Las personas sin recursos tendrán derecho por ley a alimentos y ayudas para la vivienda

Alfonso Fernández Mañueco, Alicia García, y el presidente Herrera, con el sector. :: /EL NORTE
Alfonso Fernández Mañueco, Alicia García, y el presidente Herrera, con el sector. :: / EL NORTE

La nueva regulación, aprobada ayer por unanimidad, convierte el plan de la crisis en un sistema permanente de protección

ANA SANTIAGOValladolid

Ya no es un plan para amparar familias y personas sumidas en la exclusión social, ahora es una ley que protege derechos reclamables. Supone, por lo tanto, que la provisión urgente de alimentos, la prestación económica para hacer frente a un alquiler de vivienda o a una deuda hipotecaria y la asistencia en el servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio ya no son parte de un programa asistencial y en función de recursos públicos disponibles, sino una obligación para la Junta sin pretextos de insuficiencia presupuestaria, un derecho subjetivo, por lo tanto, exigible cuando se cumplen los requisitos.

La ley de protección a personas vulnerables es ya una realidad y, por ello, un sistema permanente de protección que supera los límites de la crisis que provocó su puesta en funcionamiento en 2013. Además, sus beneficiarios ya no son solo las personas bajo el abandono social y económico, la red amplía la atención a las que se encuentren en situación de desamparo personal y requieran una actuación inmediata, como las víctimas de violencia doméstica, los menores desprotegidos o las personas mayores incapacitadas. Una red que el año pasado atendió a 190.000 castellanos y leoneses.

Además de las cuatro citadas prestaciones que se convierten en derecho, la ley establece 34 tipos de ayuda, 11 más que en el inicio del programa y los clasifica bajo tres apartados: Recursos de protección y de respuesta a necesidades básicas de subsistencia, de atención con acceso prioritario y medios para la inclusión social y laboral. Los primeros contemplan prestaciones como la renta garantizada de ciudadanía; dinero para necesidades básicas y urgentes; alquiler, deudas, desahucios, tutela y acogimiento de menores o centros de emergencia para víctimas de malos tratos... y así hasta trece medidas. El segundo apartado, el de servicios a los que se puede acceder con prioridad debido a las necesidades, está el de las residencias de mayores dependientes; el mismo pero para personas con discapacidad; el de centros de día para dichos colectivos; la teleasistencia; la ayuda a domicilio, y la asistencia personal. Estos siete servicios se incorporan a la red de protección con la nueva ley y todos ellos son también un derecho. Y, por último, hay otros 14 servicios para promocionar la integración laboral y social como los contratos de inserción, ayudas al autoempleo, actuaciones preventivas en el entorno familiar, orientación laboral y, también como derecho exigible, los servicios de información sobre derechos, prestaciones y procedimientos en materia de Servicios Sociales y los de valoración, orientación, planificación de caso y seguimiento.

Además la nueva ley, aprobada por unanimidad ayer en lasCortes, suma un mapa de recursos de la red que ordena servicios y prestaciones públicas y privadas para facilitar y sistematizar el intercambio de datos entre profesionales y cuenta con una ampliación presupuestaria desde los 191 millones de euros que agotó en 2017 a los 206,7 con los que cuenta para este año.

La consejera, Alicia García, defendió ayer la nueva regulación –en la que participaron las organizaciones de tercer sector– en las Cortes, y destacó que «el proyecto incide y mejora el propio funcionamiento de la red». Para ello, «prevé la habilitación de los soportes técnicos precisos para reforzar el sistema de acceso o la colaboración con sanidad, educación o empleo». Asimismo, indicó que regula herramientas como la valoración del caso, siempre previa a la atención en red, el plan individual de asistencia, para planificar una respuesta personalizada, y «la figura del profesional de referencia, que garantiza una atención integral, coordinada, personalizada y continuada al usuario».

Por último, se establecen medidas de apoyo que, sin formar parte de la red, como el Fondo de Solidaridad, los planes de inserción sociolaboral o los acuerdos con operadores de servicios energéticos», indicó García.

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