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Sara Aagesen, ministra de Transición Ecológica, se hace un selfi con los bomberos forestales en Ponferrada, este martes. Peio García-Ical

Las cuentas autonómicas aceleran los cambios en política forestal para mitigar el efecto de los incendios en las urnas

Mañueco anuncia que todo el operativo será público en tres años y se reconocerá la categoría de bombero forestal

Antonio G. Encinas

Valladolid

Martes, 14 de octubre 2025, 19:40

A Juan Carlos Suárez-Quiñones le persigue en las redes sociales un recorte de prensa, de una entrevista suya en Diario de Castilla y León en 2018, en la que el titular dice: «Mantener un operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro». Tres años después, en 2021, se quemaron 22.000 hectáreas en Navalacruz (Ávila). En 2022, 60.000 en dos incendios en el plazo de un mes en la Sierra de la Culebra (Zamora). En 2025 han sido 140.000 hectáreas por toda Castilla y León, con especial incidencia en León (El Bierzo, sobre todo), Zamora, Salamanca y Palencia.

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El pasado mes de septiembre, el consejero de Medio Ambiente defendía en el Pleno que el operativo ha duplicado su inversión desde el año 2022, hasta alcanzar los 126 millones (desde 65) y que esa mejora se ha aplicado siguiendo lo firmado con los sindicatos y la patronal. Un operativo público al 70% y privado al 30%, dijo. Pero en el último Pleno de septiembre en las Cortes se aprobó, a instancias del PSOE, una proposición no de ley que instaba a la Junta a reconocer la figura de bombero forestal y a mantener un servicio público de prevención y extinción de incendios.

Esa proposición tenía seis puntos. El primero comenzaba: «Transformar el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de la Junta de Castilla y León en un operativo público, permanente y estable durante todo el año, antes del 31 de diciembre de 2025». Y a continuación, reconocer la categoría profesional de bombero forestal.

PP y Vox se abstuvieron. El resto del hemiciclo votó a favor.

Este martes, en la presentación de los presupuestos, Alfonso Fernández Mañueco acató el mandato parlamentario y anunció que las cuentas autonómicas recogerán todas estas peticiones. De este modo, la Junta ejecuta una especie de autoenmienda a la labor de su consejero Suárez-Quiñones. Mañueco anunció «inversiones en el operativo para prevención y lucha contra los incendios, más medios aéreos, helicopteros, más drones, más unidades helitransportadas». También una nueva «organización comarcal de prevencion y extinción reforzada».

Y especialmente, lo tocante a los profesionales. «Mejores condiciones laborales y retributivas de quienes están al pie del cañón, reconocimiento de la categoría de bombero forestal, paso de fijos discontinuos a fijos y paso, en tres años, de los profesionales del sector privado al sector público». Un trasvase que se hará en tres años, explicaron Mañueco y el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, porque hay contratos con empresas privadas que alcanzan esa duración temporal.

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«En el año 2022 hicimos un análisis sereno y sosegado dentro del Diálogo Social -con sindicatos y patronal- y llegamos a un acuerdo, que se ha ido aplicando en 2023 y 2024. En 2025 íbamos a hacer ese mismo análisis. Se nos dijo que había cuestiones relativas al operativo que afectaban a las relaciones laborales y eso es lo que hemos hecho. El consejero de Presidencia [Luis Miguel González Gago] ha tenido varias reuniones con los representantes sindicales y vamos a atender sus reivindicaciones», ratificó después a preguntas de los periodistas.

La presentación del proyecto de ley de presupuestos coincidió con la visita de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, a Ponferrada, con motivo de la 'Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática'. Allí se encontró con representantes de los bomberos forestales, que aprovecharon el foro para plantear sus reivindicaciones. «Exigimos que se estabilice al operativo trabajando 365 días, desaparezcan las empresas intermediarias, sea cual sea su naturaleza, pasando a ser personal laboral de la Junta, ampliación en personal y medios del operativo y que se dignifique su profesión», explicaron, con la aplicación de «coeficientes reductores, salarios acordes a la peligrosidad y penosidad del trabajo, logística y planificación adecuada en los incendios».

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