El Fiscal mantiene la acusación contra Lino Rodríguez por falsedad documental y retira la de su esposa

Lino Rodríguez antes de entrar en el juzgado./
Lino Rodríguez antes de entrar en el juzgado.

El fiscal pide cuatro años y nueve meses de cárcel para el exdirigente agrario y retira la acusación contra su mujer

J. Sanz
J. SANZ

El expresidente de Asaja Valladolid, Lino Rodríguez, y un antiguo técnico de la organización agraria, Fernando R. G., han convertido hoy la sala de vistas del Juzgado de lo Penal número 4, donde el primero se sentaba en el banquillo acusado de un delito de falsedad documental para el cobro de subvenciones, en un cuadrilátero en el que sacaron a relucir sus desavenencias para acusarse mutuamente de la comisión de los hechos por los que solo Lino se enfrenta a una petición de pena de cuatro años y nueve meses de prisión por parte del fiscal, quien considera que el antiguo representante del sector agrario falsificó una serie de facturas por importe de 450.555 euros para engordar dos subvenciones a percibir por una sociedad, Campo de Peñafiel, creada en 2009 y de la que él mismo era el administrador único.

Lino Rodríguez lo negó todo y sustentó su defensa sobre la base de un ataque contra su antiguo compañero y «amigo» de Asaja, el ingeniero Fernando R. G., al que atribuyó la responsabilidad del proyecto completo de la sociedad patatera, de la solicitud de las subvenciones en cuestión para construir sus instalaciones y de la falsificación de las facturas que se presentaron ante la Junta para intentar percibir sendas ayudas de 783.503 y 252.592 euros en 2009 y 2010 (la primera la cobraron y a la segunda renunciaron).

El fiscal tuvo que recordarle que él, sin embargo, era el administrador único de la sociedad Campo de Peñafiel y responsable, por tanto, de la misma; además de incidir en que «el único beneficiario de las subvenciones era la sociedad que usted mismo presidía». El aludido, sin embargo, insistió en su estrategia e incidió en que fueron Fernando R. G., del que aseguró que entonces ejercía como «gerente de Asaja», y una segunda trabajadora de la organización agraria, María A. F. M., «los que se encargaron de tramitar todos los expedientes relativos a Campo de Peñafiel».

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El 'acusado' por Lino, solo por él, negó de entrada que fuera «gerente de Asaja», ya que «solo era un técnico que trabajaba para ellos como autónomo», y apuntó a su jefe, que sí era presidente de la organización agraria y administrador de la sociedad patatera, como responsable absoluto del proyecto en cuestión. «Las facturas se las entregaba a Lino y en Asaja, desde luego, nadie hizo la tramitación de esas subvenciones», apuntó antes de reconocer que desconocía quién las solicitó. Sí ahondó en que «todo lo que se hacía allí relativo a subvenciones de alto nivel lo hacían Lino y su mujer».

Y precisamente la mujer de Lino Rodríguez, Ana F. H., compartió ayer banquillo con su esposo como presunta coautora de los mismos delitos, aunque tanto el fiscal como el abogado de la Junta, que ejerce la acusación pública en calidad de administración afectada por cuanto concedió la primera subvención, retiraron finalmente la acusación contra ella, lo que en la práctica supuso su absolución de todos los cargos. Ella, antes de llegar a este punto, también apuntó al supuesto gerente, que formalmente no era tal, como responsable de todo el proceso de solicitud de subvenciones relativas a la sociedad Campo de Peñafiel.

Y la cuarta aludida en este cruce de acusaciones, María A. F. M., extrabajadora de Asaja –fue despedida por Lino–, aseguró que «nunca» se encargó de «tramitar subvenciones» y apuntó también al expresidente de la organización agraria como responsable de lo ocurrido en torno a Campo de Peñafiel. «Me pidió que le mandara todo lo relativo a esa sociedad», explicó la testigo. Tanto ella como Fernando R. G. llegaron a estar imputados en esta causa durante la instrucción del procedimiento, que se prolongó durante más de treinta meses, el juez acordó sobreseer la causa contra ambos sin llevarles a juicio.

Así que Lino Rodríguez se quedó solo en el banquillo de los acusados y ahora se enfrenta a una petición por parte del fiscal de cuatro años y nueve meses de prisión por sendos delitos de falsedad en documento mercantil en concurso con fraude de subvenciones (por la primera ayuda de 783.503 euros) y fraude de subvenciones en grado de tentativa (por la segunda ayuda, de 252.592 euros, que nunca llegaron a cobrar). La acusación pública solicita, además, el pago de una abultada multa de 1.693.303 euros. La Junta eleva su solicitud de pena para él a siete años de prisión por los mismos delitos que la acusación pública. Su abogado defensor solicita su absolución. El caso quedó visto para sentencia.

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