El escaño 82: viento de vuelta

(*Cada semana, Susana Escribano -experta en los entresijos políticos y conocedora de los protagonistas de la actividad parlamentaria en la comunidad- escribe sobre las claves políticas de Castilla y León. Si eres suscriptor, apúntate aquí a esta newsletter.)

Las Cortes de Castilla y León reestrenan esta legislatura otra comisión de investigación sobre las concesiones de parques eólicos a propuesta de Cs y PP, porque así lo aceptó Alfonso Fernández Mañueco para presidir el gobierno bicolor. Digo otra, porque en septiembre de 2015 echó a andar la que pretendía investigar la Trama Eólica. La solicitó el PSOE. De fondo, el cobro de comisiones ilegales estimado por la Fiscalía Anticorrupción en 81 millones de euros (110 según la Agencia Tributaria) y una instrucción judicial que implica a altos cargos de la Consejería de Economía y Empleo que dirigió el vicepresidente Tomás Villanueva, incluido este, que falleció en septiembre de 2017, semanas antes de tener que acudir a declarar al juzgado por este asunto y por la compra del edificio conocido como la 'Perla Negra' en honor a la película 'Piratas del Caribe'. Ambos procedimientos comparten protagonistas.

Aquella comisión de investigación generó expectación. Lógica tras 18 años en los que la mayoría absoluta del PP bloqueó, entre 1997 y 2015, la creación de hasta 16 comisiones solicitadas por la oposición. Los populares perdieron esa mayoría absoluta en 2015, pero mantuvieron un empate a escaños con la oposición en el hemiciclo. No podían oponerse a las comisiones de investigación (salieron adelante la de sobrecoste del Hospital de Burgos y una tercera sobre las malogradas cajas de ahorro), pero ese equilibrio de fuerzas hizo que nada se moviera en ellas si el PP no estaba de acuerdo. O lo que es lo mismo: se hacía lo que el PP quería.

Y en la de la Trama Eólica se hizo muy poco. Nada salvo estudiar documentación y expedientes. Ni una comparecencia. Hasta el punto de que el PSOE pidió amparo al Tribunal Constitucional porque no se convocaba y el alto tribunal obligó a las Cortes a reactivarla en febrero de este año, con la legislatura casi agotada. El efecto práctico fue nulo.

Como en las tardes taurinas de relumbrón, la expectación por la comisión acabó en decepción. Y la resurrección de esta investigación parlamentaria, ahora, en excepticismo para cualquiera que viera desde cerca cómo funcionó y qué resultado logró la difunta.

Para el PP prevaleció siempre el argumento de que mientras el asunto no se cerrara judicialmente era bobada citar en las Cortes a personas que no iban a responder a cuestiones que podían perjudicarles ante el juez. Eso no ha cambiado. Y el criterio popular, según ha expresado su portavoz en las Cortes, Raúl de la Hoz, que fue miembro de aquella comisión de investigación, tampoco. Lo resumió hace unos días: las labores parlamentarias no pueden entorpecer una instrucción judicial.

Alfonso Fernández Mañueco también fue claro en la entrevista que publicó El Norte de Castilla el último domingo de septiembre, al explicar lo que va a aportar una comisión de investigación sobre concesiones eólicas después de que no avanzara nada la de la pasada legislatura. «Lo que no queremos es que haya la más mínima sospecha sobre este asunto y sobre cualquier otro. Estoy a disposición de las Cortes e iré siempre que se me requiera para dar explicaciones. En este asunto tengo poco que decir, pero bueno...», respondió.

Vamos, que no es por no ir. Ni por no investigar. Más cuando quien plantea esta comisión, otra para indagar sobre cómo se ha repartido el dinero para promoción y publicidad entre los medios de comunicación y una tercera para analizar en qué se han invertido los fondos que recibían las comarcas mineras son Cs y PP. El Gobierno para, en el ámbito popular, autoinvestigarse. Un caso práctico para el estudio de la ciencia política. Quizás entendible si consideramos que tres comisiones de golpe obran un efecto profiláctico, de vacuna, ante posibles peticiones de la oposición sobre investigaciones más ingratas. Con menos procuradores (81 frente a 84) y similares medios difícilmente pueden las Cortes asumir alguna más que las tres de la legislatura pasada.

Ana Carlota Amigo, portavoz de Cs, afirma que urgirán resultados en estas comisiones. Confía en que sople viento a favor de la transparencia y no el cierzo áspero y helador que arreó a las de la legislatura pasada. Puede preguntar a su compañero José Ignacio Delgado o al currante Manuel Mitadiel, hoy gerente de Sacyl, a favor de quién soplaba el viento. Para evitar confiarse y que un remolino parlamentario desbarate las buenas intenciones.