El escudo de los ERTE sitúa los despidos en mínimos históricos
Las extinciones colectivas caen a sus registros más bajos y se concentran en el comercio y la banca; mientras que las individuales afectan a la venta al público y la hostelería
Ha dicho el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi que «ningún empresario quiere despedir», pero que «a veces hay que hacerlo» porque, sobre todo en el caso de algunas pymes, «si no, lo que cierra es la empresa». Desde el estallido de la covid, el sector privado ha contado también con el mecanismo de ayudas de los ERTE para evitar la debacle del mercado laboral y, entre unos y otros, el sistema ha funcionado. Pese a que algunas de las dificultades de la pandemia han seguido dando coletazos hasta hace bien poco, los despidos individuales han caído en la comunidad a mínimos de 14 años y las extinciones colectivas, a su cifra más baja de la historia. En el arranque de 2022, justo antes del comienzo de la guerra en Ucrania, aún se mantenía la tendencia positiva.
Habrá que esperar unos meses para conocer qué sucede en las últimas semanas y cómo influye la decisión del Gobierno de volver a echar mano de la medida que más ha hecho por salvaguardar el empleo en lo peor de la emergencia sanitaria: la prohibición de plantear despidos objetivos por parte de aquellas empresas que recurren a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de la covid.
Ahora, según el Real Decreto-ley con el plan de respuesta a la guerra, las empresas que reciban ayudas directas no podrán argumentar el aumento de los costes energéticos como causa objetiva de despido hasta el próximo 30 de junio y deberán reintegrar el dinero si incumplen esta obligación. En idéntico sentido, la norma establece que las empresas que se acojan a un ERTE por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público tampoco podrán utilizar estas causas para despedir a trabajadores.
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408 trabajadores sufrieron un despido colectivo el año pasado, la cifra más baja desde antes de la crisis inmobiliaria e inferior a los 1.006 del año 2019
Gracias a la combinación de factores del escudo social y la respuesta empresarial ante lo que se presentaba como una crisis insólita, que se preveía no demasiado larga pero de tintes trágicos por sus mortales consecuencias, el mayor coste laboral de la covid lo han pagado los trabajadores con contrato eventual. Las plantillas fijas, en el caso de Castilla y León, apenas se han visto afectadas, con unos números en 2021 que ni siquiera se daban durante la gran bonanza previa a la crisis financiero-inmobiliaria de 2008.
Los 408 trabajadores que se vieron inmersos el año pasado en un ERE de despido colectivo suponen la cifra más baja de la serie histórica. En 2020 ya habían sido un número muy reducido (438) y en ninguno de los dos casos tiene nada que ver con los 1.006 despidos por ERE de 2019 ni con los 919 con que terminó 2015, cuando despegaba la recuperación. El año 2011 permanece como el que más expedientes de extinción de contratos grupales tuvo en la comunidad, con 4.137 trabajadores que perdieron su empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción.
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5.889 personas fueron el año pasado objeto de un despido individual en la comunidad, frente a los más de 9.300 contabilizados antes de la pandemia
Desde marzo de 2022, las exenciones en la cotización a la Seguridad Social de los expedientes de regulación temporal de empleo del mecanismo RED oscilan entre el 20% y el 90%, dependiendo de factores como el número de trabajadores de la empresa o si ésta pone en práctica acciones formativas.
Ese nuevo mínimo de trabajadores afectados por despidos colectivos se produce a la vez que descienden también con fuerza quienes pasaron por un ERTE de suspensión de contrato o reducción de jornada, que bajan hasta 1.701, frente a los más de 48.000 del año anterior. Más del 40% de quienes perdieron su trabajo pertenecían al comercio y reparación de vehículos, con las actividades financieras y las administrativas y de servicios auxiliares por encima del 10%.
Despido improcedente
Cuando el empresario no consigue demostrar el incumplimiento por parte del trabajador, o no ha seguido los requisitos legales para este procedimiento. Tiene 33 días de indemnización con un máximo de 24 mensualidades
Despido objetivo
Se debe a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción justificadas por la empresa; o a una falta de adaptación a los cambios técnicos del trabajador y tiene una indemnización de 20 días por año de servicio, con 12 pagas como máximo
Despido colectivo
Afecta a al menos diez trabajadores en las empresas de 100 o al 10% de la plantilla en las que tengan entre cien y trescientos trabajadores. Tiene 20 días por año de indemnización, con máximo de 12 pagas
Despido disciplinario
Se produce como consecuencia de un comportamiento grave y culpable del trabajador y no tiene indemnización
Despido nulo
La causa que lo provocó está relacionada con discriminaciones prohibidas en la ley o se ha producido una violación de los derechos fundamentales del trabajador. Conlleva la reincorporación del trabajador a su puesto
En el comienzo de 2022 se mantenía la bajada, con 10 trabajadores despedidos mediante un ERE (frente a los 34 de un año antes), cuatro de ellos en Ávila y cinco en León; unos números que ponen de manifiesto que las empresas más afectadas son pymes.
Por otro lado, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se hizo cargo el año pasado del finiquito y las indemnizaciones de 2.168 trabajadores de la región cuyas empresas (826) se disolvieron tras entrar en suspensión de pagos. El fondo que se financia con las cuotas de empresas y trabajadores abonó en la comunidad 5,1 millones en salarios pendientes y 10,4 millones en indemnizaciones.
Balance individual
Otros 5.889 trabajadores castellanos y leoneses fueron objeto de un despido individual en 2021, una cifra que retrotrae a los tiempos anteriores a 2008 (ese año fueron 6.250 los afectados, por los 4.739 de 2007). Los trabajadores que han sufrido un despido individual han ido menguando desde los 9.379 registrados en 2019 a los 7.496 de 2020 y los menos de seis mil del año pasado, según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo.
El comercio acaparó cerca del 20% de los procesos de despido individual, con bares y restaurantes por emcima del 6%. En Castilla y León, la mitad de los casos (2.894) se saldaron con avenencia de empresa y trabajador y la cantidad media recibida por persona fue de 14.028 euros, frente a los 20.921 de media nacional.
