León, un problema para la autonomía

De hecho, si el de Castilla y León fue el último Estatuto en aprobarse ello obedeció, en gran medida, a las peculiaridades de un proceso de conformación autonómica en el que los elementos identitarios han cumplido siempre un papel muy limitado. Como señala Mariano Esteban de Vega, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca, la creación de Castilla y León como comunidad autónoma no obedeció a una dinámica reivindicativa endógena ni se hizo eco de un sentimiento regional agudo. De hecho, en él cumplieron un papel crucial las elites políticas de organizaciones suprarregionales, sobre todo de PSOE y UCD, mientras las identidades de tipo provincial gozaban –y siguen gozando– de una honda raigambre, alimentadas a su vez por los grupos de poder existentes en las capitales de provincia. Además, la estrecha imbricación histórica entre lo español y lo castellano ha limitado también el proceso de diferenciación regional.

Con estos antecedentes, el proceso autonómico fue más que tortuoso, pues a la rápida salida de Logroño y Santander se sumaron quienes pretendían segregar León y Segovia. El primer hito relevante fue la aprobación, el 13 de junio de 1978, del Real Decreto-Ley que concedía la preautonomía y establecía el Consejo General de Castilla y León como órgano político-administrativo encargado de preparar el acceso al régimen autonómico. En pleno festival de identidades regionales y nacionales, León era una incógnita, pues el PSOE no tenía una postura decidida y la UCD, dirigida por Rodolfo Martín Villa, ministro de la Gobernación hasta abril de 1979, había optado por mantenerse a la expectativa.

Iniciado el proceso por la vía lenta del artículo 143 de la Constitución, que fijaba una asunción gradual de competencias durante cinco años, tras las elecciones generales de marzo de 1979, que volvió a ganar UCD, el socialismo leonés se dividió entre los defensores de la vía uniprovincial, liderada por Baldomero Lozano, y quienes, siguiendo las directrices nacionales y regionales del PSOE, apostaban por integrarse con Castilla; fue esta última postura la que, a duras penas, se impuso en el Congreso del partido de diciembre de 1979. Más claro lo tenía la derechista Alianza Popular, liderada en León por José María Suárez González, hermano del ex ministro franquista Fernando Suárez, pues apoyó la iniciativa leonesista de crear un Consejo General de la Región Leonesa paralelo al de Castilla y León. También en Segovia, el centrista Modesto Fraile Poujade, apoyado por los hombres de AP, avanzaba en su pretensión de forzar la separación de su provincia.

La hora de la verdad llegó tras el Pleno del Consejo General celebrado en Palencia el 26 de octubre de 1979, en el que se acordó iniciar el proceso autonómico por la vía del artículo 143 de la Constitución. Ello exigía la aprobación, en los seis meses siguientes, de, al menos, dos terceras partes de los municipios cuya población representase la mayoría del censo electoral de cada provincia. Así sucedió: entre octubre de 1979 y abril de 1980, de los 2.055 Ayuntamientos de la región (excluyendo la provincia de Segovia) se pronunciaron 1.607. De ellos, 1.605 lo hicieron a favor y sólo dos en contra. Esto permitió que el 12 de mayo de 1980, los presidentes de las Diputaciones de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora entregaran al presidente del Consejo General de Castilla y León, Juan Manuel Reol Tejada, los acuerdos de iniciativa del proceso autonómico.

Con Segovia al margen del proceso, la incorporación de León a la autonomía se produjo in extremis y sin que la cuestión quedara resuelta. En efecto, el proyecto de UCD de racionalizar el proceso autonómico conteniendo la proliferación de las autonomías uniprovinciales fue fielmente ejecutado por Martín Villa, en ese momento presidente del Comité Ejecutivo Provincial de UCD, que el 28 de marzo de 1980, seis meses antes de ser elegido titular del Ministerio de Administración Territorial, forzó el apoyo de su partido al proceso autonómico en una reunión del Comité Ejecutivo celebrada en Astorga. Lo hizo esgrimiendo altas razones de Estado y haciendo causa común con un PSOE ganado también, de manos del diputado José Álvarez de Paz, a la integración con Castilla.

A continuación, en un tiempo récord, tanto la Diputación Provincial (16 de abril) como el Ayuntamiento de la capital (17 de abril) se sumaban a la iniciativa autonómica, actitud secundada en la provincia por 158 ayuntamientos de un total de 214, que representaban al 87,75% del censo. El 12 de julio de 1980 los parlamentarios leoneses volvían al órgano preautonómico después de más de dos años de ausencia. El problema, sin embargo, siguió latente, como pudo comprobarse durante los veinte meses que transcurrieron hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía (Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero).

Y es que la crisis de UCD posterior a las elecciones generales de octubre de 1982 dejó sin efecto la operación integradora de Martín Villa. Un pleno extraordinario de la Diputación leonesa, convocado el 13 de enero de 1983 por su presidente, el centrista Julio César Rodrigo de Santiago, acordaba, por 22 votos a favor (UCD y AP) y 4 en contra (PSOE y PCE), dejar sin efecto el acuerdo tomado el 16 de abril de 1980 y constituir un ente autonómico uniprovincial. El Ayuntamiento de Ponferrada hizo otro tanto el día 19; diez más tarde, 20.000 manifestantes gritaban «León solo» por las calles de la capital.

Aunque la Mesa del Congreso de los Diputados no llegó a admitir la petición de la Diputación leonesa de suspender la tramitación del proyecto de Estatuto de Autonomía, el 25 de octubre, ocho meses después de su aprobación, el Ayuntamiento de León revocaba también su acuerdo de 1980 y solicitaba el reinicio del proceso. A su vez, Segovia tenía que ser incorporada mediante la Ley Orgánica 5/1983 de 11 de marzo, por «motivos de interés nacional», de acuerdo con lo previsto en el artículo 144 c) de la Constitución. Y en junio de 1983, 54 senadores del grupo parlamentario popular presentaban dos recursos ante el Tribunal Constitucional, uno contra el Estatuto, cuyo objetivo era excluir a León de la Comunidad, y otro contra la Ley Orgánica de incorporación de la provincia de Segovia. Ninguno de ellos prosperó.