El Comisionado de la Transparencia tramita 76 reclamaciones contra la Junta por denegar información

Quintana tramitó en 2019 un total de 325 reclamaciones, de las que 76 tuvieron como responsable de esas denegaciones a uno de los consejeros de la Junta, con un primer semestre bajo Gobierno del PP de Juan Vicente Herrera y una segunda mitad del ejercicio con la coalición PP-Cs de Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea.

El 68% de los expedientes que llegan al comisionado tienen su origen en las negativas de ayuntamientos y diputaciones. Información sobre contratos de personal, de servicios y de obras; personal que recibe gratificaciones, actas de pleno o de eventos taurinos y facturas de lo gastado en festejos forman parte del abanico de asuntos sobre los que los ciudadanos demandan información. Y encuentran al otro lado gestores públicos que hacen oídos sordos.

Tomás Quintana reconoce el «esfuerzo cuantitativo» de las administraciones para ofrecer los datos que exige la ley, pero alerta sobre el olvido de lo «cualitativo», de ofrecer esos datos con claridad, acceso fácil y posibilidad de reutilización.

El comisionado de la Transparencia refleja en el documento que resume su gestión avances, por ejemplo, en el Portal Gobierno Abierto, de la Junta, y en el de la Universidad de Valladolid. En el caso de la Junta atribuye esas «mejoras» a la gestión de la Consejería de Transparencia que dirige el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. Cita expresamente el avance en contenidos sobre publicidad institucional, las relaciones de puestos de trabajo y la incorporación de la agenda de los altos cargos. También aprecia una mejora en la tramitación de solicitudes de información al coordinar las peticiones ese departamento.

Quintana llama la atención sobre la situación del ámbito municipal. Habla de una «doble realidad». Por un lado las diputaciones y los Ayuntamientos grandes y por otro los pequeños, «donde la observancia de la normativa (en transparencia y acceso a la información) es poco menos que un deseo inalcanzable». Pero incluso en diputaciones y consistorios de ciudades, el comisionado detecta fallos en la accesibilidad a la información para las personas con discapacidad y en el uso de formatos reutilizables al publicar los datos.

Tomás Quintana lamenta la falta de colaboración de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) para conocer «siquiera parcialmente» el grado de cumplimiento de los consistorios de menos de 5.000 habitantes.