Castilla y León

Del error en la vacuna al bache del accidente, las reclamaciones de indemnización a las administraciones

«Es una manera de defender los derechos más próximos, más cercanos al día a día del ciudadano. Quien decide finalmente va a ser la Administración, pero hay un dictamen muy importante, que es el del Consejo Consultivo, con un peso muy grande en el procedimiento por la autoridad de su base jurídica. Las administraciones suelen cuidarse mucho de seguirlo», explica Agustín Sánchez de Vega, presidente de esta institución autonómica, a la que llegan las reclamaciones contra la Junta que superan los 6.000 euros de indemnización, límite que baja a 3.000 euros en el caso de diputaciones y ayuntamientos. Otros consejos reducen el número de expedientes que enjuician al subir la cuantía mínima. En Castilla y León analizan muchos más y Sánchez de Vega incide en lo que flexibilizar ese requisito supone de garantía para los ciudadanos.

Esas peticiones se presentan ante la administración demandada (hay un año de plazo para hacerlo) y su tramitación recala en el Consejo Consultivo de Castilla y León como penúltima y decisiva estación. Allí valoran todo el expediente y concluyen con un dictamen que con una propuesta de denegación o de aceptación parcial o total de la reclamación del ciudadano (utilizan las tablas de indemnizaciones de la legislación de Tráfico). Si ven base en la reclamación y desde la Junta o el Ayuntamiento aludido se mantienen en sus trece de no pagar, ese dictamen allanará el camino al recurrente si decide acudir a los tribunales.

La casuística de los expedientes favorables es amplia, desde el daño moral por la desazón de un error en la inmunización frente al neumococo de una bebé, al accidente de tráfico con origen en una calzada en mal estado o un error de diagnóstico sanitario. También hay desestimaciones, como la caída de un ciclista 'atropellado' por un animal salvaje.

El coste que supone el daño moral se abre paso en las indemnizaciones. El Consultivo reconoció el perjuicio sufrido por los padres de una bebé de 2 meses a la que le administraron por error la vacuna frente al neumococo que se pone a los adolescentes de 14 años. El Pneumovax 23 en lugar del Prevenar 13. Al cuarto de hora sufrió una reacción adversa y estuvo en el hospital 24 horas ya con síntoma leves y constantes normales. La Junta proponía desestimar la reclamación, pero desde el Consultivo concluyeron que no había lesiones susceptibles de indemnizar, pero sí un daño moral por la angustia y el desasosiego de los padres, que estimaron en 1.000 euros.

Una paciente a la que se extirpó en quirófano, tras acudir a Urgencias y ser diagnosticada de apendicitis aguda, parte del intestino grueso en una hemicolestomía, porque la biopsia del apéndice arrojó que tenía un adenocarcinoma (tumor cancerígeno) reclamó indemnización a la Consejería de Sanidad, porque al envíar a analizar la parte extirpada de intestino se desestimó el diagnóstico de cáncer y se sustituyó por una diverticulitis aguda. La paciente tuvo que volver al quirófano meses después por una hernia fruto de esas intervenciones anteriores. Presentada la reclamación, la aseguradora de la Administración valora el daño en 32.910 euros, lejos de los 150.303 euros que demandaba la afectada. El dictamen del Consejo da la razón a esta última y recoge el «daño moral», que suman a las lesiones, por el error de diagnóstico.

Clase de Educación Física en un instituto de Secundaria. El profesor plantea una partida al juego del pañuelo y una de las escolares participantes frena, tras un empujón en el que no se aprecia intencionalidad de un compañero, contra una mesa de pimpón próxima a la «línea de detención» del campo de carreras. El suelo está, además, desgastado y resbala. Pierde tres dientes. La factura del odontólogo ascendió a 8.295 euros. Educación considera el accidente «fortuito». En el Consejo Consultivo, tras analizar el expediente y valorar las fotos, concluyen que hubo «causalidad» entre los daños y una «disposición inadecuada de las mesas». Proponen el pago de 3.660 euros, porque la atención del dentista incluyó una parte de ortodoncia previa a la colocación de dos implantes y tres coronas dentales. Esto último es lo que se aprueba abonar.

