El Consultivo emite un dictamen muy crítico sobre la Oficina contra el Fraude que ultima la Junta
El órgano que vela por la legalidad de la actuación de las administraciones autonómicas echa en falta la valoración del coste del nuevo ente, que promueve la consejería de Francisco Igea, y detecta errores de redacción y en conceptos que generan inseguridad jurídica
La Junta no podrá usar la fórmula «de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León» en el proyecto de ... ley por el que se creará la futura Oficina de Prevención y Lucha Contra el Fraude si no corrige aspectos vertebrales del texto. Así lo expone el análisis oficial en el que el órgano de control jurídico desmenuza, a lo largo de 56 páginas, el anteproyecto impulsado desde la Consejería de Transparencia que dirige el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea. La iniciativa persigue la puesta en marcha de «un ente público» que actúe sobre «el fraude y la corrupción», calificados en ese anteproyecto como «uno de los males endémicos en las Administraciones públicas», según recoge en su exposición de motivos.
Lo primero que echa en falta el Consultivo es la ausencia de cuantificación de los costes de creación de esta Oficina. El dictamen refleja la «omisión» de previsiones de gasto de personal de la Consejería de Transparencia a la propia Dirección de Presupuestos de la Junta, por lo que no puede dar por cumplido que la Consejería de Hacienda haya informado sobre el impacto presupuestario que tendrá ese ente. Ese informe es obligado. Este es el primer reparo que debe subsanar Transparencia.
El Consejo Consultivo de Castilla y León está presidido por el jurista salmantino Agustín Sánchez de Vega y en el pleno le acompañan María del Valle Ares y Francisco Ramos como consejeros electivos y Juan Vicente Herrera, que tiene la condición de consejero nato en calidad de expresidente de Castilla y León.
Sobre el ámbito de actuación de esa futura Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, que abarcaría todos los entes públicos de la comunidad y las personas físicas y jurídicas que reciben fondos autonómicos, el órgano que ejerce el control de calidad jurídico indica que no es posible legalmente que la Oficina extienda sus funciones a todos los entes que prevé.
El dictamen del Consultivo recoge un estudio comparado de las agencias u oficinas antifraude. Unas comunidades optan por adscribirlas a sus parlamentos y otras por situarlas bajo el amparo de un órgano de control existente. En el caso de Castilla y León este sería el Consejo de Cuentas, con experiencia en auditorías sobre contratación y en análisis de la eficacia del gasto y un balance de informes críticos sobre la efectividad de las partidas de la Junta para luchar contra la despoblación, de las subvenciones para los cursos de formación de parados, del multimillonario y dispar gasto en farmacia de los 14 hospitales regionales o de la falta de valoración del coste real de la formación universitaria. De esta última auditoría dio cuenta Mario Amilivia, su presidente, el jueves, en la Cortes.
El equipo de Francisco Igea opta por el primer modelo y el Consultivo apunta que aprovechar el Consejo de Cuentas evitaría «incurrir en gastos adicionales». Eso se ha hecho con el Tribunal de Recursos Contractuales, del que se encarga el propio Consejo Consultivo, o con el Comisionado para la Transparencia regional, adscrito al Procurador del Común.
Los juristas del Consultivo detectan, además, «confusión» entre conceptos –como fraude y conflicto de intereses– al definir conductas que pueden dar lugar a infracciones. Instan a hacer una «delimitación precisa» para «garantizar de manera adecuada los derechos de los afectados» y llegan a localizar una infracción, sobre el deber de confidencialidad, que puede ser a la vez grave y muy grave. También recomiendan un pulido pormenorizado de la redacción del texto para evitar situaciones inseguridad jurídica, catalogando en algunos casos de «alambicado» el estilo, lo que resta claridad a una norma legal. Son continuas las referencias a la «excesiva generalidad» y las invitaciones a afinar la «precisión».
El dictamen advierte a la Junta de que si la Oficina se adscribe a las Cortes es el parlamento autonómico el que debe desarrollar su reglamento de organización y funcionamiento. «Si el desarrollo correspondiera a la Junta, la independencia y autonomía que se predica de la oficina podría verse afectada», recalcan. También subrayan que el anteproyecto no prevé la situación administrativa en la que quedan los funcionarios que pasen a prestar servicio en la Oficina de Lucha contra el Fraude, lo que no ofrece «seguridad jurídica».
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