García Ortiz se convertirá en el primer fiscal general en ir al banquillo de los acusados

Sin embargo, el Supremo enmienda la decisión de Hurtado de enjuiciar también a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien finalmente, y en el último trámite, logra esquivar la vista oral. La exoneración de Rodríguez no es la única rectificación al instructor. La sala corrige también al juez, quien aseguró que García Ortiz filtró el correo del letrado del empresario González Amador «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno». «Ciertamente esa afirmación fáctica no ha sido acreditada con suficiencia por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible», objetan los magistrados, que consideran que este dato, en cualquier caso, «carece de relevancia alguna» para el procedimiento. Y ello porque el Hurtado no ha procesado a ningún miembro del Ejecutivo.

En conclusión, la Sala de Apelación desestima –por dos votos a favor y uno en contra– los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por el propio García Ortiz y decide así, «mayoritariamente», que los «indicios recabados durante la instrucción por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos son suficientes para que se pueda formular acusación por los hechos investigados». El magistrado Andrés Palomo ha emitido un voto particular en contra del criterio de sus dos compañeros –Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres– de llevar a juicio a Álvaro García Ortiz.

Los magistrados sí que fueron unánimes a la hora de librar a Pilar Rodríguez del banquillo, al entender que la instrucción no ha logrado recabar suficientes indicios de que la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid colaborara con su superior para filtrar información reservada sobre el procedimiento abierto a González Amador. Ahora, tras el beneplácito de la sala, al instructor Hurtado solo le queda abrir juicio oral contra García Ortiz, una decisión que el propio juez había pospuesto voluntariamente (y a petición del fiscal provincial) hasta tener el aval del Supremo, que ahora acaba de obtener. En esa vista, el máximo responsable del Ministerio Público, al que la Fiscalía que él dirige no acusa, se enfrentará a una petición de cárcel de entre cuatro años (los que pide para él González Amador) y seis (que reclama una asociación de fiscales).

La sala, que ratifica en buena medida la instrucción de Hurtado a excepción de las acusaciones contra Rodríguez y la supuesta implicación de Moncloa, considera que tal y como sostiene el juez hay pruebas suficientes para defender en una vista oral que García Ortiz maniobró el 13 de marzo de 2024 para hacerse con el 'mail' que Carlos Neira, el abogado de González Amador, había enviado en febrero al fiscal del caso, Julián Salto, y en el que el letrado reconocía que «ciertamente» su cliente había cometido dos delitos fiscales con respecto al Impuesto de Sociedades en los ejercicios de 2020 y 2021 por un importe total de 350.951 euros. Y que García Ortiz estuvo detrás de la filtración de ese correo a la prensa para «ganar el relato» frente a la versión del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que había extendido la versión incierta de que había sido el Ministerio Público el que buscaba un pacto con González Amador.

El fallo conocido este martes incide en que la argumentación tanto de la Fiscalía como de la defensa del imputado de que éste solo hizo un uso legítimo del derecho de la Fiscalía General para salir al paso de informaciones que consideraba «inveraces (que la propuesta de pacto partió del Ministerio Público) constituye una cuestión «irrelevante» porque «para realizar la réplica informativa no era preciso revelar información reservada». «Las noticias que circularon y que sirvieron de contexto previo para la reacción de la Fiscalía no justifican la comisión de un delito. En otras palabras, no se puede revelar un dato confidencial para rebatir un hecho que se considera incierto», zanjan los magistrados.

La mayoría de la sala coincide con Hurtado en que «la filtración en la noche del día 13 de marzo de 2024 del correo de 2 de febrero a la prensa, que contenía información reservada y que no debía publicarse, y su posterior inclusión en la nota informativa elaborada por el fiscal general del Estado y publicada en la mañana del siguiente día, fue una actuación coordinada e impulsada personalmente» por García Ortiz.

La resolución subraya que «la información filtrada solo pudo producirse después de la remisión de los correos electrónicos por parte del fiscal del caso» a su jefe, «dos horas antes de que se produjera la filtración a la prensa». «Siendo cierto, al parecer, que esos correos habían sido remitidos muchos días antes a la cuenta de correo de la sección de la Fiscalía de Madrid de Delitos Económicos, también lo es que no es hasta la noche del día 13 de marzo cuando se advierte la importancia de los mismos y se reclama por el fiscal general su remisión, produciéndose dos horas después su filtración, por lo que pensar que la filtración procediera de fuentes ajenas a la Fiscalía General, en concreto, de los funcionarios o fiscales que pudieran haber tenido acceso al buzón de correos antes indicado, parece completamente irrazonable», abundan los magistrados.