El Consultivo dio la razón a los hijos de un residente de 94 años con dependencia severa que vivía en un centro de mayores de titularidad de una diputación provincial (el dictamen no indica cual) y que falleció después de que uno de los vigilantes de seguridad dejara abocada la silla de ruedas ante una escalera, sin echar el freno. El abuelo maniobró la silla y cayó, siendo atendido de varias fracturas, una de ellas de cráneo. No superó las lesiones tras este accidentes y murió tras ocho días hospitalizado. Todo quedó grabado por el circuito de cámaras del centro. Los responsables de la Diputación alegaban que no había obligación de acompañar al mayor, pero se avenían a abonar 13.424 euros de indemnización, frente a los 79.016 que reclamaba la familia del fallecido. El Consejo estimó parcialmente la reclamación y elevó lo que ofrecía la Administración, pero atendiendo a la edad y la esperanza de vida de la víctima, sin llegar a lo que pedían los hijos.

Un festejo taurino en honor a la Virgen de septiembre (la localidad no se indica) acabó en forma de reclamación por un toro escapado que 'cosechó' antes de tiempo una plantación de maíz dulce a base de carreras y revolcones. A ese destrozo se sumó que hubo que sacar a la res persiguiendo al astado con un tractor. El agricultor adjuntó la valoración económica de la empresa que iba a recolectar el producto. La aseguradora del Ayuntamiento estimó el daño en 4.000 euros, cuantía sobre la que alegó el labrador para subirla hasta 9.200 euros. Desde el Consejo Consultivo estimaron parcialmente la reclamación del afectado tras valorar las peritaciones y recrecieron en 600 euros los 4.000 que ofrecían los responsables del festejo.

Quemaduras en el brazo, la espalda y los glúteos y heridas a causa de los cristales rotos. Eso reflejó el parte médico de una de los músicos de una banda municipal que estaba bajo un foco que estalló en un teatro. Iban a iniciar el ensayo de una actuación. La afectada reclamó 19.480 euros por gastos médicos y perjuicio estético. La aseguradora municipal reconoció el siniestro, pero ofreció una cantidad menor: 10.183 euros. En el Consultivo valoraron las circunstancias y la tablas de indemnización por secuelas y retocaron esa cuantía para situarla en 10.563 euros.

El accidente de un motorista que derrapó en una ciudad al aproximarse a un paso de peatones llegó al Consejo Consultivo después de que el afectado, que fue auxiliado por agentes de la Guardia Civil y aportaba fotografías del lugar y partes médicos, reclamara 6.541 euros por entender que el accidente lo provocó el mal estado de la calzada. Tuvo que estar de baja y la moto necesitó reparaciones en el taller. Se le indemnizó con la cuantía que solicitaba.

Los daños ocasionados en un accidente por la irrupción de un animal en la calzada suelen afectar a coches, camiones, furgonetas. En este caso, el afectado es un ciclista que pedaleaba en grupo y el animal que se lo llevó por delante fue un ejemplar de cabra montés. El parte médico de la embestida refleja costillas rotas, erosiones y contusiones por todo el cuerpo, pérdida de consciencia y de tres piezas dentales. El animal procedía de los terrenos de una reserva regional de caza. En el expediente consta que hay señalización en la carretera sobre el peligro de invasión de la calzada por parte de fauna salvaje. El ciclista reclamaba 14.959 euros por lesiones, daños a la bicicleta y «lucro cesante». Había una romería en las inmediaciones que pudo «soliviantar» al animal, pero no se había comunicado oficialmente por lo que la Administración no podía tomar medidas, más allá de esa señalización profusa de la calzada. El Consultivo estimó que la responsabilidad de ese accidente no se podía «imputar suficientemente» a la Administración y desestimó la pretensión del ciudadano.