La nueva ayuda para paliar la pobreza reduce un 42% la que impulsa la inclusión

Sin embargo, los objetivos no son los mismos y la una no debería de sustituir a al otra, aunque lo esté haciendo porque la estatal es una ayuda económica para hacer frente a necesidades básicas mientras que la autonómica promueve un recorrido formativo y profesional. Así lo valora la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Considera que esta organización que hay «un abandono de las familias en riesgo de exclusión social porque pobreza no es igual a exclusión social».

«Estos datos –añade– ponen de manifiesto que muchas comunidades han desmantelado, o lo están haciendo, su sistema de protección a las personas y familias en situaciones de exclusión social. Porque el ingreso mínimo vital trata de aliviar situaciones de pobreza, aunque por su cuantía, resulta a todas luces insuficiente. Pero no es lo mismo pobreza que exclusión social. Pobreza es solo carencia material. La exclusión social se debe, en palabras del Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, a «la acumulación de vulnerabilidades y la imposibilidad de salir sin apoyos de dicha situación, viéndose seriamente limitado el ejercicio de sus derechos», destaca este observatorio.

La finalidad de las Rentas Mínimas de Inserción «es facilitar la inclusión social, por lo que deben orientarse a apoyar a las personas y familias con ayudas económicas y acompañamiento profesional. Por eso exigimos a las comunidades que, como ya ha hecho alguna de ellas, destinen el ahorro que ha supuesto la implantación del IMV a reforzar sus programas frente a la exclusión que, entre otras causas, pueden estar producidas por las situaciones de pobreza prolongadas».

Castilla y León y Madrid, al menos, sí han derivado estos ahorros a otras políticas sociales.

Apunta esta organización que Castilla y León tiene una tasa de riesgo de pobreza (menos del 60% de al mediana de renta) del 14,50%, es decir, 345.555 habitantes sin recursos y solo el 4,43% percibe la renta mínima de inserción mientras que Navarra alcanza al 75,8»% aunque su tasa es muy baja, del 8,30%; el País Vasco al 55,78% con un 9,40% de población pobre y Asturias alcanza el 18,73% aunque tenga un 19,70% de habitantes en riesgo.

El número de beneficiarios de las rentas mínimas de inserción se redujo en España en 150.000 personas en 2021 respecto a 2020. Solo en 7,1% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España (645.317 personas) se beneficia de estas ayudas.

Castilla-La Mancha registra el mayor descenso porcentual de su «ya exiguo gasto en rentas de inserción, con más de las dos terceras partes del mismo (66,7%). En esta comunidad y también en Madrid, Castilla y León, Aragón y Extremadura las mismas están siendo substituidas por el ingreso vital del Estado. Una situación que contrasta con comunidades como la Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias, donde se han reforzado como complemento de la nueva renta estatal, con incrementos presupuestarios que en el caso de la valenciana y catalana superan el 60%», destaca el informe anual sobre setas prestaciones.

«Esta situación de retroceso, en unos casos, y de refuerzo en otros, se pone de manifiesto también en la evolución del número de perceptores, donde las mismas comunidades que han reducido su gasto, bajan significativamente en el número de personas beneficiarias, hasta en un 73% en Castilla-La Mancha, en contraste con el incremento del 121% en Valencia».

El Observatorio explica que la cuantía media por perceptor de las de inserción en el conjunto de España supone el 15,9% de la renta media por hogar en nuestro país. Una cuantía extremadamente baja y que se ha reducido más de un punto desde 2019, pasando del 17,1% al 15,9%.

Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Asturias son las que están por encima de la media. Por el contrario, en Murcia, Madrid y Aragón el porcentaje que supone la cuantía media de las RMI ni siquiera alcanza el 10% de la renta media por hogar.