Casi ocho de cada diez desahucios en Castilla y León se inician por impago del alquiler

Con este balance, ofrecido por el Consejo del Poder Judicial en su informe sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, el 77,4% de los lanzamientos judiciales iniciados el año pasado en Castilla y León fueron por impago del alquiler. En alguna provincia, como es el caso de Valladolid, este porcentaje alcanzó el 82%. En ambos casos supone la cuota más alta de la historia desde que hay registros. En la comunidad, esta proporción se ha incrementado en un año en más de siete puntos; y tres años antes el porcentaje era del 60,6%.

Explica el documento del Poder Judicial que en el conjunto de España, el 67,5% de los lanzamientos (desahucios en fase de ejecución o con resolución firme y pendientes de la entrega) son derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que el 26,3% tienen su origen en ejecuciones hipotecarias.

En el balance nacional, los desahucios por impago del alquiler experimentaron una disminución interanual del 2,2%, mientras que los relacionados con hipotecas bajaron el 25,1%. «Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual», explican los jueces.

Si bien no es Castilla y León lo que en el sector se denomina «una zona tensionada» por precios y subidas desorbitadas en el mercado del arrendamiento, sí hay cada vez más familias con escasos recursos económicos que se han refugiado en el alquiler al habérseles vetado el acceso al mercado hipotecario. La persistencia de factores como la precariedad laboral hace que les sea también imposible asumir la renta mensual de la vivienda.

La LAU establece que dejar de pagar una sola mensualidad ya da derecho al propietario a iniciar un procedimiento de desalojo después de que la ley, de 1993, fuese reformada por el PP en 2014 para dar más garantías a los arrendadores y propiciar la puesta en el mercado de las viviendas vacías. En 2018, según el INE, vivían de alquiler el 11,7% de los castellanos y leoneses. El promedio europeo en el año 2017 era del 30,7%.

Por otro lado, los procedimientos por ocupación ilegal de viviendas (verbales posesorios) se dispararon por encima del 300% en la comunidad, al pasar de los 19 casos de 2018 a los 83 del año pasado. En España, donde se iniciaron un total de 4.017, el incremento fue del 130,9%. Cataluña, con 1.004 (el 25% del total nacional) encabeza la lista.

Precisamente el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos acaba de anunciar que ultima una moratoria de cuatro años para los desahucios por ejecución hipotecaria y una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para prohibir los desahucios por impago del alquiler «en zonas de mercado tensionado y en casos relacionados con fondos buitres».

Mientras la Plataforma de Afectados por la Hipoteca celebró el anuncio porque supondrá «un alivio para hipotecados e inquilinos», diversos operadores del sector inmobiliario advirtieron de que la medida, en el caso del alquiler, «provocará una contracción en la oferta y subidas de precios».