La Junta pide a sindicatos y patronal que aporten fondos si quieren extender el Serla a todas las provincias

Tras una vídeo conferencia de la comisión permanente del órgano de concertación que forman CEOE Castilla y León, CC OO y UGT junto con la Junta, la consejera convocó a la prensa para anunciar que la situación económica provocada por la covid-19 exige concentrar todos los recursos «en ayudar al mantenimiento del empleo y de las empresas».

Amigo lanzó el mensaje de que el Serla es un órgano de mediación y conciliación «propio» de patronal y sindicatos, con mediadores elegidos por las tres organizaciones, mientras que la Junta mantiene en el resto de provincias el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), atendido por funcionarios. Añadió que la sentencia del Tribunal Supremo del 30 de julio, que reconoce la legitimidad y capacidad de sindicatos y patronal para establecer un sistema de arbitraje y medicación propio, «no supone ningún tipo de responsabilidad económica para la Junta».

Insistió en que la Junta ya financia los costes del Serla en la mediación de conflictos colectivos en su sede de Valladolid con una aportación anual de más de 700.000 euros, de modo que para que el servicio llegue a todos los ciudadanos de la comunidad Amigo exige a los agentes sociales «cofinanciar los costes del Serla con contribuciones iguales de todas las partes que lo integran».

Según la titular de Empleo, ampliar el alcance del Serla –algo que es «cumplir el acuerdo firmado en enero de 2019», según tanto CEOE como CC OO y UGT– costaría seis millones de euros. En la vídeoconferencia de la comisión permanente del Diálogo Social habló de una horquilla entre seis y ocho millones de euros. Los agentes sociales mostraron su enésima estupefacción ante el cálculo, ya que recuerdan que desde los acuerdos firmados se cifró el coste en 2,5 millones.

Para que el plan de la consejera pueda materializarse sería preciso cambiar el estatus del Serla, constituido como fundación y activo desde 1997 con financiación total de la Junta.«Podemos no estar y que sigan ellos, o que la Junta participe como patrono», señaló Amigo. En su réplica, patronal y sindicatos creen que la propuesta está hecha bien por «desconocimiento» o «con mala fe».

«Lo hemos pedido por escrito porque no nos creemos», señaló David Esteban, secretario general de CEOE Castilla y León. «No sabemos de dónde salen las cifras de las que habla y no existe precedente de lo que propone en ninguna otra comunidad. Nos parece inaudito que se hable de cambiar la fundación sin explicar qué se quiere hacer con ella», detalló Esteban, quien lamentó «el desconocimiento de los acuerdos firmados» y la «incongruencia» de las propuestas de Amigo.

Para Fernando Fraile, secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras, las pretensiones de la titular de Empleo son «una nueva demostración de mala fe» y «una propuesta de ruptura». «Es una acción premeditada que va en contra de las organizaciones más representativas de la comunidad y en contra de los acuerdos firmados», manifestó Fraile.

En su opinión, el Serla es un mecanismo «moderno y eficaz que evita la agonía de los juzgados» y la propia Consejería de Empleo recoge en una orden que es aconsejable ir al Serla ante un conflicto. «Han sembrado el Diálogo Social de zancadillas –añadió–, pero en este caso a quien se perjudica es a las personas».

También para Evelio Angulo, vicesecretario regional de UGT, la propuesta de Amigo es «una provocación directa y un esperpento». «Creo que es una falta de respeto decir que nos va a convocar inmediatamente (para aplicar los cambios) cuando se han pedido tres informes –al director del Serla, a la Dirección General de Trabajo, más el de la Comisión Paritaria PP-Ciudadanos– que aún no están elaborados», señaló Angulo, para quien Amigo «convierte cada reunión del Diálogo Social en una confrontación brutal» con unos agentes sociales que han «demostrado responsabilidad y utilidad, tal y como ha reconocido hasta la Organización Internacional del Trabajo».