Castilla y León

Toque del Procurador por el retraso en pagar las ayudas para paneles solares

De esa consejería depende el Ente Regional de la Energía, órgano responsable de la tramitación de seis líneas de subvenciones para el despliegue de las energías renovables que han tenido una importante acogida, especialmente la que apoya la instalación de paneles solares. Alrededor de 20.000 familias están pendientes de una tramitación que tenía como plazo de resolución seis meses, y que en la mayor parte de los casos la Junta ha superado ampliamente.

En la respuesta que desde la Consejería de Economía y Hacienda envían al Procurador del Común aducen que en los dos primeros días de solicitud, en enero pasado, recibieron 3.092 peticiones hasta llegar en las dos primeras semanas a registrar una solicitud «cada 4 minutos».

También que son expedientes de «seis programas de incentivos diferentes y diferenciados en cuanto a condiciones administrativas y técnicas, aplicando a cada programa criterios, obligaciones y requisitos diferentes, afectando a un número muy elevado y diferenciado de tipos de beneficiarios». En resumen, muchas solicitudes y complicadas de tramitar. Comunican a Quintana que, ante esa la avalancha de solicitudes, reforzaron el personal de tramitación hasta sumar 23 efectivos.

Medidas insuficientes dados los retrasos que se han producido, según constata el Procurador del Común, que no duda de las «buenas intenciones» del equipo de Carlos Fernández Carriedo, pero reitera que «los ciudadanos no están obligados a sufrir los problemas de gestión que puedan plantearse de la resolución de subvenciones como las que son objeto de este expediente».

Quintana recuerda que los responsables de la Administración autonómica tienen facultad para «auto-organizarse» y reforzar personal y medios para cumplir los plazos. Dada la situación, recomienda a Carriedo que evalúe «la posibilidad de arbitrar un plan de choque hasta que ultime la tramitación de la totalidad de estas ayudas con el pago efectivo de las mismas», porque le recuerda que es obligación de la Administración «ordenar adecuadamente sus recursos» y «valorar la carga de trabajo que supone el número de solicitudes» para responder a tiempo a los ciudadanos.

Diciembre ha sido un mes de sustos para los solicitantes que esperan la resolución de las subvenciones, con una 'crisis' en el puente de la Inmaculada y la Constitución ante la información de que la Junta podía dejar pasar la tercera tanda de fondos europeos en el pulso que diez comunidades ( gobernadas por el PP o por el PP y Vox) mantienen con el Gobierno central por la complicada tramitación y la exigencia de requisitos que consideran en extremo difíciles de cumplir.

Entienden desde ese frente autonómico que hay requisitos impuestos por el Gobierno que obligan a tirar para atrás solicitudes de ayudas que sí persiguen el objetivo de avanzar hacia el autoconsumo energético con fuentes renovables y que las comunidades afrontan una carga de trabajo monumental que culminan asumiendo el papel de 'poli malo' al ser las que deniegan las ayudas a los ciudadanos.

El consejero Carlos Fernández Carriedo habló en diciembre de requisitos «incumplibles». Lo hacía en el puente de Constitución, cuando el PSOE criticó el «colapso» de las ayudas y el riesgo de que las familias afectadas por los retrasos se quedaran sin cobrar ante lo que los socialistas entendían un «boicot» de las comunidades del PP contra el Gobierno. «Desde el principio, ya dijimos que estaba mal diseñada y que era muy complicado», insistía Carriedo.

Ese momento crítico parece superado. La Junta se acogió al tercer abono de fondos arbitrado por el Gobierno de la nación, que ha asignado en fechas pasadas a Castilla y León otros 28,3 millones de euros para estas líneas de subvención. Una cuantía que sumada a las concretadas con anterioridad alcanza los 112 millones de euros, según cifra confirmada desde la Consejería de Economía y Hacienda, que incorporará estos días ocho personas más a la tramitación de las ayudas, a las que se sumarán en unas semanas otros siete efectivos.

«Un tiempo dilatado en la resolución de estos procesos de ayudas entendemos que provoca perjuicios, no solo a los solicitantes, sino también a las empresas de los sectores implicados en la instalación de esas nuevas formas de gestión y ahorro energético», concluye Tomas Quintana en la resolución remitida a Fernández Carriedo..