Las fiscalías de la comunidad mantienen abiertas siete investigaciones sobre residencias de ancianos

Las fiscalías de Castilla y León mantienen abiertas siete investigaciones penales sobre residencias de ancianos por presuntas irregularidades en la atención a los usuarios o por fallecimientos de residentes a causa del coronavirus, mientras que otras seis han sido archivadas en los últimos días. En Valladolid se concentran tres investigaciones en trámite, mientras que las provincias de Ávila, León, Palencia y Salamanca se registran un caso en cada una.

A nivel nacional, la Fiscalía mantiene 109 investigaciones penales abiertas sobre la gestión de la pandemia de coronavirus en residencias de mayores. El mayor número de diligencias se concentra en Madrid, donde hay 42 abiertas, y en Cataluña, con 24. Por detrás se sitúan Castilla-La Mancha (diez), Galicia (once), Castilla y León (siete), además de Extremadura (cuatro), Baleares (una), La Rioja (una), Aragón (tres), Canarias (dos) y Cantabria (una).

El número de diligencias se ha incrementado en las últimas semanas como consecuencia principalmente de las denuncias interpuestas por familiares y trabajadores de estos centros, así como por las presentadas por representantes políticos, en especial Vox, y por asociaciones como el Defensor del Paciente.

La fiscal superior de Castilla y León, Lourdes García Rey, comparte en este asunto la opinión de la Fiscalía General del Estado, desde donde se ha destacado el carácter prospectivo y muy genérico de la mayoría de las denuncias interpuestas con relación a las residencias de ancianos.

En cuatro a procedimientos judiciales, en los juzgados de la Comunidad se han abierto diligencias previas en Valladolid, donde fueron sobreseidas por el Juzgado de Instrucción número 6, y León, donde la denuncia de Vox político fue archivada. Además, el Juzgado número 1 de Arenas de San Pedro (Ávila) mantiene diligencias previas sobre una residencia, al igual que el Juzgado de Primera Instancia de Almazán (Soria) y el de Briviesca (Burgos).

Por otra parte, Lourdes Rodríguez explicó que desde el inicio de la actual situación de emergencia sanitaria desde las fiscalías se ha venido realizado un seguimiento permanente de la situación de las residencias de ancianos por tratarse de un colectivo vulnerable y ante el alto número de fallecidos.

En el caso de la comunidad, este seguimiento se realiza por el fiscal delegado de Civil, que es el encargado de pedir datos a las administraciones y ponerlos a disposición de las fiscalías provinciales para su análisis.

Este seguimiento permanente de la Fiscalía ha generado que en provincias como Burgos, Valladolid y Soria se abrieran expedientes gubernativos, además de uno iniciado por la Fiscalía de Castilla y León, mientras que en el resto de provincias se abrieron diligencias preprocesales.