Igea no cree que sea «por azar» que 70.000 pacientes estén fuera de las listas de espera

Según los datos que maneja la Junta, 8.928 pacientes no figuraban en las listas de espera estructurales para operaciones quirúrgicas, por lo que la cifra total pasó de 22.146 a 31.074 pacientes al cierre de junio. Esto significaría que el 28,7% de los pacientes rechazaron pasar por quirófano en 2019 de forma voluntaria; cifras que aumentaron hasta el 54% en Salamanca, por ejemplo.

En cuanto al tiempo medio de espera, Francisco Igea aclaró que es, en realidad, de 80 días y no de 67, como se venía afirmando hasta ahora; con diferencias entre centros hospitalarios de hasta 30 puntos porcentuales. Por ello, el portavoz del gobierno autonómico planteó sus dudas con respecto a las razones por las que estas disparidades son tan «abultadas».

El vicepresidente y portavoz desveló que las cifras de la lista de espera de consultas son de 179.014 pacientes y no de 118.419, como figuraba en las listas estructurales –siendo la demora media de 122 día en lugar de 117–. «Existe una probabilidad muy baja de que esto se deba al azar», advirtió.

Por ello, anunció además que se reunirá la próxima semana con el gerente de Sacyl para determinar si existe un problema de registro en las esperas, o si, por el contrario, se trata de una manipulación que «tendrá consecuencias». «Si queremos arreglar los problemas de nuestra Sanidad no podemos usar información incorrecta», sentenció el vicepresidente de la Junta.

«No vamos a hacer presunciones; en todo caso, buscaremos explicaciones», afirmó, mientras que destacaba que estos datos –cuando estén disponibles– se pondrán a disposición de la ciudadanía, lo cual es un buen ejemplo de «la labor que va a realizar este Gobierno, que será transparente y accesible».

Unos datos que, sin embargo, deberían haberse conocido la semana pasada pero que, debido a la «absoluta discordancia» entre lo que se cuenta desde las instituciones y lo que perciben los ciudadanos, tuvieron que esperar a la jornada de ayer. «Tenemos un problema de accesibilidad», denunció Igea; «es una urgencia enfrentarse a la realidad del estado de nuestras cuentas».

De la misma forma, Francisco Igea avanzó que trabajará para incorporar como «falta grave» la manipulación de los datos de la sanidad pública «para que no se vuelva a producir una situación como esta». Además aseguró que el objetivo del nuevo Gobierno será que el indice de calidad de las listas de espera estructurales no sea inferior al 75-80%.

Igualmente, el portavoz anunció que la Consejería de Sanidad había cifrado la cuantía del gasto sanitario para el año 2019 en 808 millones de euros adicionales a lo recogido en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2018, que se prorrogaron en este ejercicio.

Por ello, habilitará una comisión de coordinación con las consejerías de Economía y Hacienda para «conocer la realidad» y determinar, de la misma manera, la fórmula con la que abordar la mencionada situación financiera.

Esta desviación en las cuentas de la Consejería que dirige, desde hace unas semanas, Verónica Casado ha correspondido, según Igea, al mayor gasto por la aplicación de la carrera profesional, por actuaciones en bienes y servicios o infraestructuras, y que representará unos 400 millones, aproximadamente.

Asimismo, el portavoz del gobierno de Fernández Mañueco avanzó que la Consejería de Sanidad espera contar antes del final del año con una nueva propuesta organizativa para la Atención Primaria. Una propuesta que exigiría poner en marcha diferentes actuaciones para mejorar la situación de la atención sanitaria, especialmente en el medio rural.

Según anticipó Verónica Casado en su visita al municipio de Aliste, en la provincia de Zamora, la propuesta mantendría los consultorios locales, aunque, a lo mejor, «no todos los días». «Se trata de tener varios consultorios muy bien dotados para centralizar», afirmó, añadiendo además que la propuesta –que esperaba se materializase pronto– platería una atención continuada.

En el que fue el segundo Consejo de Gobierno del recién formado ejecutivo castellano y leonés, se trataron además otros asuntos que forman parte del programa de 100 medidas para la comunidad impulsado por el Partido Popular de Fernández Mañueco y Ciudadanos, liderado por Francisco Igea.

Entre estas medidas se encontraban la elaboración de un borrador del proyecto de ley de 'Garantías de los Denunciantes', que va a mejorar, según el portavoz del gobierno, las definiciones de corrupción y establecerá en su Artículo 4 los derechos de los denunciantes, así como medidas para proteger su anonimato. Además, conformará un marco de garantías jurídicas para la regulación de estos casos.

Según informó Igea, se ha abierto también el periodo de consulta para la realización de un mapa de transportes, una propuesta que fue recogida en el punto 66 del acuerdo entre PP y Cs. De la misma forma, se convocó una reunión con el Secretario de Estado para valorar el estado del suministro de agua en la provincia de Ávila y se tuvo en cuenta la mala situación de las cosechas castellanas y leonesas de este año, por lo que se informó de que se producirá un adelanto de las ayudas de la PAC (Política Agrícola Común), que crecerán un 50%. Además, se esta negociando con Agroseguro un conjunto de medidas para evitar que el seguro de los agricultores suba más de un 20%.

Por último, Francisco Igea aseguró que las escuelas infantiles dependerán de ahora en adelante de la Consejería de Educación, según lo estipulado en el punto 33 del programa de medidas.

Por ello, el portavoz del Ejecutivo regional se mostró «muy satisfecho» por el cumplimiento del programa acordado entre las dos formaciones políticas que forman el actual gobierno de la Junta de Castilla y León (PP y Ciudadanos).