Mañueco ve a Sánchez «incapaz» de combatir la «asfixia» energética y Tudanca replica: «Aquí manda el vicepresidente»
García-Gallardo asegura en las Cortes que se ha entrevistado con los dueños de Garoña y defiende impulsar la polémica mina de uranio a cielo abierto de Retortillo
«Ustedes cierran, pagamos todos». Alfonso Fernández Mañueco defendió este martes, en las Cortes, las medidas energéticas del PP, que Alberto Núñez Feijóo, ha desgranado en sus tres recientes visitas a la comunidad (la última horas antes, en los viñedos de la Ribera del Duero) y que contrapuso a las de Pedro Sánchez: «Quitarse la corbata en verano y apagar escaparates», tras acusar a los socialistas de cerrar Garoña, las minas y las centrales térmicas.
El presidente respondía así al portavoz del PSOE, Luis Tudanca. El socialista aprovechaba la confirmación de que la Junta impulsará, a instancias de Vox, un informe de viabilidad sobre la reapertura de Garoña para intentar socavar el liderazgo de Mañueco. «Seguimos sin presidente», afirmó Tudanca. «Quien manda es el vicepresidente», añadió el socialista. Tiró de memoria el del PSOE y recordó al popular que el documento de cierre de minas lo firmó Mariano Rajoy, en 2012, y que con el PP en el Gobierno se cerró la central nuclear burgalesa.
Garoña, tras diez años desenchufada y en fase de desmantelamiento, protagonizó la sesión de control en el hemiciclo autonómico. No directamente en un mano a mano entre Mañueco y Tudanca, en el que el popular vio a Sánchez «incapaz» de dar solución a la subida energética que «asfixia» a hogares, empresas, agricultores y ganaderos. «Solo acierta cuando rectifica», resaltó Mañueco, al que Tudanca replicó con una cifra. Los 180 millones en los que cifró la repercusión en Castilla y León de la bajada de impuestos en la factura de la luz promovida desde La Moncloa.
Mañueco bordeó Garoña. García-Gallardo, no. Entró de lleno en el asunto con la pregunta que planteaba Pablo Fernández, de Unidas Podemos, sobre el coste del estudio de viabilidad que propone Vox. El morado defendió que el dinero público no está para hacer un estudio que le corresponde a una empresa privada que, además, «se niega taxativamente» a reabrir la instalación atómica. Remarcó que el uranio que alimentaría el reactor sería de importación, por lo que no supondría soberanía energética, que cualquier actuación es competencia del Gobierno de España y el Consejo de Seguridad Nuclear y no de la Junta y que la iniciativa de Vox es «demagogia barata y humo, en este caso tóxico». Y el vicepresidente replicó que más «despilfarra» el Ministerio de Igualdad y dio una noticia, que contradice la versión que ofreció el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, el jueves pasado tras el Consejo de Gobierno, cuando aseguró que no había habido contactos del Gobierno autonómico con los responsables de Nuclenor, propietaria de Garoña. García-Gallardo precisó en el hemiciclo que se había reunido con el presidente y el director general esa sociedad. Una cita, según le recordó luego Francisco Igea, que no figura en su agenda pública, algo que es obligado para los altos cargos autonómicos.
El vicepresidente hizo una defensa férrea de su planteamiento. Argumentó que la soberanía energética es un asunto de interés público y los empleos directos que volvería a generar la central, que cifró en más de 600, un asunto de interés para la comunidad. ¿Y el uranio? Juan García-Gallardo defendió que puede extraerse de Salamanca, reimpulsando el polémico proyecto de mina a cielo abierto de Retortillo, y así reactivar la instalación de energía nuclear de Burgos. «La mitad de costosa», en palabras de García-Gallardo, que las renovables.
El asunto de Garoña volverá al hemiciclo en la mañana de este miércoles, con una proposición de Vox en pro de la reapertura de la planta atómica.
