Dos años de la reforma pactada de la legislación laboral
La reforma laboral, un ejemplo del éxito del diálogo socialUna jornada analiza los hitos del texto normativo en sus dos años de vigencia
El próximo 28 de diciembre se cumplen dos años de la aprobación de la última reforma laboral, que contó, entre otros rasgos diferenciadores, con uno muy claro: el que aunó las voluntades de los distintos intervinientes en la mesa de diálogo social.
Esa capacidad para generar consenso y para encontrar posiciones próximas supuso un hito dentro de la historia de España, como se analizó en la jornada 'Dos años de la reforma pactada de la legislación laboral', organizada por El Norte de Castilla con la colaboración del Consejo Económico y Social de Castilla y León.
Su presidente, Enrique Cabero, destacó que el sendero transitado hacia esta reforma laboral ha significado «un ejemplo a nivel internacional», ha hecho del diálogo social «una experiencia muy satisfactoria en España y en Castilla y León y ha dado «resultados muy buenos en estos dos años de vigencia», como convinieron el resto de participantes en la mesa redonda. Así lo hizo Santiago Aparicio, presidente de CEOE Castilla y León, que considera este entendimiento fundamental «para que el país continúe avanzando y la creación de empleo se siga manteniendo», pero también Carmen Álvarez, secretaria de formación y política industrial en CCOO Castilla y León. «Es importante que sea pactada, porque permitió, entre otras cosas, abordar problemas que no tenían respuesta del Estado», reseñó, lamentando, no obstante, que el diálogo social no se encuentre en su mejor momento en la región, como hizo Faustino Temprano, secretario general de UGT Castilla y León, quien instó «a retomar ese camino», abandonado «por una de las partes del Gobierno regional que no cree en ello», dijo, en referencia a Vox.
La utilidad de los acuerdos alcanzados se ha proyectado, por ejemplo, «en la gestión de la vicisitudes de la pandemia, que fue una ruptura muy grande de la realidad laboral y económica», como rememoró Cabero, quien destacó que, sin embargo, merced a la nueva normativa, se ha podido «recuperar rápidamente el empleo». Las herramientas establecidas en esta ley han «puesto orden a la contratación» y han «desterrado la sensación de inseguridad jurídica» que podían dar fórmulas anteriores, en opinión de Aparicio, que convino con sus compañeros en el acierto que ha supuesto abandonar, en la medida de lo posible, las resoluciones de contrato como fórmula para resolver las crisis.
«La reforma implementó una nueva manera de entender las relaciones laborales y la estabilidad del empleo está ahí, en los datos estadísticos», valoró Álvarez que no obvió, no obstante, la necesidad de consolidar algunos derechos como el de la formación en el trabajo. Aunque «los agoreros pensaban que iba a ser un desastre y la reforma ha sido todo un éxito» gracias a mecanismos como los ERTES, cree Temprano que «faltan temas muy importantes» por abordar en otra reforma que, para todos, debe vertebrarse otra vez en el diálogo social.
CEOE: «Todos tenemos que llegar a acuerdos con el resto»
Frente a la tentación de ministerios y consejerías varias de entrar a legislar determinadas reformas, así como del mismo Gobierno de legislar mediante decreto ley, Santiago Aparicio, presidente de CEOE Castilla y León, destacó la necesidad de que prime el diálogo social para seguir alcanzando consensos. «Todos tenemos que llegar a acuerdos con el resto», aseveró, preocupado por la posibilidad de que los acuerdos de gobernabilidad del PSOE con partidos independentistas signifiquen «que se modifique el consenso actual y volvamos a las condiciones anteriores». «El diálogo social tiene que seguir con la fortaleza actual. Si eso fuera a suceder, esos acuerdos no deberían llevarse a término, porque emborronarían una situación a la que ha costado mucho llegar», defendió. De ese diálogo pueden ser partícipes, por ejemplo, las universidades, a la hora de tratar temas como los contratos de formación, y lo hace también la legislación europea, una «voracidad de generar demasiada legislación» que no debe ser un impedimento a la hora de seguir «generando la confianza en dialogar y estudiar juntos los planteamientos de otros». No en vano, estos acuerdos, ejemplares en Castilla y León, se han trasladado, primero, a otras comunidades y a la legislación estatal y, posteriormente «se exportaron a Latinoamérica». «No deberíamos abandonar este camino», concluyó Aparicio.
CES: «Trabajar desde el diálogo social beneficia a todos»
Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social, mostró en varias ocasiones su convicción de que el diálogo social, «del que procede también el CES» es el camino a seguir. «Trabajar desde él es importante y beneficia a todos», aseguró, después de definirlo como «un instrumento muy útil» de consenso y que ha permitido, por ejemplo, que durante la pandemia se combatiera la situación atípica «haciendo un ejercicio de solidaridad, de eficacia y de patriotismo». En su opinión, «la experiencia es muy satisfactoria en España y en Castilla y León», cuyo Estatuto hace referencia a esta herramienta de consenso prevista en los principios y en los valores de la Constitución de 1978 y que, no obvió, «requiere de unas organizaciones empresariales muy fuertes y responsables» para que se lleve a cabo con las garantías expresadas en la reforma laboral de diciembre de 2021 y en el día a día, en el que, en un momento de crisis como el reciente «hubo un esfuerzo empresarial y sindical muy fuerte» para entender que la competitividad de la economía y de las plantillas se podía dar a través de ajustes como los ERTES, una figura que ya existía en Castilla y León con anterioridad a la aplicación reciente. «Ahí se vio la utilidad de los acuerdos», insistió el presidente, que aboga porque esta sea la nota predominante a la hora de aprobar futuros textos normativos, como podría el del demandado Estatuto del Trabajador.
