Castilla y León

El patrimonio medio de los ricos de la región ha subido el 25% en diez años

Ahora bien, ¿quiénes están incluidos en ese grupo? Se trata de los contribuyentes que tributan por esa vía, que según explica la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) son aquellos que o bien tienen una base imponible superior a los 700.000 euros o que, «no dándose la anterior circunstancia», disponen de bienes o derechos valorados en más de 2.000.000 de euros, «con independencia del lugar donde se ubiquen».

En la comunidad eran 7.788 al cierre de 2023, el último ejercicio económico liquidado y al que corresponden los datos difundidos este mes de septiembre por la AEAT, que contrastan con los 7.475 que se contabilizaban diez años antes. El incremento más llamativo, no obstante, se ha producido en la cantidad que atesoran. Hace una década el patrimonio medio declarado por cada castellano y leonés acaudalado ascendía a 2.121.316 euros, que se han incrementado en más de medio millón desde entonces. Para ser exactos, en 528.320 euros.

Esta evolución al alza ha situado el promedio que declaran los ricos autonómicos en 2.649.636 euros. Una cuantía abultada que, sin embargo, está muy lejos de los 4.082.269 registrados de media en el conjunto del país. Con todo, esa diferencia no es nada si la comparativa se hace con las regiones más pudientes. Ahí la distancia es sideral, y para comprobarlo basta ver que los obligados a rendir cuentas en el Impuesto sobre el Patrimonio 2023 en Madrid declararon la friolera de 11.165.305 euros.

Un montante que les sitúa en el primer puesto del ranking, algo en lo que sin duda influye lo que conoce como 'efecto sede', es decir, el hecho de que el grueso de las grandes empresas y las instituciones están asentadas en el territorio que gobierna Isabel Díaz Ayuso y es ahí donde tributan sus altos directivos. La lista continúa con Galicia (7.587.685 euros), Murcia (7.318.154) y, ya más lejos, Andalucía (4.532.725 euros). El resto de las comunidades de régimen común –todas salvo el País Vasco y Navarra, debido a su estatus foral– se sitúan por debajo de los cuatro millones de euros, con Asturias como el farolillo rojo con 2.367.158.

La suma de los bienes y derechos que acumulan los ricos de Castilla y León asciende a 20.645 millones de euros, lo que implica una subida del 7,2% respecto a la liquidación de 2022 (1.384 millones más). De lo elevado de esa cantidad da idea que representa el 29,8% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad, que en 2023 ascendía a 69.253 millones de euros, según la Contabilidad Regional Trimestral que confecciona la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta.

El análisis de las características de ese patrimonio revela que tres cuartas partes son capital mobiliario, en concreto 15.620 millones. La parte del león, cerca del 90% del total, la tienen invertida en acciones y participaciones (13.178), frente a la menor importancia de los depósitos (2.050 millones de euros) y, sobre todo, de la deuda pública, bonos y obligaciones (391 millones). A esto hay que añadir otros 3.896 millones de euros en inmuebles, el 77,3% de ellos «de naturaleza urbana no exenta», mientras que tienen un peso residual otros bienes y derechos (465 millones), los ligados a actividades económicas (322), los seguros y rentas (318 millones de euros) y los de carácter suntuario (24 millones).

La recaudación asociada al impuesto se elevó a 43.018.160 euros en Castilla y León, el 6,7% más que en 2022, que fueron aportados únicamente por 7.369 contribuyentes puesto que los 419 restantes carecían de cuota suficiente para ello. Cabe recordar, al hilo de esto, que la Junta aplica un relevante beneficio fiscal a las personas con discapacidad, en forma de exención.

Por su parte, en España han presentado la declaración 228.575 ciudadanos y a 192.291 el trámite les ha salido a pagar, en promedio 10.249 euros a cada uno, lo que da casi 1.971 millones de euros. Son 721 millones más que el ejercicio precedente, y según detalla Hacienda el 85,3% de ese crecimiento se debe a «la eliminación de la bonificación aprobada por la Comunidad de Madrid». La estadística de la Agencia Tributaria ofrece asimismo el resultado de la aplicación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF) en 2023, que abonan quienes tienen un patrimonio que supera los 3.000.000 euros y un resultado a ingresar, lo que aportó 35 millones a las arcas públicas (la AEAT no ofrece el desglose autonómico), frente a los 630 de 2022.