Igea pide al fiscal que investigue si la Junta prevarica al obligar a RTVCyL a subir salarios

Este viernes, la Consejería de la Presidencia emitió un comunicado oficial relativo a la financiación pública otorgada a la empresa privada Radio Televisión Castilla y León (RTVCyL), concesionaria del servicio de TDT en la comunidad, según el cual se produce un incremento de los 21,3 millones actuales a los 23,4 millones de los próximos dos años, a los que se sumará casi 1,1 millón de euros más en concepto de atrasos por la no actualización en 2024. El aumento está comprometido a que se dedique un 60% a mejorar las retribuciones de los trabajadores y un 30% del mismo a mejorar los medios materiales y técnicos que utiliza el canal de televisión.

Igea estima que «la medida propuesta no cuenta con base legal conocida ni habilitación normativa que autorice a la administración autonómica a imponer condiciones internas en los acuerdos laborales de una empresa privada». Así, señala que tras asistir a la reunión de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la TDT ha «advertido reiteradamente de la dudosa legalidad de la medida adoptada, habiendo votado en contra de la misma». La comisión aprobó incrementar la financiación pública de la televisión privada con los votos del PP, PSOE y Soria Ya.

Para el procurador ex de Ciudadanos y ahora no adscrito «esta actuación podría suponer una injerencia en la negociación colectiva y vulneración del principio de autonomía sindical recogido en el artículo 37 de la Constitución Española»; así como «una posible desviación de poder en el otorgamiento de subvenciones públicas, empleadas para fines distintos a los previstos legalmente».

De esta manera solicita al Ministerio Fiscal que abra «diligencias de investigación para determinar si los hechos descritos» pudieran incurrir en «un eventual delito de prevaricación o malversación de caudales públicos, si se confirmara la irregularidad en el destino o motivación de dichos fondos» y espera que la acusación pública «en su caso, promueva las acciones legales que procedan».

En la reunión de la comisión celebrada ayer, PP y PSOE unieron sus votos para dar el visto bueno al incremento de la financiación de RTVCyL y las condiciones para la subida, si bien los socialistas no estuvieron de acuerdo con la memoria de 2024 y dijeron apoyar el aumento porque «va condicionado a la mejora en las condiciones laborales y salariales de la plantilla y será revisado su cumplimiento en un plazo de tres meses».

Desde la Junta señalaron que el incremento de la ayuda que ha sido propuesto «no va a ser de libre disposición para la empresa RTVCyL», pues la comisión de la TDT, siendo «consciente de la situación de conflictividad laboral existente con los trabajadores», y respetando en cualquier caso la «autonomía y la libertad de las partes negociadoras», ha «condicionado» dicho incremento a la propuesta empresarial de mejora de sus condiciones de trabajo, para «favorecer así la consecución del acuerdo negociador».

Por un lado, el factor objetivo de actualización que ha seguido la comisión para el incremento de la ayuda, precisamente por la naturaleza de ese conflicto laboral, ha sido la variación e incremento del salario mínimo interprofesional los dos últimos años, que ha sido de un 5% en 2024 y de un 4,4% sobre el acumulado en 2025.

El Gobierno autonómico toma este índice como referencia debido al condicionamiento del destino de un mínimo del 90% del incremento que la empresa ha de proponer a los representantes de los trabajadores: un 60% a la subida de los salarios y, además, un 30% a la modernización de los medios materiales y técnicos que utilizan. Dentro de la cuantía para la mejora de las retribuciones también se aprobó que un 56% se dedique a la mejora de los trabajadores que estén dentro del convenio colectivo, mientras que el 4% restante ha de destinarse a las de los trabajadores fuera del convenio, según informa Ical.