La Junta jubilará en ocho años a 9.400 funcionarios, sin contar sanitarios ni docentes

Más de uno de cada dos trabajadores de la Administración General (sin profesorado ni Sacyl) se irán a su casa de aquí al 2028 para vivir de su pensión de jubilación. La estimación que maneja la Consejería de la Presidencia, departamento encargado de gestionar la política de recursos humanos de la Junta, cifra en 9.368 los efectivos que pondrán fin a su vida laboral en los próximos ocho años sobre una plantilla de unos 15.000 empleados públicos.

Incorporando sanitarios y docentes, la Junta se convierte, por número de nóminas, en la primera empresa de la comunidad con unos 87.000 trabajadores, cifra que fluctúa en función de la época del año por cuestiones estacionales. Las retribuciones acaparan el 33% del presupuesto autonómico. La Junta desembolsa en sueldos y cotizaciones a la Seguridad Social, en gastos de personal, 3.678,6 millones de euros.

El consejero Ángel Ibáñez ponía de manifestó esta semana la «oportunidad» que se abre con este panorama de salidas para jóvenes que pueden encontrar en la Administración autonómica su futuro laboral. Afirmaba que existe «compromiso de renovación» de la plantilla y ponía como prueba de ello la convocatoria de ochos procesos de oposiciones para cubrir 163 plazas, a los que dijo que se sumarán en los próximos tres meses otros que sumarán un millar de puestos de trabajo público. Los procesos publicados estaban pendientes de 2017 y 2018.

El consejero aseguró que la Junta asume el reto de la «captación de talento» entre jóvenes con formación especializada. Las plazas que intenta cubrir en esos ochos procesos de selección son de ingenieros de minas y de caminos, canales y puertos, de médicos de trabajo y enfermero de empresa y para gestión administrativa y económica en sus escalas superiores. Para estas últimas tareas saldrán también plazas en las convocatorias de final de año y se sumarán puestos de veterinario y farmacéutico. Esos casi 1.200 puestos que se van a poner en a disposición de opositores y para promoción interna del personal que ya tiene plaza en la Junta, pero quiere ascender, se suma a los 997 que se han convocado desde el inicio de la legislatura, a mitad de 2019.

Ibáñez ahondó en esa idea de captar talento e incidió en que los jóvenes que están estudiando en estos momentos «pueden ver un futuro vinculado a la Función Pública en Castilla y León» ante esa perspectiva de jubilaciones que se avecina en los próximos diez años.

Los aspirantes que concurran a los próximos exámenes de oposición harán las pruebas bajo un protocolo de seguridad frente a la covid-19. No habrá concentraciones, porque a partir de 300 inscritos se organizarán los exámenes en más de una ciudad.

El consejero participó en el inicio de un curso para formación de «directivos públicos profesionales» organizado por la Eclap, escuela de formación laboral de la propia Junta. Ibáñez destacó la labor de este órgano en la actualización formativa de la plantilla, también durante el confinamiento, y precisó que la iniciativa para directivos iba a «ilustrar» a los participantes en «formación sobre eficiencia, modernización e impulso a los equipos de trabajos», con el objetivo de «motivar» a esos equipos.

Presidencia ha puesto en marcha una iniciativa para reforzar la formación de los miembros de los tribunales de oposiciones. Lo ha hecho a través de la Eclap y el objetivo final es evitar errores en la elaboración de cuestionarios y el desarrollo de las pruebas para evitar la conflictividad vivida en varios procesos multitudinarios del final de la legislatura anterior.