La patronal hotelera judicializa el conflicto por los viajes del Imserso

Se trata del recurso presentado el lunes por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) contra la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) -dependiente del Ministerio de Hacienda-, que desestimó su queja a mediados de junio. La organización insiste en que los pliegos de la licitación no han tenido en cuenta «aspectos tan esenciales» como el coste real del servicio que se presta a los turistas del Imserso, ni tampoco los costes laborales, además de creer que se «premia» de forma «injusta y desproporcionada» la contratación de hoteles de cuatro estrellas.

De no variar esas condiciones y volver a convocarse el concurso, los hoteleros -según CEHAT- trabajarían «a pérdidas», además de mantener el empleo en zonas turísticas pese a sus costes. El problema añadido es que el Imserso es «el mayor turoperador nacional durante el invierno», de modo que marca posiciones de precios en el mercado que «después es muy difícil mejorar» para otros operadores, tanto nacionales como extranjeros.

La semana pasada, una de los grupos adjudicatarios de los viajes, Mundosenior (Globalia y Barceló), presentó un recurso administrativo -ante el TACRC- contra la adjudicación del lote 1 (costas peninsulares), del que fue apartado por no cumplir criterios técnicos sobre distribución de plazas aunque se queja de que no se le dio plazo para resolver unas «deficiencias subsanables». No obstante, fuentes empresariales señalan que Mundiplan (Iberia y Alsa) podría seguir sus pasos y también impugnar el lote 2 (Baleares y Canarias).

Esa batalla legal ya se produjo en 2015, cuando Mundiplan entró por vez primera en este mercado. Pero desde CEHAT estiman que «no es el mismo escenario» que entonces, sino «todavía peor» hasta el punto de que «los retrasos acumulados por las paralizaciones de recursos y contrarrecursos que pueden producirse podrían» provocar que la comercialización de los viajes y las primeras estancias no se pusieran en marcha hasta «ya entrado 2020, pero sin ninguna garantía ni seguridad».

No obstante, la patronal hotelera sostiene que su recurso, ya en vía judicial, «no paraliza ni afecta a la actual (y complicada) puesta en marcha del programa». En juego hay más de 3.000 empleos y los viajes previstos entre el otoño y la primavera para 900.000 pensionistas, mientras que el coste previsto para los dos próximas campañas alcanza los 1.142 millones de euros (sin contar el IVA).