El régimen laboral y retributivo del Consejo de Cuentas dificulta el relevo de los auditores

El Consejo de Cuentas depende desde el reajuste de las instituciones de autogobierno (Procurador del Común, Consejo Consultivo y CES) de las Cortes, pero a su personal se le aplica el régimen laboral y retributivo de la Junta, con menor salario y condiciones más ajustadas que las del Parlamento autonómico. Así lo estableció en 2013 la ley que agrupaba el funcionamiento de estas instituciones y que supuso un recorte en el régimen retributivo de su personal, más acusado en el de nueva incorporación a partir de ese momento.

Eso conlleva en la práctica dificultades para cubrir plazas de muy alta especialización en una institución que tiene su sede en Palencia. Alguna convocatoria de oposiciones se ha quedado desierta, algo que se ha solventado en parte con promociones internas. 2020 concluirá con cuatro jubilaciones en los equipos de auditoría del órgano que se encarga de controlar si las administraciones de Castilla yLeón emplean sus recursos y contratan con arreglo a la legalidad.

El Boletín Oficial de Castilla y León publicó la semana pasada la convocatoria de dos plazas de auditor (auditor técnico y ayudante de auditoría) en el Consejo de Cuentas de Castilla y León. Se valora experiencia en control del sector público, en contabilidad pública y presupuestaria y en auditorías regulares y también operativas. Estas últimas analizan no solo el correcto empleo de los fondos desde un punto de vista legal, sino también si el gasto es eficiente respecto a la finalidad que persigue. Además de todo lo anterior, para el acceso a esos plazas puntúan conocimientos en contabilidad pública y privada, contratación y experiencia en dirección de equipos de fiscalización.

El presidente del Consejo de Cuentas destaca la especialización que requieren estos puestos e incide en que serían «más atractivos» si la institución pudiera operar con las condiciones del régimen de personal de las Cortes. Amilivia expone la necesidad de auditores de primer nivel para desarrollar esa labor del control del gasto público y la contratación. Explica que la incorporación de una auditora especializada en el ámbito informático está permitiendo acometer dos fiscalizaciones muy interesantes. Una sobre la seguridad con la que las entidades locales manejan los datos en sus sedes electrónicas y otra sobre la atención que recibe el ciudadano al hacer trámites en la administración electrónica de ayuntamientos y diputaciones.

El presidente del órgano de fiscalización considera imprescindible el desarrollo de sanciones coercitivas para las administraciones reincidentes en no presentar cuentas. «Es algo que se vinculó a las leyes de medidas y no se ha hecho nunca», remarca Amilivia, que apunta que si la Ley de Transparencia permite sancionar a quien la incumpla, con más razón se puede multar a un Ayuntamiento que año tras año se salta la obligación de rendir cuentas.