La Junta considera la última subida del Salario Mínimo un «riesgo» para las empresas

«Nunca es mal momento para subir salarios, lo que pasa es que habría que hacer hincapié por parte del Gobierno en las medidas de competitividad de la economía española, y ahí está el problema», ha defendido el portavoz del Ejecutivo de coalición de PP y Vox, que consideró clave que «el Gobierno se dé cuenta de que no puede poner a las empresas como responsables únicas de la situación económica que estamos atravesando».

Desde la Junta censuran las declaraciones públicas contra empresas, «con nombres concretos de empresarios», y acusan al Gobierno de «subir los impuestos a las empresas continuamente, como si las empresas pudieran financiar incrementos continuos de impuestos». Eso lleva, en explicaciones de portavoz autonómico, a una «pérdida de competitividad» que se traduce, según la OCDE, en un retroceso de «once puestos, si la competitividad de la economía española sube, los salarios se pueden aumentar incluso más. Si se suben impuestos, se ponen en riesgo la competitividad y se habla mal de los empresarios, baja la competitividad», manifestó el portavoz.

«Siempre que se suban salarios es positivo, pero esto tiene que venir acompañado siempre de medidas de mejora de competitividad... Lo que hace el Gobierno son medidas que lo que hacen es poner en riesgo la competitividad», señaló Carriedo. «Si seguimos castigando a las empresas, pues estaremos en una situación como la actual donde los trabajadores pierden poder adquisitivo», remarcó.

El consejero portavoz afeó a los responsables del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos su «falta de diálogo» para acordar esa subida del SMI. «Ni siquiera se ha escuchado a una de las partes», apreció, en referencia a la patronal CEOE.

A las pegas al contenido en sí del incremento del SMI y a la falta de otras medidas tributarias estatales que equilibre el retroceso que desde la Junta avanzan que supondrá en la competitividad empresarial, el portavoz del Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco criticó las formas en la que se ha plasmado la subida salarial. «Ni siquiera se ha escuchado a una de las partes», precisó Carriedo tras asegurar que echaba en falta diálogo en un proceso que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha culminado con los sindicatos UGT y CC OO y del que se ha desmarcado la patronal CEOE.

No ha sido la única crítica hacia la titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social. No ha gustado en la Junta su visita a Valladolid, este miércoles, en la que Díaz se reunión con dirigentes autonómicos de los sindicatos y también de CEOE Castilla y León para analizar el riesgo de cierre del Servicio de Relaciones Laborales (Serla) por la falta de financiación de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo que gestiona Vox. Este organismo facilita la resolución de conflictos colectivos en la negociación de convenios o huelgas, e individuales cuando hay despidos sin acuerdo, aplicando la mediación para evitar tener que recurrir a los jueces. Acorta plazos de resolución y descarga la vía judicial. Yolanda Díaz avanzó que llevarán a la Junta ante los tribunales si pone en riesgo el servicio de arbitraje laboral suprimiendo el Serla.

«No vamos a aceptar ni tolerar que el Gobierno vaya a otras comunidades autónomas anunciando inversiones y venga a Castilla y León sin anuncio de inversiones y siempre con críticas a los que en esta tierra han elegido un Gobierno democrático para gobernar su comunidad autónoma», replicó Carriedo, antes de añadir que la idea «clara» en el seno del gabinete autonómico es que la Junta «garantiza la prestación del servicio de mediación laboral en nuestra comunidad autónoma» y que hay compromiso de «realizar las aportaciones económicas que se pudieran acordar».

¿Desde qué consejería pueden llegar esos fondos una vez que el consejero Mariano Veganzones ha confirmado que esa labor la pueden efectuar técnicos de su departamento? Carlos Fernández Carriedo, que fue consejero de Empleo en el último Gobierno de Juan Vicente Herrera con la Fundación Serla bajo su responsabilidad, terminó reconociendo que es el actual titular de Industria, Comercio y Empleo el interlocutor de los sindicatos y la patronal autonómica para mantener vivo el Serla, aún abierto, pero con un asfixia económica que lo aboca al cierre.

Responsables de la patronal autonómica y de los sindicatos han instado a Alfonso Fernández Mañueco a que la parte de gobierno del PP asuma el socorro al Serla por la repercusión que podría tener en la economía regional su eliminación. La posición oficial de la Junta es no desautorizar a Veganzones.