Pollán propone un acuerdo habitual en España para acabar con los dobles sueldos en las Cortes

Esta es una irregularidad respecto al resto de cámaras legislativas autonómicas y nacionales. El presidente de las Cortes pidió un informe sobre ello y este es concluyente: se puede y debe regular ese régimen de incompatibilidades y el órgano que puede acometer esa regulación es la Mesa de las Cortes. Así que el siguiente paso ha sido preparar un acuerdo, a expensas de posibles modificaciones cuando se negocie en la Mesa, para definir con claridad qué actividades son incompatibles con la percepción de un sueldo por dedicación exclusiva en el parlamento autonómico.

El texto del acuerdo, en realidad, es semejante al que rige en muchas de las cámaras españolas. La compatibilidad queda restringida a «las derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar», salvo que el interesado o sus allegados tengan más de un 10% de una actividad empresarial que tenga contratos con el sector público. También se permite la participación retribuida en tribunales y comisiones calificadoras, o en consejos, comités y órganos externos a las Cortes. La producción artística o literaria también es compatible, así como la actividad como tertuliano o comentarista de actualidad ocasional o la docencia universitaria a tiempo parcial, lo que se conoce como profesor asociado.

Todo lo demás es incompatible. Esto afecta principalmente al ejercicio como letrados, dado que muchos de los parlamentarios son abogados de carrera: quedan prohibidas las «actividades de gestión, defensa, dirección o asesoramiento ante cualquier organismo del sector público». No se podrá compatibilizar «con el ejercicio de la función pública» ni se podrá percibir remuneración «con cargo a los presupuestos de los órganos constitucionales o autonómicos o de las administraciones públicas o sus entes públicos.

Los procuradores con sueldo político exclusivo no podrán desempeñar puestos de dirección, representación o asesoramiento en empresas administradoras de monopolios o contratistas con el sector público, ni tampoco asesorar a organismos públicos.

En todo caso, si quieren emprender actividades «no incluidas entre las compatibles» deberán obtener la autorización «expresa» de la Mesa de las Cortes. Si un procurador desempeña una actividad incompatible perderá la condición de parlamentario con dedicación exclusiva.

El régimen de incompatibilidades podría quedar aprobado en breve, dado que la Mesa de las Cortes tiene previsto tratarlo esta misma semana.

En Castilla y León solo percibe un sueldo político por dedicación exclusiva un tercio de los 81 procuradores: 9 del PP, 8 del PSOE, 5 de Vox, uno de Soria ¡Ya! y UPL y uno del Grupo Mixto. Eso sí, un tercio que recibe un sueldo bruto de 78.271 euros al año más las indemnizaciones en función del cargo. Si son miembros de la Mesa de las Cortes o portavoces de grupo parlamentario, 1.880 euros al mes. Si son portavoces adjuntos, 1.440 euros al mes. Estas dietas son exentas de tributación. En neto, al mes, un procurador con «dedicación exclusiva», que es como se llama, puede ganar en torno a 5.100-5.600 euros netos, en función de esa indemnización y con alguna variación si tiene hijos o no, está soltero o casado o su pareja tiene ingresos por encima de 1.500 euros… En cada una de las dos pagas extras hay que sumar unos 3.900 euros más.

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, está decidido a impulsar la regulación de las incompatibilidades para evitar que un parlamentario con dedicación exclusiva cobre otro sueldo por ejercer fuera de las Cortes, lo que ocurrió con el popular Raúl de la Hoz, hoy eurodiputado, que declaró ganancias de 40.000 euros como abogado al margen de su sueldo político. Pollán incluso sopesó estudiar la posibilidad de que todos los parlamentarios, como ocurre en las demás cámaras españolas, puedan elegir entre el sueldo político y el sueldo 'civil' y estén sujetos, incluso los que no tengan dedicación exclusiva parlamentaria, a incompatibilidades.

Esto obedece, explicaban fuentes parlamentarias cuando empezó el proceso, a que un procurador sin sueldo también trabaja en labores legislativas, con su voto en los plenos o con enmiendas en las diferentes comisiones. Y más allá de su propia ética o la de su partido, nada dice el reglamento sobre que pueda intervenir decisivamente en la elaboración de una normativa que beneficie sus intereses profesionales. Un ejemplo ficticio, para entender la dimensión del asunto: que un parlamentario del equipo de Gobierno, con mayoría suficiente para aprobar una norma sobre las salas de apuestas, forme parte de la comisión correspondiente mientras su familia regenta dos locales de este tipo.