Paralizadas las comisiones de investigación en las Cortes de Castilla y León

El desarrollo de las comisiones de investigación en las Cortes está haciendo bueno el refrán taurino de tarde de expectación, tarde de decepción. Parálisis, hibernación, letargo, freno o vía muerta pueden ser expresiones que reflejan el estado actual que atraviesan las dos comisiones de investigación que echaron a andar en otoño en la Cámara tras 18 años de rechazo frontal del PP : una sobre el posible cobro de comisiones ilegales vinculado a las concesiones de parques eólicos y la otra sobre el Hospital de Burgos, el HUBU.

Han pasado casi tres meses desde la última reunión de los procuradores encargados de las pesquisas sobre la trama eólica, que han incorporado en el camino otros dos asuntos polémicos por la coincidencia de actores implicados en los tres: la compra del edificio de Arroyo de la Encomienda conocido como la Perla Negra y la adquisición de terrenos en Portillo para un futuro polígono industrial.

Fuentes cercanas al grupo popular, que ostenta la presidencia de las dos comisiones y es quien tiene capacidad para convocar estos órganos, han confirmado que a corto plazo no hay reuniones previstas. Ni por el asunto eólico ni por el hospital burgalés. En el primer caso el tono de la comisión, desde su nacimiento, ha sido mucho más bronco que en el segundo. Hay diferencias vertebrales.

Los tres asuntos de la primera salpican a responsables de la antigua consejería de Economía y Empleo, colaboradores directos del exconsejero Tomás Villanueva, y la labor de los procuradores discurre en paralelo a la que la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado vallisoletano que investigan esos asuntos. En el caso del hospital no hay jueces de por medio y la predisposición de la Junta y el PP a evaluar el modelo de gestión y no cerrar la puerta a posible rescate de la concesión han rebajado la conflictividad del asunto, más allá de la crítica política.

Pero independientemente de estas interpretaciones, lo que es un hecho constatado son los tres meses desde la última comisión eólica y la incorporación del ritmo de la comisión del HUBU al letargo de la primera. Una paralización que se produce cuando deben empezar a desfilar por las Cortes los altos cargos, funcionarios, profesionales, expertos y empresarios citados para comparecer ante los procuradores para explicar aspectos sobre lo investigado. En total, 97 personas.

Y un letargo que coincide en el calendario con la convocatoria de nuevas elecciones generales que aboca a los partidos a una campaña en busca del voto para el 26 de junio, lo que deja la vida política a las puertas del verano, periodo inhábil para labores parlamentarias, salvo que las Cortes autoricen a los procuradores a trabajar en las comisiones durante julio y agosto.

La paralización actual de estos órganos de control es un hecho constatable, el contexto está ahí y la mezcla de ambas cosas es interpretable. La oposición coincide en que el PP mantiene «bloqueadas» las comisiones, sobre todo la que aborda la trama eólica y los asuntos de Arroyo y Portillo, por «interés electoral». «Quien lo bloquea es personalmente Juan Vicente Herrera, porque el grupo popular no hace nada aquí sin que él decida. Hay indicios evidentes de que ha habido corrupción a raudales, con implicación de cargos de las consejerías de Economía y Empleo y Fomento y Medio Ambiente y cuesta creer que el presidente fuera ajeno a lo que pasaba», valora Javier Izquierdo, procurador del PSOE en la comisión eólica.

Todos los grupos de la oposición solicitaron el 17 de febrero la convocatoria urgente de la misma y una ampliación de comparecientes que incluía al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, cuya citación no solicitaron en el primer listado. El PP entendió ese paso como una «actitud de bloqueo» por una «rabieta fuera de plazo», en relación con la solicitud de que comparezca Herrera. Fuentes populares no descartan la convocatoria, pero tras sopesar la conveniencia de citar a ciudadanos a los que ya está empezando a llamar el juez «y con el añadido de la campaña electoral».

«Topamos con un Reglamento de las Cortes inoperante en este caso, en el que el investigado (la Junta) tiene capacidad de neutralizar a los investigadores (las Cortes)», resume Izquierdo, quien insta a Herrera a dar «una instrucción clara para desbloquear la comisión».

«La voluntad política de dejar pasar el tiempo es un gran error. No se pueden dejar morir de inanición unas comisiones de investigación que son de todas las Cortes y que no pueden depender de los intereses de un partido concreto, el PP en este caso», critica Pablo Fernández, portavoz de Podemos.

«Por desgracia ellos (por el PP) son capacs de bloquear absolutamente todo en estas Cortes. En este caso pueden salir informaciones que no les convienen en periodo electoral», lamenta Luis Fuentes, portavoz de Ciudadanos.

José Sarrión, de IU-Equo, promotor junto a Podemos de la investigación sobre el HUBU, destaca el «esfuerzo que ha hecho la oposición para permitir el avance de las comisiones» cuando el PP ha metido la segadora en las propuestas de comparecientes. «Nos hemos tragado el sapo de no votar en contra de una lista manifiestamente insuficiente y no entiendo por qué no se empieza a llamar a los comparecientes», resalta Sarrión, en víspera de visitar el HUBU por su cuenta.