernido por el caso decida por su cuenta y riesgo, cosa absolutamente improbable, parar la estación, pero la experiencia dicta que tal cosa no sucederá en ningún caso y que, por tanto, la actuación judicial del Ayuntamiento, veremos con qué asesoramiento legal definitivo y costes asociados, se ceñirá a una cuestión de fondo meramente procedimental. Algo que además, sin medidas cautelares, podría resolverse en los tribunales cuando la estación esté ya casi levantada.

Dicho todo lo anterior es fácil concluir que el alcalde ha verbalizado algo que, de algún modo, reconduce el debate del soterramiento por el cauce de las aspiraciones políticas legítimas y los ideales, pero sin entorpecer el progreso efectivo y real, inmediato, de la ciudad y sus capacidades como nodo de comunicación. Y me parece un avance sustancial, ciertamente. Enhorabuena. Carnero puede así defender su programa político, decir que está haciendo todo lo que está en su mano en favor del soterramiento. Perfecto. Pero con este recurso, en el fondo, pone al mismo tiempo pie en pared y deja vía libre a una infraestructura que, aunque será incompatible con la futura tunelación de la vía, como se ha reiterado desde Adif, mejorará sustancialmente nuestras dotaciones ferroviarias, críticas para el tráfico de alta velocidad del país y de Europa. Es, en palabras de un experto en pleitos de esta naturaleza, un «agárrame que me lanzo» que servirá para que la ciudad siga debatiendo si quiere, todo lo que quiera, sobre lo fabuloso que hubiese sido soterrar el tren. Pero eso sí, sin atorar la llegada de inversiones y mejoras contantes y sonantes. Guste más o guste menos el diseño del edificio y se haya hecho mejor o peor, con diálogo o sin él, por parte de la administración estatal.