El juez abre el proceso para averiguar y embargar los bienes de los acusados por la Perla Negra

l magistrado César Gil Margareto, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, ha iniciado el proceso para la averiguación de bienes y posterior embargo de los doce imputados por el caso de la Perla Negra, en el que están acusados los exviceconsejeros de Economía de la Junta Rafael Delgado y Begoña Hernández, así como otros ex altos cargos y empresarios. El juez abre así la pieza separada dentro del procedimiento penal para garantizar la fianza impuesta de 18 millones de euros, para la que había acordado un plazo de 24 horas en el auto de apertura del juicio oral.

A diferencia de las fianzas carcelarias para salir de prisión, en este caso las 24 horas fijadas por el magistrado corresponden a un plazo estándar para abrir una pieza de responsabilidad civil y comenzar de manera efectiva la investigación del patrimonio de los imputados. «Es obvio que no iban a depositar los 18 millones, pero hay que dar ese plazo para abrir el proceso de averiguación de bienes y el posterior embargo», señalan fuentes judiciales. Transcurrido ese lapso, el juzgado empezará ahora a determinar los bienes de los doce acusados para el posterior embargo de bienes que garantice el pago exigido por sus responsabilidades civiles en el caso de que sean condenados. Este procedimiento será lento, ya que se investigarán los registros de propiedad y, en el caso de que sean titulares de tierras o viviendas compartidas con familiares por una herencia, solo se les podrá embargar la parte que les corresponda.

El caso de la Perla Negra investiga presuntos delitos de prevaricación, malversación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude a la Administración en el edificio de la antigua Agencia de Desarrollo Económico (ADE) en Arroyo de la Encomienda –conocido como la Perla Negra– y en los terrenos del parque industrial de Portillo (Valladolid). El PSOE, que ejerce la acusación particular, solicitó ayer responsabilidades políticas al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al portavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz.

Ana Sánchez, portavoz socialista en la comisión de investigación parlamentaria sobre estas tramas, recordó ayer que cuando se cometieron los hechos Fernández Mañueco «estuvo allí como consejero de la Presidencia», entre 2001 y 2007, y como titular de Interior y Justicia entre 2007 y 2011. «Estaba sentado en el Consejo de Gobierno con los investigados», señaló, según recoge Europa Press.

A juicio del PSOE, este caso es uno más de la larga lista de la «corrupción instaurada por la Junta» a lo largo de 32 años, en un «desfalco de 1.100 millones» para las arcas públicas, que incluye también el sobrecoste del HUBU, la trama eólica y la Ciudad del Medio Ambiente en Soria.