Lino Rodríguez cargó a la tarjeta de Remolacheros gastos en un 'sex shop'

De izquierda a derecha, Lino Rodríguez, Ana de la Fuente y Fernando Redondo/Henar Sastre
De izquierda a derecha, Lino Rodríguez, Ana de la Fuente y Fernando Redondo / Henar Sastre

La jueza dio voz al expresidente de Asaja Valladolid, a su esposa y al extécnico de la organización sobre los informes policiales antes de cerrar la instrucción

M. J. Pascual
M. J. PASCUALValladolid

La jueza del caso Asaja, que llamó este martes a tres de los cuatro investigados para que apostillaran lo que quisieran respecto de los informes policiales resultado de la Operación Cebada, le preguntó a Lino Rodríguez: «¿Cómo justifica usted que se cargara a la tarjeta de Remolacheros gastos en un sex shop, en Carolina Herrera o en Max Mara, tiendas de ropa femenina?». A lo que el expresidente de Asaja respondió: «El dinero público, una vez que entra en Remolacheros, es privado y se destina a lo que se considere conveniente. Si lo aprueban los órganos de gobierno de la sociedad, no hay problema». A lo que la instructora replicó: «Esto es dinero público, procede de subvenciones públicas y usted tiene que destinarlo a los fines para los que se han percibido».

Menos elocuente se mostró el exdirigente agrario cuando se le interrogó por transferencias realizadas de esas subvenciones a sus cuentas personales, por ejemplo, para el pago de una hipoteca, aunque sí insistió en que esas tarjetas no solo eran utilizadas por él, sino también por otros directivos y técnicos de Asaja.

Los inspectores del Grupo de Delincuencia Económica han rastreado durante tres años las cuentas de Rodríguez, su esposa, el técnico Fernando Redondo y quien fuera mano derecha de Rodríguez, Gerardo Rico, quien está citado este miércoles para alegar lo que considere sobre dichos informes policiales. Además de las cuentas personales de los investigados se han analizado las 26 cuentas de la organización y de las filiales. La conclusión de esos informes policiales apuntala la tesis de las acusaciones sobre la gestión supuestamente irregular del exdirigente agrario, que estuvo 25 años al frente de la organización.

Las claves del caso Asaja

¿Qué se investiga?
Las diligencias previas del procedimiento abreviado 4668/2013 investigan el uso del dinero público que se concedió a cinco asociaciones sin ánimo de lucro 'sectoriales' o filiales de Asaja Valladolid: Derco, Ifycar, Ecoambiente y Desarrollo, Productores de Patatas de Valladolid y Remolacheros de Valladolid.
¿Cuánto dinero?
5.814.405 euros en total fueron las subvenciones públicas, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que se recibieron entre 1997 y 2013.
¿Qué subvenciones?
Las conceden el Instituto Nacional de Empleo y del Servicio Público de Empleo Estatal, y los fondos proceden de la Fundación Tripartita (Forcem)
¿Para qué eran las ayudas?
Para dar cursos de formación a los agricultores y ganaderos. Las solicitudes las realizaba ante el Ministerio la empresa Proyectos y Análisis Formativos SA pero no las justificaba.
¿Quién realizó la justificación?
Lino Rodríguez, presidente de Asaja Valladolid, que ha aportado a los autos documentos supuestamente firmados por los agricultores y ganaderos que habrían hecho dichos cursos.
¿Se realizaron los cursos?
Según el primer denunciante en Fiscalía, el extesorero Alberto Cano, no.
¿Dónde fue a parar el dinero público?
Según los informes policiales, el dinero fue transferido de una asociación a otra y este proceso se realizó por Lino Rodríguez como titular de las cuentas de todas las sociedades en cada una de las entidades bancarias.
¿Cuál es la cuantía de la supuesta apropiación?
1.852.720 euros es la suma de las cuantías acreditadas por la policía que supuestamente se llevaron de las subvenciones Lino Rodríguez y su esposa en cheques al portador, transferencias o simulando contratos de trabajo.
¿Qué gastos realizó con las tarjetas de crédito y débito?
De la cuantía total, 426.169 euros corresponden a disposiciones mediante tarjeta, de las que Lino Rodríguez era titular. La Policía para la Delincuencia Económica indican que, como en el caso de la tarjeta Business de Ifycar, la mayoría de los gastos son personales.

Pero Lino Rodríguez cambió ayer sus declaraciones de 2014, en las que había reconocido a la jueza que Asaja y las filiales «eran todo uno» para indicar, por el contrario, que cada «sectorial» era independiente y tenía su propio cuadro directivo.

Después le tocó el turno a su esposa, Ana de la Fuente, quien indicó durante su comparecencia que nunca tuvo acceso a las cuentas de Asaja ni de las sectoriales y que era Fernando Redondo quien le llevaba «los papeles hechos» a Sodeprin, la sociedad de la que es titular. Justificó también el contenido de la caja de seguridad –95.700 euros que los agentes de delitos económicos consideran que se extrajeron de una de las filiales– que fue abierta por orden judicial en junio de 2015, en que decidieron contratarla porque habían sufrido un robo en su domicilio en 2010 y en que parte del dinero que había dentro era suyo, procedente de otra cuenta. Respecto de unas compras con una tarjeta de las filiales realizada en una tienda de ropa masculina, la investigada manifestó que fue a raíz de la visita del secretario general de Asaja, Juan Sánchez-Brunete, que vino a un congreso «sin ropa» y su marido fue con él «a comprar una chaqueta».

El más elocuente fue Fernando Redondo, quien llevó «un informe aclaratorio» de 225 páginas, en las que justificó los 78 meses que tuvo la tarjeta de débito de Remolacheros, con gastos de hostelería, cajeros, viajes, peajes y representación.

Fichas de casino para agasajar a los invitados del presidente

La tarjeta de débito de Remolacheros estuvo en manos de Redondo desde 2003 y se utilizó para la intendencia de Asaja: comidas de asambleas, viajes a lugares como Varsovia, con Asaja Castilla-La Mancha, ir a ver las patatas de Dusseldorf o a un congreso a Lisboa con el sindicato agrario luso. Pero también se cargaron gastos de representación «ordenados por Lino», como las seis veces que se agasajó a unos invitados del presidente con 17.150 euros en fichas de casino. «Atiéndeles para que estén tranquilos hasta que yo vaya», rememoró Redondo sobre su papel de relaciones públicas, que duró hasta 2009. Algunos de estos invitados eran directivos de la desaparecida empresa gallega Acibro, involucrada en un macrofraude de gasóil juzgado en 2015 y cuya sentencia condenatoria ha ratificado el Supremo hace ocho días. En los informes policiales del caso Asaja figuran dos facturas de Acibro que suman 50.000 euros por compras de carburante cargadas a la filial Campo Abierto.

Redondo ha pedido a la Audiencia que se le excluya de la causa.