¿Y si Castilla y León fuera un país de la OTAN? El gasto en Defensa sería la 'segunda consejería'

Las cifras que se barajan se escapan del contexto microeconómico en el que viven los ciudadanos. En un intento por 'aterrizarlas', y partiendo de la base de que las competencias en Defensa son única y exclusivamente competencia del Gobierno central, ¿qué ocurriría si Castilla y León fuera un país de la OTAN y tuviera que aplicar ese 5% del PIB a sus cuentas?

Partimos de una base. Las competencias en Sanidad, Educación y Servicios Sociales las asumen las comunidades autónomas. El Estado tiene las de Justicia o las de Defensa, pero además se hace cargo de pensiones, subsidios y las transferencias a las comunidades autónomas. España gasta un 1,5% de su PIB en Defensa actualmente. Si trasladamos esa cifra a Castilla y León, es como si la comunidad presupuestara 1.063 millones de euros. Eso la situaría como la cuarta consejería en gasto. Y tendría que alcanzar el 2,1%, es decir, 1.488 millones, para cumplir con su compromiso. Lo que supondría superar por un millón al departamento de servicios sociales y ser la tercera consejería.

Pero volvamos a la cuestión. ¿Y si hubiera que asumir un gasto del 5% del PIB en Defensa?

Pues el gasto militar se convertiría en la segunda consejería en gasto, solo superada por Sanidad. Si se toma como referencia el PIB de 2023, 70.876 millones de euros, y se pone en relación con el anteproyecto de presupuestos que presentó la Junta en 2024 y que no llegó a tramitarse en las Cortes, se iría a los 3.543 millones de euros. Cabría pensar que, en ese caso, las comunidades autónomas deberían recibir un dinero del Estado para sufragar parte del gasto en Defensa, claro. Pero medido en porcentaje del PIB, los 3.543 millones serían, en todo caso, la segunda mayor partida de gasto de todas las consejerías. Y seguramente no todos los ingresos para cubrir ese incremento vendrían del Estado.

Hoy en día, el presupuesto en Sanidad de la Junta de Castilla y León supone el 7% del Producto Interior Bruto de la comunidad, por encima de los cinco mil millones de euros. La Junta había previsto 5.006 millones para este 2025. Educación, que sería la tercera consejería con más gasto, y que incluye educación infantil, primaria, secundaria, FP y universidades, supone al año 2.842 millones de euros, un 4% del PIB. Y Familia e Igualdad de Oportunidades, que es la consejería que se ocupa de los servicios sociales, la atención a la dependencia o las residencias de mayores, se va a los 1.447 millones de euros. Es decir, un 2,04% del PIB.

Las tres consejerías «sociales», como se suele decir, agrupan el 61% del presupuesto. Son 9.296 millones de euros. Pero es que de esa cantidad el 46,6% se destina a los gastos de personal sanitario, docente y de servicios sociales: 4.337 millones de euros. Y otros 1.994 millones (21,4%) se dedican a «mantenimiento de hospitales y centros de salud, centros educativos públicos y residencias de la tercera edad, entre otros», especifica la presentación del anteproyecto presupuestario de la Junta.

En este juego numérico irreal pero ejemplificante, aunque se incrementaran los ingresos por una aportación extra del Estado para los gastos de Defensa -que no existe porque las comunidades autónomas no tienen competencias en la materia-, parece evidente que la Junta tendría que subir la recaudación vía impuestos. O bien detraer dinero de otras partidas para destinarlo a cubrir ese 5%. Y las candidatas son las consejerías 'sociales'. Por debajo de ellas, Agricultura tiene 659 millones de presupuesto, aparte de la Política Agraria Común (PAC, 924 millones). Y Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que incluye a los equipos contra los incendios forestales, por ejemplo, 594 millones.

Los 3.543 millones que supondrían ese 5% del PIB sería superior al gasto sumado de todas las demás consejerías y de las Cortes de Castilla y León. Esto es: Presidencia; Economía y Hacienda; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; Movilidad y Transformación Digital; Industria, Comercio y Empleo; Cultura, Turismo y Deportes y Cortes de Castilla y León. Todas ellas, en conjunto, suman 2.999 millones de euros.