La pandemia eleva a 86.000 los castellanos y leoneses sin recursos para comer o calentarse
La asociación de gerentes sociales solicita un cambio en el sistema de subvenciones estatales porque «llegan tarde» a las entidades locales
La pandemia trajo confinamiento, descenso drástico de la actividad económica, ertes y despidos y autónomos sin presente ni futuro. Y lo hizo arrastrando ya las ... secuelas de la crisis que arrancó allá en 2007. Así que, en 2020, la pobreza severa, la de las personas que no tienen para alimentarse correctamente, calentar su casa o pagar la hipoteca, el alquiler o la luz, aumentó un 57,7%. Son los datos del informe AROPE que recoge, entre otros balances, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales para pedir un cambio en el sistema de subvenciones estatales porque llegan tarde, porque llegan mal a las entidades locales.
Se llama Privación Material Severa, el mayor nivel de carencia, porque otras marcadas estrecheces llegan a muchos más. Y la sufren 86.000 personas en la comunidad, más de 1,4 millones en España a raiz de la devastadora influencia del coronavirus en la economía y en los hogares. Son personas que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días, mantener su vivienda a una temperatura adecuada o pagar los gastos de la casa y no puede permitirse no ya un automóvil sino una lavadora, un televisor o un teléfono.
Y aunque Castilla y León no es de la peores posicionadas en cuanto a la necesidad de ayudas urgentes a estas situaciones sociales, el 3,6% de la población las necesita –frente al 7% de la población española– para cubrir sus necesidades más básicas.
Además, aunque no enmarcados como pobreza severa, el AROPE sitúa en el 19,8 % la población de Castilla y León que está en riesgo de exclusión social por carencias económicas y de medios en el año 2020. En este año, la tasa creció en 3,1 puntos porcentuales, cifra que supone un incremento del 18,7 %. Aun así, es 6,6 puntos porcentuales inferior a la media nacional y ocupa la quinta mejor posición entre todas las regiones. En términos absolutos, unas 474.000 personas, 73.000 más que el año pasado, están en esta situación en Castilla y León.
El Ingreso Mínimo Vital (IMI) y las ayudas de emergencia social que ofrecen las entidades locales, fundamentalmente los ayuntamientos, son los recursos que tienen estas familias para cubrir necesidades tan básicas. Este observatorio de los Servicios Sociales ya ha denunciado en numerosas ocasiones «el entramado burocrático, innecesario y cruel, que dificulta a cientos de miles de familias que lo necesitarían, percibir el IMI, de manera que solo llega a 428.000 hogares, la mitad de los 850.000 que el propio Ministerio consideraba como potenciales perceptores en España»
Las ayudas para atender las necesidades más básicas llegaron solo al 37,5% del total de personas con graves dificultades materiales. La media nacional cubrió al 43,2% y se sitúa en un término medio, en octava posición nacional.
La cuantía de estas ayudas es muy reducida, 235 euros por perceptor es la media nacional. Y es solo ligeramente más alta en Castilla y León, con 296 euros por beneficiario. Las diferencias entre comunidades son notables, desde los más de mil euros de Castilla-La Mancha (1.210) o Galicia (1.132) a los solo 91 euros en Andalucía o los 177 de Canarias.
Explica esta asociación que «son muchas las entidades locales que han incrementado sus presupuestos destinados a ayudas de urgente necesidad en los dos últimos años, pero los procedimientos burocráticos y la rigidez de las intervenciones municipales limitan el acceso o retrasan el cobro y, por tanto, la eficacia de las ayudas. Hay ayuntamientos que pueden tardar hasta dos meses en dar una ayuda de urgencia social y las trabas a la hora de justificarlas ante la Intervención son dificultosas y humillantes».
Y es que «la estricta interpretación de la norma que considera estas ayudas como subvenciones, es una de las causas de esta situación, por lo que urge modificarla o interpretarla de manera menos rigurosa», apunta esta organización
El Ministerio de Derechos Sociales incrementó en 2021 el presupuesto del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales hasta los cien millones de euros, con lo que las entidades locales pudieron incrementar sus ayudas de emergencia social, pero «la burocracia y el retraso en la transferencia de estos créditos hace que su uso haya sido limitado».
Por ello, esta asociación de responsables de centros de Servicios Sociales reclama con una campaña que acaba de lanzar que estas ayudas se queden como excepción en la Ley General de Subvenciones y se agilicen los procesos.
Para que las intervenciones municipales no dificulten la ejecución de las ayudas de urgente necesidad «es imprescindible» proponen modificar «forma urgentela» la norma para que queden exceptuadas de la Ley General de Subvenciones, incluyéndolas en su artículo 2.4, bajo el epígrafe de todo tipo de Ayudas de Emergencia Social, sea cual sea la causa y sus efectos, y que la Intervención General de la Administración del Estado envíe una instrucción a los interventores municipales para que agilicen las ayudas económicas de urgencia.
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