¿Adelantar elecciones?
«La sostenibilidad del Gobierno regional está ya tan en entredicho, que es preferible que sean los votantes los que repartan cartas de nuevo»
Un tanto revuelto anda el ambiente político por aquí últimamente. A decir verdad, siempre lo estuvo en cierta medida, y basta una ligera mirada retrospectiva ... para percibirlo. Nuestro Gobierno regional se configuró en modo coalición de dos grupos (el PP y Ciudadanos) llamados a la fricción inevitable por el hecho evidente de que su espacio electoral fue directamente limítrofe desde el principio. A la razón competitiva se unió otra evidencia: aquella coalición no era la opción que el grupo minoritario había previsto en su discurso político. Y si a todo ello, suficiente de por sí para provocar inquietud, se añaden un par de circunstancias sobrevenidas que ahora mencionaré, tenemos el escenario perfecto para que la inquietud haya devenido en ruido, por momentos cercano al estruendo.
Una de esas circunstancias era perfectamente previsible: que el grupo mayoritario de la coalición, el PP, tuviera como objetivo recuperar el bocado electoral captado por el minoritario y que eso fuera motivo de desconfianza a medida que, avanzando la legislatura, Ciudadanos se fuera quedando sin alimento con carácter general, estaba cantado. Tuve ocasión en aquel momento inicial de exponer en estas páginas un pronóstico de lo que podría ocurrir; llevaba por título 'Por si la historia se repite' y narraba el proceso de captación total por el PP de lo que había sido una nutrida representación parlamentaria del CDS, tras haber gobernado ambos en coalición durante una legislatura, de 1987 a 1991. Reconozco ahora que me equivoqué por defecto al trazar un hipotético paralelismo con la situación actual: aquel trasvase necesitó una legislatura completa y parte de la siguiente. La impresión actual es que esta vez ha podido bastar media legislatura para que se produzca la anexión.
La otra circunstancia, menos previsible y más desgraciada, tiene que ver con lo ocurrido en este tiempo. La pandemia ha disparado la sensibilidad, que ya era intensa, sobre la organización y el funcionamiento del sistema sanitario, especialmente complicado en un entorno territorial y demográfico tan complejo como el que tenemos, máxime en la zona rural, que es donde más se perciben las carencias en la atención primaria; asunto que se ha convertido, con diferencia, en la vara de medir más exigente de la gestión del Gobierno regional. Y hete aquí que esa competencia correspondió en el reparto inicial de tareas al socio minoritario, lo que, seguramente por el negativo impacto de sus propuestas de reestructuración en un ámbito social más bien propicio al socio mayoritario, ha convertido la sanidad en elemento central del debate político regional, no solo entre gobierno y oposición, que sería lo normal, sino también entre los dos socios de gobierno, lo que ya no es tan normal si se pone de manifiesto de forma tan abrupta e inédita como la que conocimos hace unos días. Ahí tenemos el salto cualitativo: el grupo mayoritario de la coalición, el PP, vota favorablemente una iniciativa del principal grupo de la oposición, el PSOE, dirigida a neutralizar una propuesta del socio minoritario del gobierno, Ciudadanos. Que tal desacuerdo no se haya solventado en el seno del Gobierno, al que formalmente cabe atribuir la propuesta de uno de sus miembros una vez elaborada, evitando su exteriorización, no recuerdo yo que tenga precedente. De manera que no es de extrañar que, ante tamaño episodio parlamentario, se hayan desatado todas las suspicacias sobre el grado de confianza, seguridad, permanencia y certidumbre de la coalición gobernante. Por más declaraciones de tendencia tranquilizante que se hayan efectuado, no se ha conseguido disipar ni la ansiedad, ni la sospecha, todo ello centrado en la eventualidad de un adelanto electoral tal vez próximo.
A partir de ahí han proliferado las opiniones y los argumentos, en un sentido o en otro. Hay quien cree que aún no hay motivo suficiente para una disolución anticipada, en tanto se pueda reconducir la quiebra hecha evidente, que, por cierto, no parece ni puntual ni secundaria; hay quien piensa que no es momento oportuno para abrir el melón electoral, ni por la situación sanitaria, aún no suficientemente superada, ni por la conveniencia de una recuperación económica incipiente, todo ello en tanto no se produzca una ruptura irreversible que haría más negativa la continuidad artificial de lo que puede ser abordar ya un reto electoral que pudiera tener efecto clarificador. También hay quien opina que el escenario ya se acerca mucho a esta última hipótesis y que, antes de permanecer en estado de incertidumbre creciente durante casi dos años que quedan de legislatura, es mejor poner pie en pared y coger al toro por los cuernos, convocando elecciones; o sea, que la sostenibilidad del Gobierno regional está ya tan en entredicho, que es preferible que sean los votantes los que repartan cartas de nuevo.
Es probable que en todas las opiniones haya algo de razón objetiva y que, en una situación de este tipo, no sea fácil dar con lo más correcto, que es lo que más convenga al interés regional. Personalmente creo que aún se puede esperar, dadas las circunstancias, si todavía hay margen para recuperar la suficiente normalidad en la tarea de gobierno, y para alcanzar algún acuerdo útil en el complejo problema sanitario. Pero luego están los intereses políticos concretos, de unos y otros, que también son legítimos, aunque no debieran ser condicionantes en una coyuntura como ésta.
De estos intereses emanan las estrategias, qué duda cabe. En los cuarteles generales, más discretamente que en los medios, se estará pensando en eso. En el momento más propicio para captar el electorado que pierde el otro; en una eventual coincidencia con otros procesos en otros ámbitos, buscando efecto político general; en ganar tiempo por si hubiera alguna posibilidad de recuperación; en el riesgo, tan comentado, de que una nueva moción de censura, cuando haya pasado un año de la anterior, tenga éxito. Y en mucho más. Hay, por fin, un detalle que creo que pasa un tanto desapercibido y puede tener una importancia considerable en esta Región. Me limito a apuntarlo y prometo darle una vuelta para comentarlo con más detalle en mi próxima entrega, suponiendo que la margarita aún no esté deshojada. Si hay disolución anticipada, sería la primera vez que las elecciones autonómicas se celebran aquí aisladas, separadas de las municipales; y así seguiría siendo en el futuro, salvo que se volvieran a anticipar en 2023 para volver a provocar la coincidencia, pues en nuestra legislación el anticipo abre legislatura nueva y no sólo por el tiempo que faltara de la interrumpida. No es cuestión baladí. Piensen en las ventajas y desventajas para unos y otros de tal eventualidad, aplicada a nuestro contexto: unas listas tiran de otras y la mayor o menor implantación es clave; que pasaría si ese factor no juega, a quién beneficia y a quién perjudica un escenario tan inédito. En algunas Comunidades ya tienen esa experiencia, pero esto no es Cataluña, ni Euskadi, ni Galicia, ni Andalucía; ni tampoco Madrid. Piénsenlo un rato; yo también lo haré.
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