Anticorrupción remite la investigación del Hospital de Burgos a la Fiscalía Superior de Castilla y León para que decida la competencia

La teniente fiscal de Anticorrupción, María Belén Suárez Pantin, tras estudiar la denuncia, ha dictado un decreto en el que se considera que esta Fiscalía especial no es competente para llevar a cabo la investigación de estos hechos y ha remitido la denuncia y el expediente con la documentación a la Fiscalía de Castilla y León, que dirige Lourdes Rodríguez Rey.

Fuentes de la Fiscalía Superior han confirmado a El Norte de Castilla que el expediente del HUBU, cuya denuncia, además de los grupos de la oposición, está firmada por la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos, ha entrado el pasado lunes 12 de agosto. La fiscal superior, Lourdes Rodríguez Rey, estudiará esta documentación para decidir sobre «el reparto» de la competencia. Solo en el caso de que existieran aforados implicados en esta investigación, el asunto se quedará en la Fiscalía del TSJ y solo excepcionalmente «y tendría que justificarse el motivo», el asunto sería asumido directamente por la fiscal superior. Un ejemplo es cuando una denuncia afecta a varias provincias. Pero es la Fiscalía de Valladolid la que tiene la mayor probabilidad de que «le toque» el asunto, al ser esta plaza donde tienen su sede todos los organismos del Gobierno autonómico implicados en el contrato del hospital burgalés.

En la denuncia devuelta por Anticorrupción, los firmantes exponen que en el año 2005 la Junta acordó construir un nuevo hospital en Burgos. Fue la Consejería de Sanidad la que inició el expediente administrativo para poner en marcha un concurso para la contratación de la concesión de la obra pública para la construcción y explotación del nuevo complejo hospitalario.

En el proceso de licitación, la oferta elegida inicialmente fue rechazada por temeraria y en los informes de valoración tampoco fue la mejor valorada. Sin embargo, tal valoración se modificó después de una revisión realizada por la Consejería de Hacienda y el proyecto se adjudicó a Nuevo Hospital de Burgos SA, una mercantil que había concurrido ya antes al concurso como una Unión Temporal de Empresas (UTE).

Las anomalías referidas detalladamente en el expediente puesto en manos de la Fiscalía comenzaron al poco tiempo. El hospital no se construyó en el lugar designado, la inversión fue modificada un 55% y, desde el principio, la adjudicataria modificó el proyecto y por ello, aducen los denunciantes, «se produjeron paralizaciones de las obras e importantes retrasos en el desarrollo sin que conste documentación alguna que los justifique». A pesar de que constan informes en la Administración contrarios a los modificados que estaba realizando la empresa adjudicataria, «no consta actuación alguna de la Administración dirigida a la concesionaria para reconducir el proyecto tal y como se había adjudicado».

Por el contrario, señala la denuncia, la Gerencia Regional de Salud autorizó una nueva redacción del proyecto y su elaboración se le encargó a la propia concesionaria. A pesar de ello, la construcción se fue dilatando «sin justificación alguna» y aunque se propuso la aplicación de penalizaciones por los retrasos, «nunca se impusieron y por parte de la Administración se fueron acordando las correspondientes prórrogas ampliando el plazo de entrega«.

Todo ello tuvo consecuencias económicas para las arcas regionales, puesto que el coste inicial del contrato del hospital se valoró en 1.100 millones de euros y terminó costando 1.650 millones de euros porque la Junta asumió la responsabilidad de los retrasos, a pesar de que existían informes que se los imputaban a la propia adjudicataria.

Antes de esta denuncia conjunta que ha vuelto a Castilla y León, allá por el mes de abril el entonces procurador de Ciudadanos y presidente de la comisión de investigación del HUBU, Manuel Mitadiel, presentaba la primera denuncia, esta en la Fiscalía de Valladolid, por unos modificados en la construcción del nuevo hospital. En ese escrito denunciaba lossupuestos sobrecostes que habría pagado la Junta a Eficanza, la concesionaria del hospital, unas cifras de más que estarían entre los 35,6 millones, sin IVA, y los 43 millones.

La denuncia se centra en el primer reequilibrio del proyecto inicial del complejo hospitalario burgalés, que se basa en un modelo concesional de colaboración público privada consistente en la construcción, equipamiento y explotación de los servicios no asistenciales. El denunciante tildó ese reequilibrio de «desastre para las arcas públicas», pues tanto el beneficio industrial como los gastos generales, en torno a 25 millones de euros, ya se habrían pagado en el conjunto de la obra. Producto de estos reequilibrios, que Mitadiel atribuyó a la improvisación y falta de previsión de la Junta, el coste del nuevo hospital burgalés, habría pasado de poco más de mil millones a cerca de 1.700.

Según Mitadiel declaró entonces, la falta de previsión de la Junta habría ocasionado «gravísimos perjuicios a las arcas públicas» y considera que el delito de supuesta malversación de fondos públicos no habría prescrito, al producirse ese reequilibrio en 2010 «que no se debería de haber pagado, puesto que ya se había pagado antes». Al parecer, los reequilibrios en el contrato se dieron en varias ocasiones. «Se produce el reequilibrio al variar en dos puntos el contrato inicial porque la Junta solicita que se modifique el proyecto y la empresa, a cambio, pide compensaciones, lo cierto en que en los siguientes reequilibrios, se cambió el criterio y Sanidad reconoció que era incorrecto«, explicó.

El entonces consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, tras conocer la iniciativa de Cs, señaló que «los sobrecostes» del proyecto a los que se refiere la oposición «están sobradamente justificados, pues cuando comenzó a construirse el hospital hubo que ampliar determinadas zonas y cambiar el equipamiento que fue proyectado en 2005 y que en 2011 estaba obsoleto y eso, lógicamente, tiene un coste. Pero eso pasa en todas las obras, pues aparecen nuevas necesidades y eso tiene mayor coste«. Aludió también a que el asunto del HUBU llegó hasta el Tribunal de Cuentas (el Grupo Socialista lo denunció en 2014) y se archivó.

Esta denuncia de Mitadiel ha sido remitida por la fiscal jefe de Valladolid, Soledad Martín Nájera, a la Fiscalía Anticorrupción, donde ya se estudiaba la otra denuncia que ha sido devuelta. Seguramente en septiembre estará también de regreso.