Un juzgado de Salamanca inicia una investigación por supuesta financiación ilegal del PP regional

Un juzgado de instrucción de Salamanca ha iniciado diligencias por posible financiación ilegal contra el PP de Castilla y León, según una providencia fechada ayer, 29 de junio. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Salamanca estimó el pasado 8 de abril el recurso interpuesto por el Foro de Izquierda-Los Verdes contra el archivo decretado por el Juzgado de Instrucción número 2 de esta ciudad en el caso de la investigación de las primarias del PP que enfrentaron a Alfonso Fernández Mañueco con Antonio Silván y que ganó el primero, lo que le convirtió en el candidato de la formación a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. El alto tribunal consideraba que debía seguirse adelante la investigación penal encaminada a comprobar si existen indicios racionales de la posible comisión de un delito de financiación ilegal de un partido político y el Juzgado de Instrucción Número 2 ha decretado la reapertura de la causa.

El magistrado-juez Juan Rollán García, que declara firme el sobreseimiento y archivo de las actuaciones seguidas por delitos de coacciones, falsedad documental, usurpación de personalidad y otros posibles ilícitos en el proceso electoral de dichas primarias en marzo de 2017, recibirá declaración en calidad de testigos a Agustín Gómez Vicente el próximo 30 de julio y a César Gómez-Barthe Celada, militante del PP salmantino, un día después.

En su resolución, el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Salamanca acuerda asimismo requerir al PP de Salamanca para que en el plazo de treinta días aporte nombre y apellidos de cargo electo, asesor o relacionado del PP que ha efectuado alguna de las donaciones objeto de esta causa; cargo electo o actividad que desempeñaba al momento de realizar la donación, cantidad donada y persona o entidad a la que entregó la donación y justificación documentada (aportando recibo o movimiento bancario si lo hubiere, o, en su defecto, declaración jurada del donante).

El magistrado-juez requiere asimismo al PP de Salamanca que aporte identificación anonimizada del militante del PP cuyas cuotas han sido sufragadas por las donaciones objeto de la causa; cantidad económica a la que ascendían las cuotas adeudadas que han sido sufragadas por las donaciones objeto de la causa y justificación documental (se aportará movimiento bancario si existiere, o en su defecto apunte contable que refleje la satisfacción de las cuotas adeudadas).

Por último, confiere traslado al Ministerio Fiscal, a la acusación popular y a la representación del Partido Popular, para que propongan medios de prueba (posible identificación del denunciante anónimo, declaraciones de testigos, documental), evitando «una investigación prospectiva encaminada a la indagación genérica sobre la posible comisión por los denunciados de cualquier ilícito penal».

El artículo 304 bis del Código Penal por el que se cuestiona el juez instructor implica multas y penas de cárcel en los supuestos de donaciones anónimas, finalistas o revocables a partidos políticos, donaciones procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros anuales y donaciones procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica.