Los abogados de Valladolid se suman al frente común contra el IVA para el turno de oficio

Bandera con el símbolo de la justicia gratuita colocada en la ventana de un juzgado de Segovia./
Bandera con el símbolo de la justicia gratuita colocada en la ventana de un juzgado de Segovia.

El Icava reclama la suspensión inmediata del impuesto a la justicia gratuita y advierte de que se pone en riesgo una estructura de defensa para personas sin recursos única en Europa

M. J. PASCUAL

El Colegio de Abogados de Valladolid (Icava) se suma a la demanda de la Abogacía Española que reclama al Gobierno la suspensión inmediata de la aplicación del IVA al Turno de Oficio. Para el Icava se trata de una decisión que «cuestiona» la justicia gratuita como garantía del derecho a la tutela judicial efectiva de las personas que carecen de recursos para litigar. «Este no es un servicio libre ni en su contratación ni en su precio, sino un servicio público de carácter social, sin elección de cliente, con baremos previamente fijados por cada una de las Administraciones competentes, encomendado con carácter obligatorio a la Abogacía institucional», advierten. Se ocupan de garantizar este servicio en España 43.000 abogados de oficio, 24 horas al día y 365 días al año.

La sentencia del Tribunal Europeo

La reclamación del Icava surge tras el cambio de criterio interpretativo, respecto al vigente desde 1986 que se basa en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto C-534/16, donde se cuestiona el sistema fiscal existente en Bélgica, basado en un régimen de naturaleza distinta al modelo público español y, por tanto, no aplicable a España. «Sin embargo, este nuevo criterio interpretativo se aplica ya en nuestro país  desde el pasado 26 de enero con una celeridad poco frecuente y obligando a los abogados a entregar una factura al beneficiario de la justicia gratuita, cuyo pago del IVA no efectuarán ni el beneficiario ni el abogado, sino las Administraciones públicas competentes, tal y como se ha visto obligada a aclarar la propia Agencia Tributaria», precisan.

Para el Icava este aumento del gasto en un 21% no solo «pone en riesgo» el sistema público vigente que garantiza el acceso a la justicia en España en condiciones de igualdad para todas las personas, sino también su «ejemplar» estructura organizativa. «Además, la medida no sólo aumenta profundamente la burocratización del servicio y el trabajo de quienes lo prestan, sino que supone un cargo extraordinario a las arcas de las Administraciones públicas de más de 50 millones de euros anuales, sin necesidad alguna y sin beneficio real para el ciudadano», explican.

En cuanto a los ciudadanos beneficiarios de este servicio, desde el Icava aseguran que «pueden estar tranquilos» porque la Abogacía «no les dejará nunca desasistidos». La Abogacía, subrayan, pondrá en marcha todos los recursos legales, sociales y políticos para que se respeten los derechos de los ciudadanos y de los abogados del turno de oficio. «Poniendo en peligro la prestación de la justicia gratuita afectamos la esencia de uno de los pilares del Estado de Derecho», sentencian.

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