Las medidas covid restringen los ingresos en residencias y provocan recortes de plantillas
La patronal del sector pide a la Junta flexibilizar unos requisitos que excluyen desde otoño a quienes no tienen reconocida la dependencia o atraviesan una situación de riesgo social
La normativa covid hace casi imposible ingresar en una residencia salvo que quien quiera hacerlo tenga reconocido un grado de dependencia o esté en situación ... de riesgo o urgencia social. Eso implica trámites y tiempo, pero deja fuera a personas que optan por una residencia y que son autónomos. Castilla y León arrastra estas restricciones desde noviembre, fecha desde la que no ha bajado del nivel 4 de alarma, el de máximo riesgo de pandemia, aunque hay provincias con incidencias de nivel medio, e incluso con momentos que han rozado tasas de nueva normalidad, como Ávila o Zamora.
La Consejería de Familia se muestra abierta a flexibilizar medidas, pero «atendiendo a la situación epidemiológica»
Las restricciones vigentes fueron implantadas cuando los centros de mayores afrontaban una segunda oleada del virus sin vacunas en el horizonte. Lo segundo ha cambiado drásticamente, con trabajadores y residentes inmunizados casi en pleno. Son 69.119 personas vinculadas a estas residencias con pauta de vacunación completa (dos dosis), según el dato oficial de la Junta de Castilla y León. Eso ha cortado de raíz los contagios de covid-19 en los geriátricos, que se ven ahora como espacios seguros frente al coronavirus.
«Este servicio está cerrado para personas que quieren ir a vivir a una residencia, porque se han quedado solas o que buscan una atención temporal para reponerse de un traspiés de salud», explica Pedro Pascual, procurador de Por Ávila y médico de Emergencias, que alertó en las Cortes de Castilla y León de que estos equipos de sanitarios atienden cada vez a más personas mayores que requerirían un cuidado, al menos temporal, en un centro residencial.
Las restricciones se decretaron en otoño, con la tercera ola en auge y sin la protección que ofrece actualmente la vacuna
«Es un problema serio, que se agrava cuando sales de las ciudades y excede lo que puedan hacer desde Atención Primaria o las asistentes sociales», resalta Pascual. Existe una variada casuística, que no encuentra acomodo en la regulación vigente por la covid-19. Desde un paciente con un ictus que vuelve a su casa, con los dos hijos fuera, en Madrid, que ha mirado una residencia, no puede entrar y termina volviendo al hospital tras avisar los vecinos que se ha caído en casa (caso real que atendió el propio Pascual como sanitario), a la señora recién operada de cataratas a la que asisten los técnicos de ambulancias tras llamar a emergencias y descubren que no ha podido echarse la gotas de la convalecencia.
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La regulación vigente deja fuera, en este momento, a personas con autonomía que deciden cambiar su hogar por un centro residencial. A ciudadanos, por ejemplo, que optaban por pasar una temporada en una residencia para completar la recuperación de una operación de hernia o una intervención de túnel carpiano en la mano. Este último, relata Ana Rodríguez, vocal de la Asociación de Residencias de Tercera Edad en Castilla y León (Acalerte), fue el caso de una madre septuagenaria con un hijo dependiente a su cargo al que atendía en el día a día y que pretendía para pasar la convalecencia, los dos juntos, en una residencia. También hay gente relativamente joven que vive sola porque enviuda, se separa o está soltera y tras un tropiezo de salud opta por un centro residencial. Esos perfiles, casos reales y cotidianos, topan con las restricciones covid pese a que en los centros hay habitaciones o viviendas libres.
Castilla y León tiene una red residencial de mayores con 48.296 plazas, entre centros públicos, de instituciones sin ánimo de lucro y de empresas, grupo privados y fondos de inversión. Empezaron la pandemia con 42.859 usuarios en estos centros de mayores, y también de personas con discapacidad. A fecha de ayer tenían, 41.350 residentes. Las tres cifras son datos oficiales de la Junta de Castilla yLeón y ofrecen una radiografía de ocupación que arrojaría 6.946 vacantes actuales sobre el total de las plazas y 1.509, si se toma como referencia el dato de los usuarios de hace un año. Estas dos cifras deben corregirse al alza, porque la del número de total plazas de la red residencial, corresponde solo a centros de mayores y en la de residentes la Junta incluye geriátricos y también residencias y viviendas comunitarias de personas con discapacidad.
