El Ministerio desoye al sector agrario y mantiene la protección especial del lobo

El enfado del sector es un hecho, y Asaja, la Alianza por la Unidad del Campo UPA-COAG y la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) se movilizarán este viernes por las calles de Valladolid «en defensa de la permanencia de la ganadería en el territorio y para reclamar al Gobierno que retire el procedimiento de aprobación de la orden por la que se pretende incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE)». Esta consideración supondrá que el lobo no se podrá cazar en toda la Península.

Con el objeto de respetar las limitaciones impuestas por el actual estado de alarma, la protesta consistirá en una caravana de vehículos, encabezada por tractores, que se concentrará este viernes a partir de las 11:00 horas en la explanada del Estadio Zorrilla y recorrerá calles principales de Valladolid, para concluir a las puertas de la sede de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

En cuanto a ese nuevo documento del Ministerio, lamentan desde UPA que «no se haya hecho caso a la petición de la mayoría de las comunidades autónomas de volver a convocar la Conferencia Sectorial, que en todo caso sería quien debiera de aprobar una nueva estrategia».

Según recoge ese borrador, la finalidad de la estrategia es «establecer las directrices para conservar, gestionar y restaurar poblaciones viables de lobos como parte integral de los ecosistemas españoles, asegurando su coexistencia con los usos humanos».

De manera más concreta, definen entre los objetivos «incrementar entre un 10% y un 20% el área de distribución actual en el año 2030», además de «asegurar la expansión de ese área hacia el este peninsular, especialmente en el Sistema Ibérico, y hacia otros territorios donde la conflictividad con los usos ganaderos sea escasa y exista hábitat suficiente y adecuado, fomentando y promoviendo las medidas adecuadas para ello». También plantea el documento ministerial, «alcanzar las 350 manadas de lobo en España en el año 2030, mediante estimas poblacionales comparables con el censo de 2013-2014».

Aurelio González, coordinador de UPA, señala que «lo único que ha cambiado es que ya no hablan directamente de que se usen fondos de la PAC para pagar daños, sino que se habla de compensar con fondos del Ministerio. Por lo demás, es todo igual, es la única concesión».

El borrador recoge, además, que «la adopción de las medidas preventivas se articularía a través de una línea de subvenciones del Ministerio para la Transición Ecológica, con asistencia del Ministerio de Agricultura, en su caso. El control de las buenas prácticas exigidas para el pago condicionado lo llevarían a cabo las comunidades autónomas».

En palabras de Aurelio González esto supone que «los ganaderos están supeditados a cumplir una medidas eficaces, dictadas por un comité de expertos, para poder cobrar. Es que no vamos a entrar ni a discutirlo». Un informe de COAG con datos de la Consejería de Medio Ambiente muestra que en 2019 se registraron 2.579 ataques de lobo en toda la región, que malograron a 3.774 cabezas de ganado. Las pérdidas que generaron a los ganaderos fueron de 2 millones de euros.