La Junta endurece sanciones y cierres para tratar de mantener la pandemia acotada

En ese contexto de temor a la movilidad de otro periodo vacacional, Semana Santa, se enmarca la decisión de la Junta de agravar las sanciones para los incumplidores. Para quienes, como dice el decreto de infracciones aprobado en julio de 2020, ponga el riesgo la salud de otros ciudadanos. Algunas de las infracciones graves pasarán a ser muy graves. Y las muy graves, hay que recordar, comportan «multas de entre 60.001 y 600.000 euros».

«Hasta el momento se han realizado más de 48.000 inspecciones y a 4 de marzo hay 11.700 expedientes sancionadores iniciados», recordó el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.

Habrá tiempo para tomar conciencia de la necesidad de respetar los aforos o las normas de higiene. De momento es un borrador que debe pasar por los servicios jurídicos antes de entrar en vigor. Algo que sucederá, previsiblemente, la próxima semana, o en todo caso antes de que lleguen esas temidas aunque atípicas vacaciones de Semana Santa. «El decreto nos permitirá mejorar la inspección y la actividad sancionadora, incluyendo la posibilidad de cierres preventivos de locales que incumplan gravemente las medidas de higiene, aforo o ventilación», anunció Igea. Esos cierres preventivos podrán estar vigentes mientras se resuelve el expediente, que puede derivar en una clausura del establecimiento infractor por dos o hasta por cinco años, según la gravedad de la falta. «Se trata de intentar que aquellos que cumplen las normas no se vean perjudicados por quienes las incumplen», razonó el vicepresidente de la Junta.

Y es que la situación epidemiológica es tan justita, con algunos indicadores aún lejos de permitir una relajación, que un mínimo tropezón desembocaría en una cuarta ola catastrófica. En lo sanitario, claro, especialmente en el ámbito hospitalario, pero sobre todo en lo económico. Conllevaría de nuevo unas restricciones severas que los sectores más afectados ya consideran inasumibles para su supervivencia.

Los cierres serán una medida disuasoria muy potente. Hasta ahora quedaban reservados a quienes cometieran infracciones muy graves. Traducido a una situación real: «Los incumplimientos que supongan un riesgo de contagio a 150 personas o más». Pero ahora muchas de las faltas graves aumentarán de grado. «En el nuevo decreto pasamos algunas faltas de graves a muy graves, incluimos otras graves y establecemos la sanción de cierre. Puede ir hasta 2 años en graves y de 2 a 5 años en las muy graves. Y la sanción preventiva está en vigor hasta que se tiene la sanción definitiva, que puede ser cierre temporal o sanción económica», explicó Igea.

El hilo de esperanza en esta situación crítica, sobre el filo, son las vacunas. Y no solo Castilla y León, sino toda España y Europa miran a la Agencia Europea del Medicamento, que evalúa otra de las vacunas en liza, la de Janssen. No solo porque permitiría recibir más cantidad de dosis y acelerar la inmunización, sino porque su conservación es más sencilla, a entre 2º y 8º de temperatura, y solo necesita una inyección. «Tenemos esperanzas en ella», resumía Casado, que desgranaba algunas cifras relevantes: 306.000 dosis administradas en Castilla y León; 99.643 personas inmunizadas ya al completo; el 39% de mayores de 80 años con una dosis de Pfizer inoculada. Ya están preparados los listados para incorporar a las campañas de vacunación a Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, estudiantes de Ciencias de la Salud y docentes, «cuyos datos serán migrados al sistema en breve».

Le preguntaron a Casado si se llegaría al verano con lel 70% de la población vacunada, como vaticinó el ex ministro Salvador Illa antes de emigrar a Cataluña. «Esta pregunta se la hice en el último Interterritorial a la ministra. La respuesta fue que durante el verano, a ver agosto… Mientras no tengamos las vacunas aquí es difícil de saber y comparto con ellos la duda», advirtió.