Pioneros del diálogo
El proceso de concertación iniciado en Castilla y León en los 90 amortigua la conflictividad y afianza la cohesión social
Si por algo han venido presumiendo gobierno y agentes económicos y sociales en estos 36 años de andadura autonómica ha sido, y con razón, por ... saber aprovechar con inteligencia todos los resortes del diálogo social. En efecto, por encima y a pesar de los conflictos sectoriales acaecidos a lo largo de nuestra pequeña historia autonómica, la práctica concreta del diálogo social tripartito como espacio de encuentro y negociación viene siendo fundamental a la hora de aminorar la conflictividad y avanzar en medidas que compaginan el progreso económico con la atención a los colectivos sociales más vulnerables.
No por casualidad, Castilla y León ha sido la primera Comunidad Autónoma en contar con un Consejo del Diálogo Social regulado por Ley.Los hitos más relevantes de esta 'paz social' se remontan a muchos años atrás, concretamente a los acuerdos alcanzados a principios de los 90 entre el gobierno de la Junta y los agentes empresariales (CECALE) y sindicales (UGT y CC.OO) para dar prioridad a proyectos de vivienda y empleo, crear el Consejo Económico y Social (CES) y poner en marcha el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI). Luego, ya con Juan José Lucas al frente de la Junta, vendrían los acuerdos en política industrial y el primer Plan Regional de Empleo, entre otros frutos de aquella primeriza concertación social.
Ha sido, sin embargo, en la larga etapa de Juan Vicente Herrera como presidente de Castilla y León cuando el diálogo social tripartito, institucionalizado como tal a finales de 2001, ha dado sus mayores y más prometedores frutos. Ahí están los más de 100 acuerdos firmados en materias como el empleo, la formación, la salud laboral, los derechos sociales, la industria y la competitividad, la inmigración, la lucha contra la violencia de género o la conciliación de la vida laboral y familiar, pero, sobre todo, la explícita referencia, en la última reforma del Estatuto de Autonomía (noviembre de 2007) al diálogo social como uno de los «principios rectores de las políticas públicas de Castilla y León» y como verdadero «factor de cohesión social».
Era el preludio de la Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del Consejo del Diálogo Social, que convertía a Castilla y León en comunidad pionera en España en la creación de este órgano institucional de encuentro entre la Junta de Castilla y León y los sindicatos y organizaciones empresariales más representativas. La historia demuestra que el diálogo social tripartito es la fructificación de un proceso de madurez institucional que, al tiempo que permite avanzar en la consolidación de un modelo de concertación propio de las sociedades más avanzadas, contribuye a preservar la «paz social» en Castilla y León. Nada tiene que ver, por tanto, con el diálogo social bipartito, que en el caso que nos ocupa tiene como protagonistas a la Junta de Castilla y León como empleador y a los representantes de sus empleados, y que amenaza con desembocar en una huelga inédita en nuestra historia autonómica.
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