UGT: «La Junta está devolviendo dinero a mansalva»
Faustino Temprano, secretario general de UGT Castilla y León, se mostró muy crítico con las consejerías de la Junta de Castilla y León dependientes de Vox, que «no quieren pasar por el diálogo social», por donde debería pasar «la mayoría del dinero» de algunas de ellas. «En esta comunidad, por culpa de la Junta, se está devolviendo dinero a mansalva» en materias relacionadas con el empleo, en las que Temprano considera que debería haber «un marco estatal» que tendría que delimitar una ley de empleo. «Los trabajadores de Castilla y León han de tener los mismos derechos que los de otras comunidades», reclamó el representante sindical, que lamentó que no esté sucediendo así, por ejemplo, en las políticas de incentivos al empleo. Pese a ello, con mayor optimismo destacó que «la reforma laboral ha bajado la temporalidad, aunque los que quieran ser críticos siempre lo van a ser o aunque haya empresas o trabajadores que no cumplan». A su modo de ver, «se tiene que abrir inmediatamente la segunda parte de la reforma laboral» que vendría a cubrir aquello que quedó pendiente en 2021, a dar forma a cuestiones que quedaron en una situación de casi eventualidad, como el teletrabajo, y otras propias «del día a día, además de las que provengan de imposiciones de la Unión Europea», como la que, sin ir más lejos, motivó, a su juicio, esa primera parte del nuevo contexto normativo, ya vigente y testada.
CC OO: «Castilla y León ha sido un referente mucho tiempo»
Castilla y León ha sido, durante años, un modelo que ha orientado en materia de empleabilidad a otras comunidades, que se han valido de su ejemplo para implementar sus propios programas, como recordó Carmen Álvarez, secretaria de formación y política industrial en CCOO Castilla y León. «Nuestra comunidad ha sido un referente durante mucho tiempo en materia de políticas activas de empleo y ha tenido programas de orientación incluso cuando el Estado los suprimió. En esos momentos, la Junta apostó por ello, puso recursos propios para mantener esas políticas y eso fue relevante», aseveró, dando valor a la capacidad que esto tuvo de ayudar «a mantener la calidad del empleo en Castilla y León». Frente a esto, lamentó Álvarez que «el nuevo Gobierno regional no parece verle valor a este servicio», llegando a decir «interesadamente» que era algo que hacían los sindicatos, tratando de desacreditar el servicio que de esta manera se ofrecía a los ciudadanos y sin concederle la relevancia debida, a juicio de Álvarez, a programas de orientación y acompañamiento en la inserción, «que son por los que ahora está apostando la Unión Europea». «El impacto que tiene en la calidad del empleo y en las condiciones de vida de las personas desempleadas, lamentablemente, se va a ir viendo», resaltó la responsable sindical, defendiendo las herramientas favorecedoras que antes sí se empleaban.
Una modernización normativa que mantiene varios retos pendientes
A pesar del éxito que ha supuesto, por ejemplo, la reducción de la temporalidad gracias a la reforma laboral, esta se dejó varios aspectos en el tintero que se convierten en desafíos a afrontar en una segunda ronda que, en opinión de Enrique Cabero, presidente del CES, abrirá la puerta, seguramente, al que se ha venido a denominar «el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI», un nuevo texto normativo que vendría a sustituir y actualizar aquellos elementos desfasados del actual.
Junto a ello, otras de las necesidades más claras percibidas por los agentes sociales son la de regular el estatuto de personas en prácticas, «un elemento muy importante, por tratarse de una de las fórmulas para incorporarse al mercado de trabajo», como recordó Carmen Álvarez, responsable de CCOO Castilla y León, quien considera necesario también un texto normativo más adecuado del contrato a tiempo parcial puesto que, si bien es necesario también en según qué contextos, «encubre muchas veces jornadas cuyo desarrollo, realmente, es a tiempo completo».
Aspectos como estos son algunos de los más demandados por parte de los sindicatos, cuya preocupación respecto a la precariedad laboral se percibió en la jornada organizada por El Norte de Castilla y encontró empatía por parte del resto de agentes. Así, Santiago Aparicio, presidente de CEOE Castilla y León, compartió la necesidad de que haya un Estatuto del Becario, pero partiendo siempre de que «hay que ir por la senda del diálogo, porque, se tardará más o menos, pero se llegará a un punto de encuentro», en su opinión.
En ese diálogo confía también Faustino Temprano, responsable de UGT Castilla y León, que marcó el teletrabajo como otra prioridad e invitó a la Junta a retomar el diálogo social recordando que, como decía el expresidente de la comunidad, Juan Vicente Herrera, «ocho ojos ven más que dos».
