Funcionario y candidato, dos semanas de permiso

La legislación prevé desde 1984 la concesión de permisos a los funcionarios por «el tiempo indispensable» para cumplir con «un deber inexcusable de carácter público». El encaje de esos dos conceptos –tiempo indispensable y deber inexcusable– aplicados a una campaña electoral de seguro que da para debates encendidos entre la ciudadanía. También la brecha que se produce entre empleados públicos y trabajadores de empresas privadas o autónomos no ya para dedicarse a la política, sino para poder presentarse a unas elecciones.

Jurídicamente, la interpretación es que tan candidato es el primero de la lista como el último para solicitar ese permiso y tan candidato es el de una ciudad como el del pueblo con el padrón más modesto, donde la campaña se liquida tomando el vermú en el bar, si es que queda abierto, un domingo a la salida de misa.

La Junta de Castilla y León publicó el día 24 de abril la orden que activaba esa dispensa de ir a trabajar para aquellos empleados públicos incluidos en una lista electoral. ¿Son pocos, muchos o ninguno? ¿Dos, doscientos o dos mil? El uso que hace de ese permiso el personal en nómina de la Administración autonómica, primera 'empresa' de Castilla y León en volumen de plantilla con más de 92.000 nóminas, es una incógnita. Ha sido imposible conocer la cifra de los trabajadores públicos que disfrutaron de las dos semanas de campaña en las elecciones de hace cuatro años. El dato fue solicitado el mismo 24 de abril, petición reiterada hasta la semana pasada. La respuesta fue que no existe un control centralizado de las solicitudes y que había que llamar a las nueve delegaciones territoriales y a las diez secretarías generales de las consejerías.

Si se tiene en cuenta que a la redactora que suscribe le fue imposible lograr la semana pasada el dato en bruto del presupuesto que la Junta destina a sufragar la escolarización gratuita de 1 a 3 años, entre fondos propios y lo que llega del Gobierno de la nación, esa invitación a emprender el periplo por 19 despachos diferentes llevaba a un callejón sin salida en el caso de los funcionarios que disfrutan del permiso retribuido para hacer campaña. «Es lo que hay», fue la última palabra. Pues lo que hay deja mucho que desear en transparencia y hace imposible conocer la cifra, cuando lo que debería ser público es el listado de aquellas personas que se acogen a este permiso, porque públicas son las candidaturas, recogidas con nombres y apellidos en el Boletín Oficial.

Resulta difícil de creer que en la era de la digitalización una empresa de la potencia de la Junta admita desconocer no ya el número de empleados eximidos de ir a trabajar a cuenta de la campaña en estos días, sino los que disfrutaron de ese permiso hace cuatro años.

El episodio hacer recordar uno ocurrido en junio de 2003, cuando a la pregunta de cuántos empleados cobraban ese día de la Junta el vicepresidente Tomás Villanueva contestó que algo más de 75.000 y el consejero de la Presidencia, entonces un joven Alfonso Mañueco, aseguró que estaban en el entorno de los 82.000. Dos cifras oficiales en la misma mañana con un agujero negro de 7.000 nóminas.

Han pasado 20 años y mejorado sustancialmente la gestión del personal en la Junta a lomos del programa Pérsigo. Si es cierta esa imposibilidad de dar una cifra de permisos, hay margen para actualizar. Lo contrario abriría una duda comprometida sobre por qué no se querría facilitar ese dato. Y es mejor no dudar.