Despidos y ajustes de jornada en 'pago' al esfuerzo de la primera ola
Primero fue la no renovación del personal contratado con toda urgencia para atender a los mayores en plena explosión de la pandemia del coronavirus. Luego, el despido de temporales. Después, reducciones de jornada y Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a la espera de la reactivación de los ingresos, y ahora se empieza a negociar ya algún Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que implica despidos colectivos. Esa ha sido la evolución laboral del último año. «Tenemos planteado uno en un centro de Palencia», explica Sergio Nicolás Díez del Rey, secretario de Acción Sindical del Sector Sociosanitario de CC OO.
A los usuarios que causan baja por fallecimiento se suman otros a los que los allegados han decidido atender temporalmente en casa por cuestiones diversas, desde afectivas, al declararse la pandemia, a económicas, al empeorar la economía familiar desde la que se abona parte del coste de ingreso del abuelo. «Si bajan los residentes, baja la ratio de trabajadores que exige la ley, que ya es muy ajustada», apunta Díez del Rey. La categoría laboral más afectada por esta situación es la de las gerocultoras, que son el personal que atiende directamente a los ancianos. «Desde los centros nos transmiten que no entran los mismo usuarios que salen, que la Junta tampoco está cubriendo al ritmo de antes las plazas concertadas y que ha cambiado el perfil del mayor que entra, en muchos casos en situación de salud muy agravada y que causa baja en pocas semanas, con lo que esa plaza vuelve a quedar vacante», relata el responsable de CCOO.
Los centros están cerrados a ingresos normalizados y abiertos a salidas, con bajas por fallecimiento o por cambio de recurso asistencial, con internos que se van a su casa o a una residencia pública si estaban en lista de espera para una plaza más asequible.
Ana Rodríguez dirige una residencia en Ávila con 205 plazas, repartidas en un edificio común y viviendas de uso individual. Lo habitual es que estuviera «llena y con lista de espera», pero atienden ahora a 180 residentes. Reconoce que están teniendo que decir que no a gente que llama interesándose por ingresar, algo que duele porque se ubica en Ávila, y la provincia abulense ha estado durante semana en riesgo bajo. Medio, en este momento. La vocal de Acalerte defiende que la Junta de Castilla y León debería «liberalizar» los ingresos aplicando medidas de control: PCR, vacunación, aislamiento. Comparte esa visión Pedro Pascual, partidario de plantear unas «normas sensatas» para no dejar solo en casa a quien no quiere estarlo.
David Esteban, alcalde de Medina de Rioseco y presidente del patronato de la fundación que gestiona un residencia en la localidad, constata que del centenar de plazas del centro hay ocupadas unas setenta. «La vacunación avanza y hay que valorar reducir a la mínima las restricciones de acceso», indica el también diputado y responsable del área de Servicios Sociales de la Diputación de Valladolid.
Las vacantes repercuten en los ingresos de los centros y en las plantillas que los atienden. Sobre todo en los de menor tamaño y que no son viables si no están casi al completo. «Sí conocemos casos que nos trasladan que no pueden hacer frente a los gastos fijos», reconoce Nuria Rubio, procuradora del PSOE que coordina el área de Familia e Igualdad de Oportunidades del grupo parlamentario, que critica la falta de reacción de la Junta para dar una respuesta y adaptar los criterios tras la vacunación de los centros residenciales.
Fuentes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, reiteran que «en estos momentos, cualquier persona con cualquier grado de dependencia, puede ingresar en una residencia. Lo mismo sucede con el acceso temporal en plazas de convalecencia sociosanitaria», aunque se muestran abiertos a «estudiar» flexibilizaciones «atendiendo a la situación epidemiológica y a las recomendaciones de las autoridades sanitarias». Sobre la cifra de nuevos ingresos en los últimos meses no hay datos, «se van incorporando de forma progresiva», responden desde la consejería que dirige Isabel Blanco.
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