Ocho detenidos en un fraude de IVA de 68 millones con la importación de licores
La Fiscalía Europea dirige las pesquisas con 19 registros en seis ciudades y la incautación de un yate, vehículos de alta gama, relojes de lujo y 21 inmuebles
La delegación española de la Fiscalía Europea ha ordenado la detención de ocho presuntos miembros de una red criminal, incluidos sus tres presuntos cabecillas, por ... su participación en un plan de fraude de IVA de 68 millones de euros relacionado con la importación de alcohol de varios Estados miembros de la UE. Los registros se llevaron a cabo en 19 localizaciones de Barcelona, Cádiz, Coruña, Ibiza, Madrid y Valencia, centrándose en locales de empresas, domicilios de los sospechosos, una habitación de un hotel de lujo donde se alojaba uno de los arrestados y un almacén fiscal.
Agentes de la Guardia Civil incautaron un yate, cinco coches (incluidos tres vehículos de alta gama marca Porsche), 34 relojes de lujo y 333.085 euros en efectivo. Se congelaron más de 700.000 euros en cuentas bancarias y se emitió una orden de embargo para 21 inmuebles.
Se trata de un fraude intracomunitario del IVA, una compleja trama delictiva que se aprovecha de la normativa de la UE sobre transacciones transfronterizas entre sus Estados miembros, ya que estas están exentas del impuesto sobre el valor añadido. También son sospechosos de blanqueo de capitales.
El fraude investigado consiste en la importación de grandes cantidades de alcohol desde depósitos fiscales en varios Estados miembros de la UE a un depósito fiscal español, una instalación donde se pueden almacenar ciertos productos sujetos a impuestos especiales sin el pago inmediato de tributos. El IVA solo se devenga cuando los productos salen del depósito para su distribución comercial o consumo.
Una vez allí, intermediarios fraudulentos, los llamados «comerciantes desaparecidos», con sede en España y controlados por la organización adquieren el alcohol y quedan sujetos al IVA, pero desaparecen sin cumplir con sus obligaciones fiscales. Posteriormente, el alcohol se vende a una cadena de empresas fraudulentas, utilizando facturas falsas, para ocultar todo el circuito engañoso. Finalmente, el alcohol se distribuye en España a través de distribuidores controlados por la red criminal. El IVA derivado de estas operaciones ficticias nunca se paga.
Se estima que el plan permitió obtener un beneficio ilícito de aproximadamente 68 millones de euros entre 2018 y 2024, causando un daño equivalente al Estado español y al presupuesto de la UE. Las diligencias de investigación contaron con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, así como de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. La Fiscalía Europea es la fiscalía independiente de la Unión Europea. Se encarga de investigar, perseguir y juzgar los delitos que atentan contra los intereses financieros de la UE.
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