Sánchez amaga con acciones legales contra Israel por la flotilla entre críticas de sus socios
El presidente garantiza la protección diplomática de los activistas y obvia los reproches por la contención de la fragata 'Furor' que los asistía
La flotilla Global Sumud ha puesto a Pedro Sánchez en una posición delicada. El presidente del Gobierno -que desde el inicio del nuevo curso ... político ha encontrado en su crítica activa contra la actuación de Israel en Gaza un elemento de conexión con la sociedad y un instrumento útil para la reactivación del electorado progresista- ve ahora cómo sus socios en el Ejecutivo lo acusan de no hacer lo suficiente para proteger a los activistas de la expedición solidaria, detenidos tras adentrarse en la zona de exclusión fijada por el Estado hebreo mientras la fragata 'Furor', enviada para asistirlos en caso necesitar un rescate, evitaba traspasar esa línea. Este jueves, el jefe del Ejecutivo se esforzó en defender que ni los ha abandonado ni ha claudicado ante Benjamín Netanyahu.
Sánchez no prometió específicamente, como le reclaman en Podemos, denunciar al primer ministro israelí ante la Corte Penal Internacional, pero desde Copenhague - donde se encontraba para participar en un encuentro de la Comunidad Política Europea- sí aseguró que el Gobierno estudiará si en la interceptación de la flotilla y el apresamiento de su tripulación Israel pudo vulnerar la legalidad internacional. «Para nosotros, ahora mismo, lo más importante es la seguridad de nuestros compatriotas, el que van a regresar pronto a casa. Y a partir de ahí, -aseguró-, estudiaremos cualquier tipo de acción».
En el PSOE niegan estar preocupados por unos reproches vertidos incluso por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que este jueves acusó a Sánchez de «cierta tibieza» y, en una entrevista en Radiocable, le pidió «alzar la voz» y actuar con «mayor contundencia». «Es difícil compartirlo, cuando el resto de Europa nos mira como a la punta de lanza de la defensa de los derechos humanos en Gaza - replican en Ferraz-. Ahora hay que acabar con el genocidio, y no entrar en cuestiones que no conducen a nada».
El Gobierno no se ha molestado en defender la decisión de que el buque de acción marítima de la Armada enviado para proteger a la flotilla no traspasara la zona roja marcada por Israel. De haberlo hecho, e independientemente de la discusión sobre si Israel podía o no arrogarse jurisdicción sobre esas aguas, el Estado hebreo habría pasado a considerarlo un acto hostil en un contexto de guerra. Los esfuerzos del propio Sánchez y del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se centraron en cambio en dejar claro que los españoles retenidos en el puerto israelí de Asdod, han contado en todo momento con su atención y con protección consular.
«Paso inocente»
Albares convocó este jueves a la encargada de negocios de Israel en España (Netanyahu retiró a su embajadora hace casi dos años) para trasladarle, según explicó, que los miembros de la flotilla, a los que Israel acusa de apoyar a Hamás -entre ellos 65 españoles - tenían un objetivo humanitario y «no representaban ni representan ninguna amenaza para Israel ni para nadie». «No voy a aceptar ninguna acusación injusta e infundada hacia ellos», aseguró. Según su homólogo italiano, Antonio Tajani, todos serán repatriados en un vuelo chárter, el lunes 6 y el martes 7 de octubre a Madrid y Londres.
Una vez eso ocurra, el Gobierno asegura que sí exigirá a Israel responsabilidades por actuar contra quien «ejercían su derecho de paso inocente en aguas internacionales». La Fiscalía ya ha anunciado que investigará el asunto.
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